El excontralor Carlos Pólit presentó tres mociones previas a su juicio en Estados Unidos. El exfuncionario solicitó la desestimación del caso.
Ya sobre el final del plazo, el excontralor Carlos Pólit presentó tres mociones previas al juicio por lavado de activos, que se le sigue en Miami, Estados Unidos.
Las mociones fueron presentadas por la defensa de Pólit el 9 de diciembre de 2022, y el juicio está previsto para el 22 de mayo de 2023.
La segunda moción es la que ha causado más revuelo, porque se refiere a una supuesta 'venganza' del exfiscal Carlos Baca Mancheno contra Pólit.
Lo anterior, teniendo como telón de fondo el presunto golpe de Estado contra el entonces presidente Rafael Correa, en 2010.
Pólit solicitó la desestimación de los cinco primeros cargos presentados en su contra, por una supuesta violación al estatuto de limitaciones.
El estatuto establece el máximo de tiempo que tienen las partes en una disputa legal para iniciar procedimientos. La norma establece un máximo de cinco años.
La defensa de Pólit alega que cinco de los seis cargos se configuraron antes de ese plazo y pide la desestimación de los mismos.
Como respaldo de esta moción, Pólit y sus abogados hicieron un relato de los orígenes de los casos de corrupción en su contra.
Se declara perseguido
Según Pólit todo se trata de una persecución por un informe de la Contraloría que él aprobó. Este informe se relaciona con los hechos del 30 de septiembre de 2010, en el caso conocido como 30-S.
Ese día, en Ecuador, hubo una protesta de tropas policiales y militares. El entonces presidente Rafael Correa acudió al Hospital de la Policía para hablar con los manifestantes.
Pero luego de una serie de eventos confusos, Correa pasó varias horas en el Hospital de la Policía, hasta que fue rescatado por una patrulla militar.
El expresidente Rafael Correa es protegido del gas lacrimógeno, el jueves 30 de septiembre de 2010, durante una protesta de efectivos policiales. José Jácome / EFE
Pólit asegura que cuando era Contralor aprobó un informe que detalla que "varios funcionarios ecuatorianos se habían involucrado en actos de corrupción".
Y que a la cabeza de esa red estaba Carlos Baca Mancheno, quien luego fue nombrado Fiscal General del Estado.
Le echa la culpa a Baca Mancheno
En su relato ante la Corte de Florida, a través de sus abogados, Pólit recordó que Correa y sus coidearios intentaron posicionar al 30-S como un intento de golpe de Estado y que "lo usaron como excusa" para crear una comisión investigadora.
Esa comisión la dirigió Baca Mancheno y la completaban Diego Guzmán y Oscar Bonilla.
Polit dice que descubrió que "Baca Mancheno había utilizado la comisión para enriquecerse, junto con sus asociados, en violación de la ley ecuatoriana".
Pero, el problema, según Pólit fue que tuvo denunciar la mala conducta de Baca Mancheno al mismo Baca Mancheno, quien ya era Fiscal General interino de Ecuador
"Como era de esperar, Baca Mancheno optó por no presentar cargos penales contra él y sus aliados políticos".
En cambio, "se embarcó en una campaña para desacreditar y destruir al Sr. Pólit como venganza por exponer su corrupción", se lee en la moción presentada por los abogados del excontralor.
Según Pólit, varios días después de que presentó en la Fiscalía el informe de la Contraloría sobre el 30-S, Baca Mancheno empezó a investigarlo por, supuestamente, haber recibido dinero de la contratista brasileña Odebrecht en una trama de sobornos.
Y esa indagación terminó con la sentencia contra Pólit en Ecuador.
La existencia del informe de Contraloría sobre el 30-S ha sido cuestionada. En febrero de 2018, José Serrano, expresidente de la Asamblea, entregó el supuesto documento original a la Fiscalía.
Además, en una entrevista con la cadena CNN, Carlos Pólit dijo que el informe era real, y que él también tenía copias. Aunque negó que se lo hubiera entregado a Serrano.
Sin embargo, dos días después de que Serrano llevara ese documento a la Fiscalía, Pablo Celi, entonces contralor General, dijo que ese documento no constaba "en ningún nivel de archivo de la Contraloría".
Las otras mociones
Con la primera moción presentada ante la justicia estadounidense, Pólit busca desestimar el caso por fallas en la acusación contra él y en el trabajo del jurado.
Pólit solicitó al Tribunal autorización para acceder y revisar las transcripciones del jurado, del testimonio relevante del caso y de las instrucciones legales que recibió el jurado.
O, como alternativa, que la misma Corte lleve a cabo una revisión en cámara de las transcripciones.
Pólit, también, pidió una audiencia probatoria y un argumento oral sobre esta moción.
Howard Srebnick, abogado principal del excontralor, dijo que consultó previamente sobre esta moción a la Fiscalía de Estados Unidos, que se opone a la misma.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DHS), Pólit presuntamente participó "en un esquema para usar el sistema financiero (de ese país) para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador".
No sabe de qué lo acusan
Según el documento presentado por Pólit y su defensa, la acusación tiene un error porque no identifica elementos que evidencien que Pólit hubiese recibido sobornos o malversado fondos públicos.
La defensa de Pólit añade que, en este caso, la acusación alega que la "actividad ilícita" fue un delito contra Ecuador. Pero la acusación no identificaría la ley ecuatoriana que presuntamente fue violada.
Por lo que, si no se conoce el presunto delito cometido contra Ecuador, que constituye la actividad ilícita, Pólit no está adecuadamente informado de las acusaciones en su contra.
Además, dice la moción, debido a esta omisión, no está claro si el jurado del caso recibió instrucciones legales y encontró causa probable, en cuanto a todos los elementos de los delitos imputados.
En concreto, para los abogados, "la acusación viola los derechos de Pólit establecidos en la Quinta y Sexta enmiendas" de la Constitución de Estados Unidos "porque no alega todos los elementos esenciales de los delitos imputados" y, por tanto, Pólit debe ser sobreseído.
En otra moción, en cambio, Pólit solicitó la supresión de todas las pruebas obtenidas directa o indirectamente como resultado de una orden de allanamiento a su cuenta de correo electrónico personal.
Este pedido se basa en que la orden de allanamiento permitió a los agentes revisar los correos en un lapso de ocho años, lo que para la defensa del excontralor les otorgó una discrecionalidad sin estándares, lo que significa una violación de los derechos de Pólit.
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