¿Se puede perder el año por reprobar los estudios de Educación Financiera aprobados por la Asamblea?

La aprobación de la Ley de Educación Financiera en la Asamblea Nacional ha generado una serie de inquietudes que van desde el cómo se aplicará la norma en escuelas, colegios y universidades, así como su alcance a la hora de evaluar el aprendizaje.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, calificó como una "deuda histórica saldada", especialmente para los jóvenes, la aprobación de la normativa que fue impulsada desde su bancada, Acción Democrática Nacional (ADN).

El objetivo de la ley -que aún debe pasar por el filtro del presidente Daniel Noboa- es promover una cultura financiera para la gestión responsable de recursos, fomento del ahorro, inversión y prevención del sobreendeudamiento entre los ciudadanos.

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La idea no es del todo nueva, porque en enero de 2024 el Ministerio de Educación y entidades encargadas de la educación superior firmaron un acuerdo para implementar la "Estrategia Nacional de Educación Financiera".

Lo aprobado por la Asamblea busca fortalecer e institucionalizar dicha iniciativa, para que sea aplicada en todos los niveles de educación inicial, media y bachillerato, así como en las universidades.

Muchos establecimientos educativos del sector privado ya vienen implementando la educación financiera en sus pensum académicos.

¿Se crea una nueva materia?

Una vez que sea publicada en el Registro Oficial, el Ministerio de Educación, los organismo que dirigen a las universidades y la Junta de Regulación Monetaria tendrán un año para elaborar la estrategia de aplicación de la norma en el sistema educativo. 

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La presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea, Cecilia Baltazar, explicó el 16 de abril que no se trata de la creación de una nueva material. La educación financiera será un componente más de cátedras ya establecidas. 

"Por ejemplo, hay una materia que se da en los colegios que es la de emprendimiento. En esa se puede incorporar perfectamente qué es el ahorro, qué es la inversión y cómo cuidar los recursos económicos".

Cecilia Baltazar, asambleísta independiente

No sería la única materia que serviría de vehículo para hablar del tema. Los legisladores están pensando que todo lo que tiene que ver con números, como Matemáticas o las clases de computación pueden ayudar para incluir conceptos de educación financiera. 

Eso implicará que los profesores que dictan esas materias se deberán capacitar en fraudes financieros, estafas electrónicas, uso de plataformas bancarias, inversiones, cultura de ahorro, y uso de la Inteligencia Artificial (IA), entre otras temáticas que incluye la ley.

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¿Quién capacitará a los maestros en estas áreas? La asambleísta Cecilia Baltazar aseguró que ese trabajo quedará en manos del Ministerio de Educación, que habría tenido una participación activa en la construcción de la norma.

Calificaciones y evaluación

La normativa prevé que las nociones de educación financiera serán inculcadas a los estudiantes de forma progresiva desde las etapas iniciales hasta llegar a los universitarios, que se ubican como uno de los grupos más vulnerables a fraudes financieros y estafas.

Sin embargo, al no ser una materia individual, sino que estará atada a otras que son parte de la malla curricular vigente, no será evaluada por separado con una nota.

"Nadie debe perder el año por la educación financiera. Más bien, lo que queremos es que los niños, jóvenes y todos los ciudadanos del país tengan un proceso de formación para lograr que existan una buena administración de recursos", aseguró Baltazar.

Rendición de cuentas periódica

Otro componente de esta ley tiene que ver con la educación no formal para personas que no están escolarizadas, especialmente adultos mayores, habitantes de comunidades en la ruralidad y emprendedores.  

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La normativa exige a entidades públicas como la Junta de Regulación Monetaria y bancos, cooperativas, empresas de seguros a implementar espacios de capacitación.

Las entidades bancarias tendrán que reportar periódicamente el número de usuarios del sistema financiero que han sido instruidos en educación financiera. 

Esa información deberá ser entregada a los organismo de control del sector financiero, pero también a la Asamblea Nacional que, en el caso de la educación en escuelas, colegios y universidades, hará una evaluación tres años después de la puesta en vigencia de la norma.