¿Qué puede pasar con Aquiles Alvarez si no pide disculpas a legisladora Lucía Jaramillo, como ordena el TCE?

Tres escenarios enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, si mantiene la postura de no pedir disculpas públicas a la legisladora oficialista, Lucía Jaramillo, como dispuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La sentencia emitida por el juez Fernando Muñoz, el 6 de noviembre, es de primera instancia, por lo tanto, la multa de USD 9.600 y las disculpas públicas, aún no se deben ejecutar. Alvarez tiene la posibilidad de ingresar recursos horizontales.

Es decir, una vez notificado, la defensa del Alcalde primero podrá pedir aclaración y ampliación. Luego, podría apelar la sentencia de Muñoz para que el caso escale al Pleno del TCE y, con el voto de todos los jueces, que se emita la sentencia de segunda y definitiva instancia.

Jaramillo denunció a Alvarez por supuesta violencia política de género. El alcalde la calificó como "niña vaga", a raíz del inicio de una investigación por supuesto tráfico de combustibles en la Asamblea.

El juez Muñoz le dio la razón, en parte, ya que la asambleísta Jaramillo también pretendía la destitución y la pérdida de los derechos políticos del alcalde del correísmo.

Consecuencias

"Prefiero que me destituyan", escribió este 7 de noviembre el alcalde Aquiles Alvarez, al asegurar que no pedirá disculpas por decir, lo que él considera, es una verdad.

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Esta podría ser una de las consecuencias del desacato, si la sentencia de primera instancia es ratificada por el Pleno del TCE.

Una fuente del organismo electoral dijo a PRIMICIAS que el incumplimiento de sentencia constituye una infracción electoral que es sancionada con multa, suspensión de derechos y, por tanto, destitución.

Para esto, se debería abrir un nuevo proceso contencioso electoral, en el eventual y tercer escenario de que el alcalde Alvarez se ratifique y no pida las disculpas a Jaramillo. 

El abogado Esteban Ron, especialistas en temas electorales, señaló que también se podría presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado por incumplir la decisión u orden legítima de autoridad competente.

"Inclusive podría reclamarse una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional, aunque esa la veo como una posibilidad exagerada". 

Esteban Ron, abogado