¿Reducción del tamaño del Estado o recambio partidista de la burocracia?

La noticia corrió como pólvora entre los funcionarios públicos que querían saber si sus nombres constaban entre los 5.000 desvinculados por el Gobierno de Daniel Noboa, “basado en objetivos de eficiencia”, conforme anticipó la vocera de Carondelet, que, para tal anuncio, se presentó a las seis de la tarde del jueves 24 de julio, día y hora distintos al que suele hablar con los periodistas, que son los lunes, a las nueve de la mañana.

En la lista de despedidos se excluye a médicos, enfermeros, policías, militares y personas de los grupos vulnerables, se aseguró.

Un anuncio de este calado debía contar con detalles sobre el ahorro económico que representa para el fisco; la metodología a usarse para la fusión de los ministerios, los tiempos y los plazos para perfeccionarlo.

También sobre las posibilidades de trabajo en el sector privado para quienes pierden su puesto en el Estado, en un país en el que las cifras de desempleo son alarmantes, pues solo 3 de cada 10 tiene un empleo adecuado, y las condiciones sociales son difíciles.

Pero no hubo esos detalles porque, según se ha podido saber, la medida habría estado prevista para ser anunciada en otra fecha, pero se la anticipó para intentar evitar que los casos Progen y ATM  —convertidos en tsunamis tras el informe de la Contraloría, que habla de un perjuicio al Estado de más de USD 140 millones,— golpeen al Gobierno.

Para quien dude de que el anuncio fue improvisado, la respuesta de un ministro a diario El Universo cuando al consultarle sobre las fusiones respondió que “está a la espera de las instrucciones”, lo confirmaría.

Reducir, de un solo tajo, cinco mil puestos en la burocracia, es una decisión muy seria que podría redefinir el papel del Estado en la economía del país, y eso no es un tema menor.

Daniel Noboa lo hace porque tiene capital político y lo usa en una batalla en la que, con certeza, tendrá el apoyo de la gente llana que, alguna vez, habrá sido tratada de manera displicente en alguna dependencia pública.

Y no habrá logrado sacarse el coraje de encima por el recuerdo de que, tras hacer una larga cola hasta llegar a una ventanilla de servicios, al acceder a esta le dijeron que falta un papel y que regrese otro día; o que, justamente, la persona que se encarga de ese trámite “salió un ratito”.

De estos asuntos no hablan los dirigentes sindicales que están para defender a sus gremios y a las organizaciones que los han catapultado. Pero que, en su fuero interno, conocen sobre la conducta de funcionarios y empleados y también comprenden la situación del país, por lo que saben un Estado obeso no va más.

En el otro extremo, el respaldo de las cámaras de la producción a la medida está sustentada en su convicción de que achicar el tamaño del Estado es imprescindible, por lo que reducir de 20 a 14 los ministerios, y de nueve a tres las secretarías de Estado y desvincular a 5.000 funcionarios, no solo que coincide con su discurso de menor gasto fiscal, sino que así se alejan las posibilidades de más impuestos para su sector.

Cinco días después del anuncio, el debate sobre los despidos y las fusiones de los ministerios se ha instalado en el país, en medio de noticias dolorosas sobre otras matanzas y de un goteo incesante de nuevos anuncios oficiales, al punto de que el Gobierno parece controlar la agenda de los medios.

Aun así, gran parte de los ecuatorianos recién empieza a procesar si acaso se trata de una reducción del tamaño del Estado, o de una suerte de recambio de funcionarios, para sacar a quienes bloqueaban el trabajo en las entidades públicas, para reemplazarlos por afines a ADN.

La duda sobrevolaba el país, hasta que ha sido el propio presidente Daniel Noboa quien, en la sesión solemne por los 490 años de la fundación de Guayaquil, el 25 de julio, aclaró de lo que se trataba.

“Ayer hemos tomado una decisión muy dura; una decisión que, por años, la gente pedía, la gente clamaba y decía que era necesario sacar a la gente que no está comprometida con este país y dar la oportunidad a jóvenes, a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país con compromiso y con amor, y no boicotear la función del Ejecutivo y tampoco tratar de parar y trabar las acciones de las personas que sí quieren cambiar el país”.

¿Qué dirán aquellos que pensaban que sacar a 5.000 funcionarios era parte de un plan para reducir el tamaño del Estado?

¿Cuántos de todos los desvinculados serán reemplazados?

Hacer del Estado un botín político es una historia que al país le ha costado dolor y lágrimas.

Lo que el correísmo hizo con el IEES al pasar de 11.000 empleados en 2011, a 38.000, en 2018, es el reflejo del populismo siniestro y el origen del descalabro del Seguro. Y es solo una muestra.

Ojalá que el anuncio de ahora sea una política seria que sirva para modernizar el país, achicando el tamaño del Estado, y no un espejismo que se desvanezca al tratarse de un recambio partidista de la burocracia.