Tras dos meses en funciones y el escándalo de parientes contratados en la Asamblea, bancada de ADN tendrá su propio código de ética
El código de ética de ADN aparece en medio de las cuestionadas contrataciones en la Asamblea de familiares de legisladores. El oficialismo dice apoyar una investigación más profunda sobre el tema.
Asambleístas de ADN durante la sesión del Pleno de la Asamblea del 17 de julio de 2025.
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Asamblea Nacional.
Autor:
Redacción Primicias
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La polémica por la contratación de familiares de asambleístas en la Asamblea Nacional, precipitó la elaboración de un código de ética para la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), una de las involucradas en la trama de presunto nepotismo.
El asambleísta de Azuay Adrián Castro, parte del movimiento oficialista, dijo que el documento está listo y dio algunos detalles de la norma: tendría parámetros de comportamiento, y que no necesariamente están en la Ley de la Función Legislativa.
Según el listado de desvinculados, publicado por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, una decena de funcionarios cesados tenían relación con legisladores del oficialismo.
Uno de ellos es el joven legislador de ADN Dominique Serrano, que tenía a su hermano y madre laborando como asistente y asesora nivel 1. Ambos renunciaron y sus dimisiones ya fueron aceptadas.
El código de ética de ADN incluye la disposición de conformar un comité interno, que será el encargado de procesar los casos que lleguen a su conocimiento.
Aunque la nueva normativa ya no podría ser usada para aplicar posibles sanciones a los actuales asambleístas, que pudieron haber intervenido como intermediarios en la contratación de sus familiares.
Castro dijo estar de acuerdo con aplicar "mano dura" contra todos los presuntos implicados en esta trama de nepotismo legislativo. Hasta el momento, no existe una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Asamblea.
Los legisladores están prohibidos de gestionar cargos públicos. La sanción por cometer esa acción es la destitución de la Asamblea Nacional.
En el plano penal, se podría investigar un posible delito de tráfico de influencias y perjurio, si los exfuncionarios no comunicaron a tiempo que tenían familiares en la Función Legislativa.
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