"Esto dejo de ser jurídico y se convirtió en político", dicen asambleístas de oposición sobre el referendo y consulta popular
En la Asamblea Nacional hay la sensación de que varias preguntas podrían ser tratadas como proyectos de ley, sin pasar por las urnas. Pachakutik se une a la Conaie y anuncia su oposición a toda la consulta.
La nuevas preguntas para referendo y consulta popular marcaron el ritmo de la Asamblea el 10 de septiembre de 2025.
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En la Asamblea Nacional gana terreno la idea de que algunas preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa, el 10 de septiembre de 2025 a la Corte Constitucional (CC), están enfocadas a atacar a quienes considera sus contendores políticos, más que a solucionar temas de fondo.
Por eso, aunque todavía no está estructurado el cuestionario definitivo de la consulta popular y referendo, la tendencia entre los opositores políticos es rechazar casi todo el contenido de la misma.
Las preguntas que más generaron ruido del nuevo cuestionario propuesto por el mandatario son las que tienen que ver con la intención de modificar las competencias y el funcionamiento de la CC, con la que el Ejecutivo mantiene una disputa desde hace varios meses.
"¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces están de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?", dice una de las preguntas.
"Esto dejo de ser jurídico y se convirtió en político", aseguro Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), organización que hizo público este 10 de septiembre un pliego de preguntas alternativas que, a su criterio, debería contener una consulta.
"Plantean que sea enmienda, pero cuando se toca el equilibrio de poderes tiene que ser reforma parcial para que la Corte voté así en las demandas solo del Presidente; no de la Asamblea, no la Función Judicial, 'solo para las mías necesitas una mayoría calificada de seis votos'; algo impresentable", opinó Serrano.
Consulta sobre ley en trámite
El 21 de agosto la Asamblea Nacional debía aprobar las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero una serie de desacuerdos entre Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana, por el contenido puso en suspenso la norma.
Ahora el presidente Daniel Noboa lo trae como tema de consulta popular: "¿Está de acuerdo con que se expida una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional?", pregunta.
Para Viviana Veloz, del correísmo, esto se puede tramitar en la Asamblea sin necesidad de que se lo incluya como pregunta de consulta popular y más teniendo en cuenta que el gobierno tiene la mayoría para aprobar de forma expedita una nueva normativa.
"Quizá lo que se esconde en esta nueva ley de Garantías Jurisdiccionales es imponer esta pretensión de juicio político a los jueces de la Corte, que no se dio paso en las preguntas que se enviaron anteriormente", agregó Veloz.
La legisladora de ADN, Nataly Morillo, defendió la propuesta de Noboa y recordó que hacer una nueva ley desde la iniciativa legislativa, demora. "Con esto (si se aprueba y gana el sí en esta pregunta) va a haber plazos para poder hacerlo de manera urgente", aseguró.
Según Morillo, es difícil trabajar sobre el proyecto de reforma que está pendiente de debate en el Pleno de la Asamblea, porque calificó a las leyes elaboradas en el pasado como un "Frankenstein", aunque no descartó que se la pueda revisar.
"Tienen terror a Correa"
Para el correísta Ricardo Patiño, en cambio, a la que pregunta que dice: ¿Está de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública? solo le faltó que le pongan el nombre del expresidente Rafael Correa.
"Le tienen terror, quieren borrarlo de la faz de la tierra. Dejen de pensar en él y pónganse a gobernar. Pero más allá de eso, la pretensión del gobierno es tenernos discutiendo si son buenas o malas las preguntas, mientras el país sigue devastado por la inseguridad", agregó Patiño.
Para Alfredo Serrano, gastar USD 100 millones para hacer preguntas de este tipo, no es correcto con la situación económica que afronta el país.
"Dedicarle una consulta popular a un adversario político es darle demasiada importancia a ese adversario, hacerlo crecer como, lamentablemente, sucedió en Argentina"
Alfredo Serrano, Partido Social Cristiano.
No todo es rechazo
Dentro de este paquete de preguntas, se incluye una que dice: "¿Está de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes?
La correísta Veloz dijo que, a título personal, está de acuerdo y recordó que este 10 de septiembre se cumple un año desde que presentó un proyecto de ley que contempla casi lo mismo y que está en manos de la Comisión de Justicia, dominada por ADN.
El PSC también considera que la pregunta está bien, aunque ponen en tela de duda su efectividad al momento de ser aplicada, en caso de superar el filtro de constitucionalidad y tener apoyo ciudadano en las urnas.
Quien no están de acuerdo con ninguna pregunta, ni las aprobadas ni las que se podrían aprobar en la Corte Constitucional, es la facción de Pachakutik que no vota junto al gobierno en la Asamblea.
Mariana Yumbay, dijo el 10 de septiembre, que es pertinente el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en el sentido de apoyar el 'No' en todas las preguntas.
"La mayoría de preguntas no van a resolver la situación del país. Mejor sería preguntar, por ejemplo, si el Estado tiene la obligación de cumplir con los municipios, proveedores del Estado, los centros de diálisis que están impagos", dijo la legisladora del movimiento indígena.
Mientras tanto, el bloque de Pachakutik que es aliado de ADN en la Asamblea, ha evitado pronunciarse sobre la consulta popular y referendo propuesto por Daniel Noboa.
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