La reorganización de la justicia -impulsada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio- alteró uno de los capítulos emblemáticos del correísmo.
En 13 días se cumplirán 10 años desde que Ecuador vivió el 30-S. El 30 de septiembre de 2010, lo que empezó como una protesta de policías y militares por la pérdida de beneficios, terminó en un caos generalizado en el país.
El entonces presidente Rafael Correa acudió al Hospital de la Policía, que era el epicentro de las manifestaciones, y eso provocó que no pudiera salir del lugar en todo el día y las protestas se vayan radicalizando durante la jornada.
Al final de esa noche, una patrulla militar ensayó un rescate del Presidente en medio de un confuso tiroteo en el que participaron militares y los policiales alzados.
Correa y sus coidearios asumieron el evento como un intento de golpe de Estado y de magnicidio.
Los policías que fueron destituidos a raíz del caso, los 274 heridos, los familiares de los ocho fallecidos y otras víctimas, en cambio, lo consideraron como una revuelta policial que terminó en una serie de violaciones del Gobierno y de Correa a sus derechos.
A raíz de ese evento, el Gobierno creó una comisión investigadora. La conformaron Carlos Baca, Diego Guzmán y Oscar Bonilla. Los tres fueron cercanos a Correa y desempeñaron en cargos en su Gobierno y en Alianza PAIS.
Los miembros de la Comisión Especializada del 30-S durante una entrevista con El Ciudadano, el 25 de septiembre de 2013. Flickr / Sio El Ciudadano
Esa instancia generó un informe que se ajustaba a la teoría del golpe de Estado y del intento de magnicidio. Y la Fiscalía abrió 187 casos penales.
Entre 2011 y 2018, el Gobierno acumuló decenas de sentencias a su favor. Solo hasta 2015, hubo más de 100 personas sentenciadas entre expolicías y dirigentes sociales y políticos.
Las sentencias a revisión
Con la salida de Rafael Correa del poder, en mayo de 2017, las denuncias por haber interferido en la justicia en el caso 30-S y otras ocasiones se incrementaron.
A inicios de 2018, Ecuador acudió a las urnas en una consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno, en la que ganó el sí.
Una de las preguntas promovía la instauración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t), que tuvo entre sus funciones evaluar a las autoridades de control nombradas durante el correísmo.
En caso de encontrar incumplimiento de funciones podían destituirlas.
Ese fue el caso del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh y que utilizó la figura del error inexcusable para presionar a jueces y otros servidores judiciales.
Hasta elegir a los nuevos vocales del CJ, se instauró una Judicatura transitoria que conformó una Mesa por la Verdad y la Justicia, cuyo objetivo era encontrar y recomendar correcciones en los abusos judiciales del correísmo.
Audiencia de la Mesa por la Verdad y la Justicia con las víctimas del 30-S, en noviembre de 2018. Flickr / Consejo de la Judicatura
Esa instancia emitió un informe en el que se detallaron violaciones y persecución del Estado en varios casos. En los casos relacionados al 30-S se recomendó revisar las sentencias, e iniciar procesos contra los verdaderos culpables.
Oscar Ayerve, representante de la Asociación de Víctimas del 30-S, expuso que luego de las pruebas nuevas que se recolectaron y de las conclusiones de la Mesa se interpusieron recursos de revisión ante la Corte Nacional de Justicia.
Estos recursos ya empezaron a rendir frutos
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite -después de la ejecución de la sentencia- la presentación de un recurso de revisión. El penalista Gabriel Ponce explica que ese recurso sirve para que un sentenciado presente pruebas nuevas de un caso y sea declarado inocente.
La Asociación de Víctimas está esperando audiencias para resolver 70 revisiones. Lo que significa que 70 fallos favorables al correísmo se podrían revisar.
A inicios de 2020, por ejemplo, seis expolicías, que fueron procesados y sentenciados por rebelión con penas de hasta un año de prisión, fueron declarados inocentes.
Además de las pruebas recopiladas por la Mesa, el colectivo también basa sus pedidos en un informe de Contraloría.
En ese documento se revisó los gastos que se hicieron en tres entidades públicas, Presidencia de la República, Senain y Fiscalía General, entre 2011 y 2016 por eventos relacionados con el 30S. En todos se encontró irregularidades.
Nuevos casos
Además de la revisión de las sentencias, alrededor del 30-S ya se empezó a abrir nuevos procesos.
La Fiscalía solicitó a la justicia día y hora para formular cargos por la muerte de Froilán Jiménez, un policía que participó en el operativo de rescate del Presidente.
El Ministerio Público investiga a cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas por el presunto delito de homicidio.
- Luis Castro
- Jorge Peña
- Hegel Peñaherrera
- Vicente Guzmán
- Mauricio Merino
Jiménez, que era miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, era parte del dispositivo que resguardaba el vehículo que Correa utilizó para abandonar el Hospital de la Policía Nacional.
Su muerte fue transmitida en vivo en televisión nacional. Mientras custodiaba el vehículo, una bala disparada desde un arma militar lo mató.
Ese hecho puso en evidencia la falta de coordinación interinstitucional para la llamada ‘Operación Rescate’. Ahora, quienes participaron y dirigieron de esa incursión policial-militar deben responder.
Así, quien estuvo en la parte acusadora de decenas de casos del 30-S ahora está del otro lado. Se trata del expresidente Rafael Correa.
En la Fiscalía reposan al menos 16 expedientes relacionados al exmandatario y la revuelta policial.
Esos procesos son parte de los 34 casos que Correa tiene pendientes con la justicia ecuatoriana. Todos continúan en indagación previa.
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