Caso Triple A: Por orden judicial, bancos retienen valores a 16 procesados, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez

Por orden judicial, varias entidades bancarias retuvieron valores económicos de las cuentas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros 15 implicados, además de seis compañías, dentro del caso llamado Triple A, que los procesa por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte.

• Caso Triple A: Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, intentó evitar la difusión de su imagen con el grillete

Por esta causa, el alcalde fue llamado a juicio el sábado 19 de julio y desde el domingo 20 utiliza un dispositivo de vigilancia electrónica para su ubicación. Antes ya un juez había dispuesto que se presente una vez por semana ante la Fiscalía, en Guayaquil.

Dentro de las resoluciones judiciales, el 23 de julio, el juez Renán Andrade Castillo, solicitó mediante un oficio a la Dinardap (Dirección Nacional de Registros Públicos) que notifique a todos los registros del país la prohibición de enajenar vehículos, para lo cual pidió que se informe a la Agencia Nacional de Tránsito.

Así mismo, el juez ordenó que se oficie a la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria “para la retención de cuentas de los procesados de hasta 12 salarios básicos unificados”.

En el caso Triple A, la Fiscalía formuló cargos contra 16 personas: Aquiles A., Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z.

Contra ellos el juez emitió su llamado a juicio, al igual que para seis empresas: Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles.

Según la Fiscalía, esto “habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras”.

Según la investigación de Fiscalía, “el perjuicio económico al Estado ascendería a USD 61.502.658 correspondiente a 22.777.191 galones de combustible (diésel y gasolina)”.

Valores retenidos

Acatando la disposición del juez, las entidades bancarias retuvieron los valores de las cuentas bancarias de los procesados en un monto que debía alcanzar el máximo de 12 salarios básicos unificados, es decir la cantidad de USD 5.640.

Así se dio la retención de USD 5.640 de la cuenta de Raúl Z., el mismo monto en la cuenta de Rosa O., Jessenia V., Gloria S. o Lady C., entre otros involucrados en este caso.

A otros procesados, las entidades bancarias notificaron que los valores que registraban en sus cuentas no llegaban al valor exigido en la orden judicial, como fue el caso de Lady C., a quien se le congeló USD 2.121, mientras que a Olga O. se le retuvo USD 93,56 y a Juan A. un banco reportó que le había decomisado USD 0, pues no habían fondos, mientras que en otra cuenta le retuvieron USD 107,59

A Édgar F. se le congeló valores en dos cuentas, para completar el monto dispuesto, en una USD 4.099 y en otra USD 1.540. Mientras que a María Elisa C. le retuvieron USD 71,08.

A Fernando V. se le incautó USD 20 en una cuenta, USD 5.637 en otra y USD 2,54 en una tercera cuenta. Su abogado presentó un escrito judicial pidiendo que se notifique a la Superintendencia de Bancos la devolución por haberse excedido el monto de la resolución judicial.

En el caso del alcalde de Guayaquil, una entidad bancaria le congeló USD 229,62 sumando saldos de cuatro cuentas, mientras que otro banco aplicó el congelamiento de USD 5.640 en una sola cuenta, a mediados de agosto pasado. En su caso, los valores retenidos superaron la orden judicial.

La disposición de congelar la venta de bienes vehiculares también fue acatada por la Agencia Nacional de Tránsito. PRIMICIAS contactó a Ramiro García, abogado del alcalde, para conocer detalles sobre la resolución judicial, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.