Fiscales cercanos al poder: Eventual postulación de José De la Gasca revive los casos de Galo Chiriboga y Carlos Baca

"No le tengo miedo al desafío", dijo José de la Gasca al ser consultado si buscará ser Fiscal General del Estado. El abogado guayaquileño fue ministro de Gobierno en la administración de Daniel Noboa durante ocho meses. Antes fue su embajador ante la ONU.

En los juzgados del país y en los pasillos de la propia Fiscalía, desde mayo de 2025 cuando renunció Diana Salazar, no se descarta una postulación del exfuncionario en el concurso que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para elegir al nuevo Fiscal General.

Si eso se concretara, De la Gasca pasaría directamente del Gobierno al despacho del Fiscal General que tiene a su cargo los eventuales casos penales que pudieran involucrar a Mandatarios y sus ministros.

Esta situación, sin embargo, no es nueva en Ecuador: ya ocurrió dos veces en los últimos años.

De Carondelet al Ministerio Público

A inicios de 2011, el CPCCS organizó el primer concurso de selección de Fiscal General. Antes este cargo era elegido por el Congreso Nacional (ahora Asamblea), pero, en 2008, la Asamblea Constituyente de mayoría correísta creó el Consejo de Participación para este y otros nombramientos clave.

Uno de los 26 postulantes para ese concurso fue Galo Chiriboga Zambrano, quien había sido ministro de Minas y Petróleos en el Gobierno de Rafael Correa, que se mantenía en funciones. Al momento de la postulación era su embajador en España.

Incluso, Chiriboga postuló y rindió las pruebas del concurso de méritos y oposición antes de renunciar a la Embajada. El viernes 15 de julio de 2011, cuando era prácticamente un hecho que sería nombrado, Chiriboga anunció que el lunes siguiente renunciaría.

Al día siguiente, el 16 de julio, el CPCCS —con cuatro votos a favor y tres abstenciones— designó a Chiriboga como Fiscal General. Y, tal como lo había anunciado, el lunes 18, Chiriboga renunció. Finalmente, la Asamblea —de mayoría correísta— lo posesionó el 19 de julio.

Chiriboga estuvo en el cargo hasta mayo de 2017. En esos seis años fue criticado por su falta de independencia respecto al Gobierno de Correa. Por ejemplo, en su administración, no avanzaron los casos de corrupción relacionados con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht o la venta de petróleo ecuatoriano, que años después ya han sido judicializados y terminaron con las sentencias del propio Correa y Jorge Glas.

Con el fin del período de Chiriboga cerca, en diciembre de 2016, el CPCCS —que también era criticado por su cercanía al correísmo— convocó al concurso para elegir a su reemplazo. La postulaciones se recibieron del 30 de diciembre al 13 de enero de 2017.

Dos días antes de que finalizara el plazo, Carlos Baca Mancheno renunció a su cargo como consejero de Gobierno del expresidente Correa y se postuló para ser Fiscal General.

Baca había estado en ese cargo desde junio de 2014. Antes había trabajado en la Asamblea Nacional (bloque correísta), en los ministerios de la Política, Interior e Inclusión. Y fue el representante de Correa en la Comisión que investigó la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Al igual que en el caso de Chiriboga, en medio de críticas por falta de independencia, Baca ganó con 94 puntos de 100 posibles. Y el 11 de mayo de 2017 fue posesionado como Fiscal General por la Asamblea Nacional, también de mayoría correísta.

Baca estuvo en el cargo solo 11 meses. En abril de 2018, en medio de la ruptura entre Rafael Correa y Lenón Moreno, la Asamblea Nacional lo cesó. Por esas semanas, Baca había difundido el audio de una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y José Serrano, entonces presidente de la Asamblea. Ambos hablaron de "bajarse al Fiscal".

Por ese escándalo, Baca terminó cesado y Serrano perdió la Presidencia de la Asamblea. En la Fiscalía hubo meses de  inestabilidad. Gen Rhea, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios alternaron en el cargo, hasta abril de 2019, cuando fue posesionada Diana Salazar.

Aunque Salazar era funcionaria de carrera del Ministerio Público, cuando postuló para Fiscal General era funcionaria del Gobierno de Lenín Moreno. Por designación del exmandatario dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y renunció un día antes de su posesión como Fiscal.

Falta poco para la convocatoria

El nuevo Fiscal General debió ser nombrado hasta abril de 2025, cuando terminó el período de Diana Salazar. Sin embargo, el CPCCS —envuelto en sus propios líos políticos y de conformación— no concretó ese proceso.

El primer problema fue la aprobación del reglamento. En septiembre de 2024, en ese con una importante influencia correísta, aprobó un reglamento para el concurso, que fue criticado por algunos requisitos para los postulantes.

Finalmente, en junio de 2025 —luego de la destitución de los consejeros de la llamada 'Liga Azul' (correísmo)— el reglamento se reformó y el proceso de selección se inició formalmente. Se incluyeron cambios propuestos por gremios de abogados.

En medio de las reformas del reglamento, el CPCCS ya conformó la veeduría ciudadana. Inicialmente, se acreditaron 524 veedores, pero el 18 de junio de 2025, el Pleno de Participación Ciudadana abrió la posibilidad de que se unan más personas.

Además, el jueves 31 de julio de 2025, culmina la fase de postulación para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de llevar adelante el proceso de méritos y oposición. La integran representantes de las Funciones del Estado, pero también cinco representantes ciudadanos. 

Una vez que la Comisión esté conformada, que se espera que sea hasta octubre de 2025, el CPCCS deberá emitir oficialmente la convocatoria y empezarán las postulaciones para designar al nuevo Fiscal General, quien reemplazará a Wilson Toainga. Se espera que el nombramiento se concrete hasta finales de año o, máximo, hasta febrero de 2026.

Primeros señalamientos por falta de transparencia

Pese a que el concurso está apenas en sus etapas iniciales, la Veeduría Ciudadana —conformada por el propio CPCCS— ya emitió su primera alerta "por falta de transparencia y ausencia de respuesta del equipo técnico y el Pleno del CPCCS".

Hugo Arteaga, coordinador de la Veeduría, informó que ha enviado dos oficios al Consejo de Participación Ciudadana solicitando:

• Inducción sobre la fase de admisibilidad y el cronograma de actividades del proceso.
  
• La conformación de una mesa de trabajo y coordinación continua con la Veeduría, que incluya acceso a información y documentación oficial.
• Asignación de un espacio físico para el funcionamiento de la Veeduría y acceso a la plataforma virtual institucional.

Sin embargo, el CPCCS no ha dado ninguna respuesta a estos requerimientos, lo que, según sus miembros, "vulnera directamente los principios constitucionales y legales de transparencia".