Mario Godoy, el cuarto presidente del Consejo de la Judicatura llamado a rendir cuentas en la Asamblea
En la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, hay dos iniciativas para investigar las supuestas presiones a un juez anticorrupción para beneficiar a un narcotraficante desde el círculo cercano a Mario Godoy.
Mario Godoy estuvo el 24 de septiembre de 2025 en la Asamblea para ser posesionado por la vicepresidenta, Mishel Mancheno.
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El pleno de la Asamblea Nacional inaugura este año recibiendo en comparecencia al cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, el lunes 5 de enero de 2026.
Godoy deberá explicar su rol en la denuncia que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, de supuestas presiones de parte de un funcionario de esa entidad, cercano al presidente del Consejo de la Judicatura, para beneficiar a un narcotraficante serbio.
Con esto, Godoy se convierte en el cuarto presidente del inestable CJ que en los últimos seis años debe rendir cuentas a los asambleístas por sus actuaciones, algo que podría terminar en un juicio político.
Para preparar su defensa ante la Asamblea, Godoy pidió una licencia que abarcó del 30 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026. Advirtió que acudirá con “información contundente” y anticipó que su intervención “va a sacudir un poco el avispero”.
Todo apunta a que irá contra el correísmo, lo que puso a 'frotarse las manos' a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), pese a que ambas organizaciones políticas coadyuvaron para la llegada de Godoy a la presidencia del Consejo, con sus influencias en el Consejo de Participación Ciudadana.
Este ha sido el transitar de los presidentes de la Judicatura y otros funcionarios de Justicia de alto rango por la Asamblea:
Juicio político en ausencia
En agosto de 2022, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó llamar a juicio a María del Carmen Maldonado y los demás miembros del Consejo de la Judicatura, por un supuesto incumplimiento de funciones.
Ese legislativo estaba dominado por la alianza entre Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) que cuestionaban el rol de los vocales en la evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como en la selección de fiscales provinciales.
Para esas fechas, Maldonado ya no se desempeñaba como presidenta del organismo, cargo al que renunció seis meses antes, en febrero de 2022, por discrepancias con una decisión de la Corte Constitucional (CC).
“La señora presidenta renuncia porque ya no puede suspender jueces. Que no piense que se va a salvar del juicio político”, decía entonces el legislador correísta Fausto Jarrín, que ahora es parte del gobierno de Daniel Noboa y, presumiblemente, cercano a Mario Godoy.
Sin embargo, Maldonado no compareció de forma presencial ante el pleno el día que debía defenderse en el juicio político, y en su lugar pidió que se lean las respuestas escritas a la acusación.
El 1 de septiembre de 2022 y con 87 votos, correístas y socialcristianos no lograron el apoyo para la censura y el caso quedó archivado.
"La narcopolítica pretende infiltrarse en la Judicatura"
La mira de correístas y socialcristianos se puso nuevamente sobre un presidente el Consejo de la Judicatura: Fausto Murillo.
El entonces legislador del PSC, Carlos Vera Mora, lo acusaba de tráfico de influencias, no entregar el Palacio de Justicia de Portoviejo e incumplir con la homologación salarial en la Judicatura, entre otros temas.
El 28 de febrero de 2024, Murillo acudió ante el pleno y dijo que no existen causales para que le acusen de incumplimiento de funciones. Ratificó que es víctima de una persecución y dijo que de ser destituido su reemplazo sería Elcy Celi, a quien identificó como cercana al Partido Social Cristiano (PSC).
Relacionó el juicio político con actores interesados en controlar el Consejo de la Judicatura por la cercanía a la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
"Los intereses de la mafia narcopolítica pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura", aseguró Murillo.
Fueron 102 los asambleístas que votaron a favor de la moción de censura y destitución de Fausto Murillo. A la bancada correísta y socialcristiana se unió la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y hasta algunos independientes.
Un 'diablo' en el pleno de la Asamblea
Uno de los casos más mediáticos de un presidente del CJ se produjo con la comparecencia de Wilman Terán ante el pleno de la Asamblea para defenderse en un juicio político planteado por el movimiento Construye.
Terán, conocido con el alias de 'El Diablo' dentro del caso Metástasis, estuvo en el Palacio Legislativo el 18 de julio de 2024. El entonces legislador, Jorge Peñafiel, lo acusó de incumplir funciones por la suspensión del juez Walter Macías e irregularidades en el concurso para seleccionar nuevos jueces.
Durante su defensa, Terán cuestionó que se lo identifique como 'El Diablo' en uno de los chats del caso Metástasis, que tienen que ver con conversaciones del extinto narcotraficante Leandro Norero.
"A mí me da gracia, ¿a ustedes no les da chiste? Me suena gracioso. No sé por dónde me ven diablo, tal vez tengo orejas grandes, tal vez nariz puntiaguda, ¿colmillos como el que me interpeló?", dijo.
Uno de los puntos claves, que marcó su 'salvación' en el juicio político, especialmente en filas correístas, fue la presentación de sus supuestos chats con la entonces fiscal del Estado, Diana Salazar.
Incluso, dijo que se arrepiente de haberse dejado influenciar por “emisarios” y que, al ver lo que sucede en su caso, donde supuestamente la Fiscalía no le permitió defenderse, lo mismo pudo suceder en el caso Sobornos, en donde Terán fue uno de los jueces que sentenció a Rafael Correa.
La abstención de 47 asambleístas del correísmo fue clave para salvar a Terán de la censura, pese a que el resto de bancadas votaron a favor y así se alcanzaron 88 votos de los 92 necesarios.
Un escándalo, dos bajas
Pero las polémicas no solo han perseguido a los presidentes de la Judicatura. Remontándose en el tiempo, en febrero de 2018 saltó a la luz un audio en el que el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, se comunicaba con el excontralor prófugo, Carlos Pólit.
El eje central de la comunicación era construir un plan para sacarse del camino a Carlos Baca Mancheno, que en esa fecha ejercía como fiscal del Estado, montándole un supuesto examen especial de la Contraloría en su contra.
"Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable, no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo (…) tenemos que bajarle, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año", se escuchaba decir a Serrano, que era tratado como "compadre lindo" del lado de Pólit.
A la luz de estas grabaciones, José Serrano, que permanece detenido en Estados Unidos, fue removido como presidente de la Asamblea Nacional con 103 votos.
Posteriormente, Baca Mancheno fue llevado a juicio político y en una maratónica jornada de más de 11 horas, 128 asambleístas decidieron votar por la censura y destitución.
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