Reforma para endurecer penas a adolescentes gana adeptos en la Asamblea, pero no en ley económico urgente

La incorporación de reformas al Código Penal y, especialmente, al de la Niñez y Adolescencia en una ley urgente en materia económica se ha convertido en el centro de críticas al oficialismo que está buscando apoyo mayoritario a la Ley de Integridad Pública en la Asamblea.

El primer debate, celebrado el 16 de junio, ratificó la intención de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) de incluir la disposición de que los menores de edad, que participen en delitos graves, sean procesados y reciban penas como adultos.

Para la Revolución Ciudadana (RC) este 'aporte' agregado al proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa, el 27 de mayo, genera "ilegalidades" que pueden ser observadas por la Corte Constitucional (CC). 

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El oficialismo se defiende y asegura que no se está rompiendo ni la unidad de materia, que es un requisito para las leyes económicas urgentes, ni la constitucionalidad de la norma.

Debatir sí, pero en otro espacio

La propuesta de reforma plantea que los menores de edad que cometan "delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años, serán jugados y se impondrá una medida de internamiento institucional con la misma duración de las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (para adultos)".

Y añade que "no se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad distintas al internamiento institucional, y no podrá cambiarse su régimen de ejecución al semi abierto o abierto".

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Entre los legisladores consultados por PRIMICIAS existe la predisposición a debatir el tema ante la crítica situación de violencia que enfrenta el país, de la que son parte muchos adolescentes reclutados por las bandas criminales.

Dina Farinango, legisladora electa por Pachakutik, dijo este 17 de junio que podría estar de acuerdo con la revisión de penas, siempre y cuando, a la par se planté una política de rehabilitación integral y financiada.

"Gran parte de la ciudadanía apoya esta propuesta de endurecer las penas, pero existe un vacío legal porque no se aborda la rehabilitación"

Dina Farinango, asambleísta de Pachakutik

Farinango, que es parte una de las facciones de Pachakutik en la Asamblea e integra la Comisión de la Niñez, cree que lo mejor sería sacar este punto de la Ley de Integridad Pública y tratarlo en otros espacios con mayor profundidad.

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En la misma línea se pronunció Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PCS), grupo político que apoya un endurecimiento de penas para este segmento poblacional, pero sin descuidar la obligación estatal de rehabilitar a los infractores.

Tanto Pachakutik como el PSC consideran que cualquier cambio de este tipo debe ser abordado como una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y no en una ley urgente que tiene tiempos mínimos para el debate.

Correísmo con posturas diversas

En la Revolución Ciudadana (RC) están quienes creen que el tema se debe discutir y aquellos que miran a los adolescentes infractores como víctimas del sistema.

En el primer grupo se ubica Raúl Chávez que pidió que este punto sea tratado o por la mesa de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, donde el correísmo es mayoría, o por la Comisión de Justicia, donde hay predominio oficialista.

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"Hay que hablarlo, hay que conversarlo, pero de manera seria. Solo estamos hablando de la pena, pero nada de la rehabilitación social", señaló Chávez en el debate del 16 de junio.

La exmilitante de Pachakutik y ahora parte de la RC, Mireya Pazmiño, dijo que pretender combatir la inseguridad endureciendo las penas para los "más débiles" no es el camino y que se debe atacar a los cabecillas de los grupos delictivos.

¿Cómo salvar el consenso?

En el oficialismo no descartan encontrar en el informe para segundo debate de la ley económico urgente un punto intermedio. Es decir, endurecer las penas para los adolescentes infractores, sin que estas lleguen a ser las mismas que se aplican a los adultos.

Nathaly Farinango, legisladora de ADN, recordó que hay que adecuar las sanciones a menores de edad con lo establecido en las convenciones internacionales de las que Ecuador es adherente.

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El oficialismo, sin embargo, insiste que esta reforma sea incluida en la Ley de Integridad Pública y que otros temas como el sistema de rehabilitación y su financiamiento se aborden a futuro en otras reformas.

Fiscales y abogados, en la mira

El endurecimiento de penas para menores infractores no es lo único que se incluyó en la propuesta. Una reforma al COIP incluye en el delito de prevaricato, que actualmente aplica para los jueces, a los fiscales e incluso a los abogados en libre ejercicio.

Para los jueces y fiscales que sea condenados por este delito se plantean penas que van de los 10 a los 13 años. En tanto que, los abogados que sean sentenciados por prevaricato podrían ir a prisión por uno a tres años.

En ambos casos "las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán inhabilitadas o inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado", señala el proyecto.