Colegio de Abogados de Pichincha anuncia demanda de inconstitucionalidad contra las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad

El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador anunciaron este martes la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad Nacional, que ya tiene otros procesos en contra. 

Este es el primer paso de una acción jurídica más amplia que incluirá también a la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, anunciaron los gremios.

La primera demanda será presentada el miércoles 9 de julio, a las 10:00, en la Corte Constitucional. Las dos restantes se ingresarán en un plazo de aproximadamente 15 días, según confirmó Paúl Ocaña, presidente del gremio provincial.

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“Estas leyes tienen vicios de forma y fondo que afectan la seguridad jurídica, el debido proceso, la progresividad de los derechos y la unidad de materia”

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Entre las principales observaciones, el jurista señaló que las leyes aprobadas (algunas bajo el carácter de urgente económica) incluyen disposiciones de materia penal, tributaria y de seguridad, lo que quebranta el artículo 136 de la Constitución, que establece que una norma debe guardar coherencia temática.

Ocaña cuestionó además que las leyes hayan sido tramitadas bajo figuras que no corresponden. “Se ha abusado de la calificación de urgencia en leyes que no reúnen esos requisitos, como la de Solidaridad Nacional y la de Conflicto Armado. Aunque la ley de Inteligencia sí siguió el procedimiento ordinario, también contiene aspectos que violan la Constitución”, explicó.

Motivos jurídicos de la demanda:

• Violación de la supremacía constitucional.
• Vicios en el procedimiento legislativo (forma de urgencia no justificada).
• Inconstitucionalidad por unidad de materia (disposiciones de distinta naturaleza jurídica).
• Afectación al principio de progresividad de derechos y garantías fundamentales.

Aunque durante su intervención, Ocaña mencionó también una “ley de seguridad” y una “ley de conflicto armado”, se entiende que los tres cuerpos legales que serán impugnados son: Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia, y Ley de Integridad Pública, por ser los más cuestionados en el actual ciclo legislativo.

El anuncio del gremio de abogados se suma a otras acciones similares impulsadas por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, como el FUT, la UNE y la FEUE, que ya han entregado demandas ante la Corte y convocado movilizaciones para los próximos días.

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La Corte Constitucional deberá admitir o inadmitir las causas una vez presentadas. En caso de que las acepte a trámite, podría convocar a audiencias públicas para sustanciar los argumentos.