El asambeísta socialcristiano, Carlos Vera, mocionó la censura y destitución de Fausto Murillo y la censura para el exvocal de la Judicatura, Juan José Morillo. Sesión se suspendió.
El desenlace del juicio político contra el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, y el exvocal de este organismo, Juan José Morillo, quedó en suspenso en la Asamblea este miércoles, 28 de febrero de 2024.
La presidenta encargada del Parlamento, Viviana Veloz (RC), suspendió el debate, después de una maratónica jornada que tomó más de 13 horas, y dejó pendiente para este jueves la votación de una resolución.
En medio de este trámite, de manera extraoficial, trascendió que habría presentado la renuncia la vocal suplente de Murillo, Elcy Celi, a quien le correspondería reemplazarlo en caso de ser destituido.
Como parte de sus argumentos de defensa, Murillo apuntó hacia Celi, a quien identificó con el Partido Social Cristiano (PSC) que busca sacarlo del cargo. Esa organización política ya intentó destituirlo con el correísmo en la Legislatura pasada, pero fracasó por falta de seis votos (Veloz presentó la moción el 13 de octubre de 2022).
Las incidencias
El proceso inició con lectura del informe emitido por la Comisión de Fiscalización que, por mayoría, sugirió al Pleno la censura y destitución para Murillo y la censura para Morillo. Este último ya no ocupa el cargo desde septiembre de 2023.
El secretario de la Asamblea empezó a leer el documento pasadas las 09:00 de este miércoles y le tomó algo más de cuatro horas. Esto hizo que varios legisladores abandonen sus curules, sin escuchar los argumentos que se incluyeron en el informe.
A su llegada, Murillo dijo que no existen causales para que le acusen de incumplimiento de funciones. Ratificó que es víctima de una persecución y dijo que de ser destituido su reemplazo será Elcy Celi, a quien identificó como cercana al Partido Social Cristiano (PSC).
Relacionó el juicio político con intereses de actores interesados en controlar el Consejo de la Judicatura por la cercanía a la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
"Los intereses de la mafia narcopolítica pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura", aseguró Murillo.
Por su parte, el legislador interpelante, Carlos Vera, del PSC, defendió la pruebas de cargo y las acusaciones que presentó contra Murillo y Morillo. "Las pruebas son eficaces, reales y contundentes y las volveremos a reproducir para que las conozca todo Ecuador".
Se necesitan, al menos, 92 votos para aprobar la censura y destitución, pero la sesión inició con la incertidumbre sobre el apoyo que tendría el PSC y la Revolución Ciudadana para lograrlo.
Al finalizar la lectura del informe, la presidenta encargada del Legislativo, Viviana Veloz, pidió al secretario que constate el quórum: 76 asambleístas estaban presentes, por lo que continuó la sesión con la interpelación de Carlos Vera.
El legislador socialcristiano se tomó las dos horas que le otorga la Ley de la Función Legislativa para sustentar la acusación contra Morillo y Murillo. Aseguró que su partido político no persigue a nadie y terminó mocionando la censura del primero y la censura y destitución del segundo.
La defensa de Murillo
Fausto Murillo tomó la palabra y lo primero que hizo fue hablar de su hoja de vida y los méritos que asegura tener y por los que llegó a ser vocal de la Judicatura. Dijo que le habría gustado tener la hoja de vida del exasambleísta, Luis Almeida (proponente original del juicio), y todos sus procesos ante la justicia.
Negó que se haya arrogado funciones cuando asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, con la votación del pleno del organismo.
Según la normativa, los interpelados cuentan con tres horas para ejercer su defensa. Juan José Morillo parecía no estar presente en la Asamblea; sin embargo, llegó para ejercer su defensa y, al igual que Murillo, cuestionó las pruebas con las que se le llevó a este juicio político.
Tras la presentación de los argumentos de cargo y descargo, la Asamblea abrió el debate en donde se evidenció la falta de consensos para una resolución.
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