La cola interminable de personas en busca de un turno en un hospital del sur de Quito, la semana pasada, es la imagen más reciente del estado terminal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que ha caído en manos de mafias que lucran del dolor de la gente, ante la indolente negligencia de las autoridades.
Los testimonios de los afiliados son desgarradores: ancianos con enfermedades a cuestas, sometidos a madrugones para conseguir una medicina, que casi nunca obtienen; hombres y mujeres clamando atención, sin conseguirlo, y cientos que aguardan por una cirugía, sin lograr agendarla.
Una sociedad que condena a sus viejos y a los enfermos al olvido y al dolor, ha fracasado.
En el IESS se conjugan todos los vicios del servicio público: incuria, pillería, tráfico de influencias y una corrupción que atraviesa toda la institución, y está en boca de todos, pero no hay santo que la controle.
Expertos en narrar lo evidente, todos aluden a la crisis del IESS, pero se quedan en el diagnóstico, sin mencionar los correctivos para salvar a la institución.
La directora general subrogante del IESS dice, en Teleamazonas, que la situación del Fondo de Pensiones es tan grave que solo duraría entre cinco y siete años más, con lo cual más de medio millón de jubilados, que viven de sus pensiones, estarían condenados a la miseria.
La alerta de que los Fondos de Salud y Pensiones, estarían en estado de insolvencia, en cuatro y 10 años, respectivamente, fue dada por la Contraloría, en 2017, pero la politiquería y la corrupción han impedido la toma de decisiones.
Eso sí, en las campañas, los candidatos parecían expertos que tenían las soluciones. Pero, una vez en el poder, no saben cómo actuar.
O le mintieron a la gente, o son unos ineptos.
Resulta inaudito que el Presidente de la República no haya tomado acciones contundentes, luego de que su primer representante ante el Consejo Directivo, Jorge Madera, renunciara a los tres meses de asumido el cargo, y en su dimisión haya hablado de "presión de las mafias", y amenazas a su familia.
Y que su segundo delegado, Francisco Cepeda, se haya retirado tras ocho meses, y en su misiva hablara de corrupción y revelara que los vocales de los empleadores y de los trabajadores hicieron un frente común en su contra, por haber intentado renovarlos.
Quizá Lasso sea de los pocos que desconoce que los delegados de los empleadores y los trabajadores (entre principales y alternos) han movido todos los resortes institucionales para impedir ser legalmente reemplazados y perpetuarse, a pesar de que los períodos para los que fueron elegidos vencieron años atrás.
¿Qué intereses están detrás? ¿Cómo es posible que tres gobiernos (los de Correa, Moreno y Lasso) hayan terminado sometidos a estos personajes que destituyeron a un director general, y que, según el reconocido médico Carlos Figueroa tienen el control de los hospitales?
Por su culpa, los prestadores externos ya no atienden a los afiliados porque se les debe más de USD 1.000 millones, pero no hay auditores que hagan los informes, requisito para el pago, puesto que el concurso para escogerlos fue un fiasco, al no haberles dejado designar a dedo.
El Seguro está a un paso de una implosión, que causará un estallido social de impredecibles consecuencias, pero el Gobierno ni se inmuta.
En julio de 2021, Lasso anunció que crearía un Fondo que se capitalizaría con activos del Estado, para cubrir el déficit actuarial pero, un año después, no hay nada.
En abril pasado, anticipó la formación de una comisión de alto nivel para estudiar y proponer un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social; tampoco se ha concretado.
Ojalá que alguno de sus asesores no le esté mal aconsejando en los temas de la seguridad social. Sería el acabose.
Lo que sí ha hecho el Gobierno y hay que destacar es entregar varios aportes económicos, tras reconocer la deuda el Estado, que algunos expertos cifran en más de USD 8.500 millones.
La situación actual del IESS prueba lo que el populismo puede hacer con una entidad, cuyos recursos son usados como dinero propio, ante la indolencia de la Asamblea Nacional, incapaz de asumir su tarea de legislar y fiscalizar.
La historia de este Instituto, es de vergüenza.
Convertido en botín político, entre 2007 y 2018, el IESS pasó de tener 11.000 empleados, a 38.000.
Su uso político llegó al clímax cuando Rafael Correa nombró a Ramiro González como su delegado y éste lo convirtió en plataforma para fundar, en 2012, su partido Avanza. Se quedó cinco años.
"El IESS avanza", decían la propaganda, pagada con dinero de los afiliados. Hoy, está prófugo.
Correa también ordenó a sus subordinados del Seguro comprar bonos del Estado y financiar hidroeléctricas; mientras su Gobierno quitó el 40% del aporte del Estado al Fondo de Pensiones y, para rematar, los recursos del Fondo de Pensiones fueron pasados al Fondo de Salud.
Por si fuera poco, incorporar a la atención de salud a sectores que no cotizaban, sin escuchar a quienes advirtieron el desangre económico que esa decisión supondría, fue el golpe de gracia.
Estas y otras verdades no solo que hoy se callan, sino que están siendo reemplazadas por el relato de que Lasso está llevando al IESS a la quiebra, para privatizarlo.
Así, el Gobierno de Guillermo Lasso podría ser el sepulturero del Seguro Social porque, aunque sean las mafias las culpables, su inacción precipitaría la caída. Reaccione, Presidente.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
Lo último