La Contraloría revisó los gastos que se hicieron en tres entidades públicas, Presidencia de la República, Senain y Fiscalía General, entre 2011 y 2016 por eventos relacionados con el 30S. En todos encontró posibles irregularidades. El informe borrador de la auditoría se leyó la tarde del 3 de julio de 2019.
La jornada que se vivió el 30 de septiembre de 2010 se convirtió en uno de los temas más polémicos durante el Gobierno de Rafael Correa.
Para el oficialismo, se trató de un intento de golpe de Estado. Para los protagonistas y varias organizaciones de la sociedad civil, fue solo una revuelta policial. Los hechos ocurrieron en las afueras del Hospital de la Policía, en el norte de Quito.
Ahora, la Contraloría auditó los recursos que se utilización los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de septiembre, entre 2011 y 2016.
PRIMICIAS resume las principales novedades:
Una conmemoración costó USD 1,5 millones
- La Presidencia de la República destinó USD 1’561.648,31 para conmemorar el 30S. Los recursos, sin embargo, no constaban en el presupuesto por lo que, dice la Contraloría, los pagos se hicieron sin que exista sustento legal.
- Los gastos, que salieron de las cuentas de la Presidencia y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se hicieron a través de pagos directos y convenios de pago. Es decir, los desembolsos no siguieron todas formalidades que habrían permitido evidenciar el real uso de los partidas presupuestarias.
La Senain financió folletos, libros y encuestas
La Comisión creada por Rafael Correa para investigar los hechos relacionados con el 30S fueron sufragados por la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Sin embargo, los gastos que hicieron no tenían nada que ver con el objeto de la investigación.
Así:
- Se suscribieron 4 contratos para la impresión de folletos, libros, sondeos de opinión para fortalecer la identidad de la Comisión 30S y para la organización de eventos. Pagos sin sustento legal: USD 98.170,00.
- La empresa Tribu Films ejecutó un contrato para difundir el trabajo de la Comisión. Debían entregar un programa de televisión, 1.500 folletos y 1.500 libros. ¿El problema? Se adjudicó sin estudios completos.
- La Comisión dio a la empresa una prórroga para la entrega de 1.500 libros. Se generó un retraso de 112 días y, por tanto, una multa de USD 4.088 que no se cobró.
- Tampoco se demostró la distribución y destino de 1.284 libros que costaron USD 36.500.
- No se demostró la distribución y destino de los 1.500 folletos. Por ellos, se canceló USD 4.000.
- Se pagaron, sin justificación, USD 5.500 para un sondeo de opinión sobre el 30S.
La Fiscalía también hizo pagos ilegales
- En 2014, la Fiscalía contrató servicios de alimentación para talleres con los fiscales a cargo de las investigaciones del 30S y para una reunión de trabajo del Fiscal con los medios de comunicación. Se gastaron, sin sustento legal, USD 5.763,47.
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