CAL frena reforma sobre consentimiento sexual impulsada por Santiago Díaz, asambleísta acusado de violación
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la polémica propuesta para reducir la edad de consentimiento sexual. Según asambleístas, esta iniciativa impulsada por Santiago Díaz Asque representaba "un conflicto de intereses" y carecía de "legitimidad y ética".

El asambleísta Santiago Díaz, en la sesión del Pleno del 30 de mayo de 2025, en Quito.
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Asamblea Nacional
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EFE/Redacción Primicias
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea no calificó este 16 de julio de 2025 el proyecto de reforma al Código Penal con el que el asambleísta Santiago Díaz, denunciado recientemente por la presunta violación a una niña de 12 años, buscaba bajar la edad del consentimiento sexual a 14 años.
La decisión fue tomada con base en un informe técnico jurídico no vinculante que emitió la Unidad de Técnica Legislativa del Parlamento, que consideró que en el proyecto había posibles vicios de inconstitucionalidad, "al generar un retroceso en los derechos humanos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes", según señaló la Asamblea en un comunicado.
Díaz fue expulsado el pasado martes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), después de que ese día se hiciera pública en redes sociales la denuncia en su contra.
Al día siguiente también se conoció que, cinco días antes, Díaz había presentado ante el Legislativo una reforma al artículo 175 del Código Penal ecuatoriano con la que buscaba que la edad del consentimiento sexual baje de 18 a 14 años.
Este miércoles, durante la sesión en la que CAL conoció la propuesta, la legisladora oficialista Mishel Mancheno aseguró que la modificación al código penal sobre la edad de consentimiento sexual propuesta por Díaz configuraba "un conflicto de intereses" y que restaba "legitimidad y ética a la iniciativa".
"Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave, que pretende usar a la Asamblea Nacional para evadir sus responsabilidades", afirmó Mancheno.
La semana pasada la Fiscalía inició una investigación por el presunto delito de violación y realizó tres allanamientos en Quito, la capital del país, en los que la Policía confiscó documentos y dispositivos electrónicos, incluidos ocho teléfonos móviles, con el objetivo de recabar indicios.
El domingo el Gobierno también anunció que ofrecía una recompensa de USD 100.000 a quien proporcione información veraz y verificable sobre el paradero de Díaz, ya que, según dijo el ministro del Interior, John Reimberg, conocían que estaba "tratando de salir del país por todos los medios".
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