El último juicio político de la actual Asamblea: ¿a quién quieren censurar los legisladores?
Aunque en la Comisión de Fiscalización, el correísmo votó por salvar a la funcionaria fiscalizada por el oficialismo, en el Pleno la bancada de la RC apoyó seguir con el juicio político.
El asambleísta de ADN, Xavier Jurado, defendió en el Pleno el pedido de continuar con el juicio político a Margarita Hernández, Quito, 29 de abril de 2025.
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PRIMICIAS.
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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 29 de abril continuar con el juicio político en contra de la exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Será el último proceso de este tipo que tramite el Legislativo en este periodo.
En la Comisión de Fiscalización, el 25 de abril, no hubo los votos para continuar con este proceso. Los cuatro asambleístas de Revolución Ciudadana, además de Denise Carrillo, alterna del exPSC, Lenin Rogel, se abstuvieron.
Pero en el Pleno de este martes la situación cambió: los legisladores del correísmo presentes sí apoyaron continuar con el juicio político, que debería ser convocado para la próxima semana y terminar con la posible censura de Hernández.
El informe de posturas que sugiere seguir con el trámite fue propuesto por los legisladores César Umajinga, Luis Alvarado y Ramiro Vela, que siguen la línea de la bancada oficialista ADN.
¿De qué se acusa a Hernández? El juicio político fue planteado en noviembre de 2024 por el excorreísta y actual asambleísta de ADN, Xavier Jurado, que acusa a la exfuncionaria de incumplimiento de funciones.
Específicamente, se señala a Hernández por una supuesta falta de control a cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y demás organizaciones del sector financiero popular y solidario.
En eso coincidieron varios legisladores que participaron del debate y consideran que Hernández debe explicar ante el Pleno sobre una proliferación de este tipo de entidades, y la transparencia de los recursos económicos que mueven en el sistema financiero.
Hernández fue designada superintendente de Economía Popular y Solidaria en 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sus funciones terminaron el 3 de septiembre de 2024.
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