Comisión rechaza reclamo de José de la Gasca y aprueba parcialmente otras 12 recalificaciones
La Comisión negó la solicitud de recalificación presentada por José de la Gasca, exministro de Gobierno. En total, se aceptaron de forma parcial 12 pedidos de otros postulantes.
José De La Gasca presentó un oficio en la sede del CPCCS en Guayaquil, ubicada en el edificio Banco Park, el 14 de abril de 2026.
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La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado en Ecuador negó la solicitud de recalificación de méritos presentada por el exministro de Gobierno y postulante José De La Gasca, al concluir que no justificó legalmente su pedido de incremento de puntaje.
El organismo resolvió el 27 de mayo de 2026, en el último día de las recalificaciones solicitadas por 21 e 28 aspirantes, que los documentos aportados por el exministro no cumplen con los parámetros del reglamento.
El análisis del expediente estuvo a cargo del comisionado David Flores Brandt, delegado del Ejecutivo, quien señaló que la calificación de méritos es competencia exclusiva de la comisión y no procede su revisión directa ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Flores Brandt indicó además que la experiencia profesional sin relación de dependencia presentada por el aspirante no se ajusta a los criterios establecidos.
Aprobadas parcialmente 12 solicitudes de recalificación
La Comisión solo acogió parcialmente 12 de los pedidos de reconsideración presentados por los aspirantes en la fase de calificación de méritos.
El actual fiscal encargado, Carlos Alarcón, y la jueza Daniela Camacho aventajan ahora a José de la Gasca, quien se mantendrá con 41 puntos, sobre 50 en la fase de méritos.
Durante las jornadas de revisión, veedores y miembros de la comisión observaron que varios postulantes solicitaron recalificaciones por cursos y capacitaciones que, según el reglamento, debían estar avalados exclusivamente por universidades y no por otras instituciones públicas como la Escuela de la Función Judicial, la Defensoría Pública o la Contraloría General del Estado.
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