Así fue la jugada política para ubicar a Damián Larco, cercano al oficialismo, a la cabeza de la Judicatura

Todo ocurrió en menos de un día, el 9 de febrero de 2026. Ese día, Jorge Maruri Vecilla, director del Consejo de la Judicatura (CJ), emitió un memorando comunicando al resto del Pleno de la entidad que Mario Godoy, presidente del organismo, tomaría una licencia de cinco días por "asuntos particulares".

Godoy atraviesa un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, que podría terminar en su destitución. Es señalado por formar parte de una estructura que presionó al juez Carlos Serrano para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Durante el proceso de fiscalización, Godoy ya había pedido licencias previamente. Y, conforme ordena la sucesión natural del CJ, la Presidencia la había asumido Alexandra Villacís, quien es la vocal suplente en representación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en caso de ausencia o impedimento del presidente de la Judicatura, el cargo debe ser asumido por su alterno.

Pero eso no ocurrió esta ocasión. A las 13:10 del lunes 9 de febrero de 2026, antes de que Villacís sea notificada con la licencia de Godoy y que debía titularizarse nuevamente, Maruri envió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La comunicación indicaba que, "a fin de prevenir una acéfala conformación del Pleno del Consejo de la Judicatura", el CPCCS debía activar el mecanismo de selección de un nuevo vocal suplente representante de la Corte Nacional.

Casi dos horas después, pasadas las 15:00, Villacís recibió un correo electrónico de la Judicatura. Le solicitaban varios documentos para poder principalizarse. Entre estos, el certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para ejercer cargo público. 

Sin embargo, Villacís ya no pudo completar ese proceso. El Ministerio de Trabajo reportaba que tenía impedimento por una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta inhabilidad se mantiene vigente hasta la tarde del 11 de febrero.

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Sin embargo, según lo dicho por la propia Villacís y verificado en la página del propio SRI, esa deuda no existe. O, al menos, no está registrada públicamente.

Pese a esa incongruencia, el trámite se aceleró. A las 19:31 de ese mismo lunes, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, convocó a una reunión extraordinaria para el siguiente día, en la que se trataría la comunicación de Maruri. La cita se dio y el organismo resolvió pedir una terna para nombrar al reemplazo de Villacís.

Mientras tanto, en la Judicatura —siguiendo el mismo libreto— el resto de vocales (Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Damián Larco y Fabian Fabara) se autoconvocó para una reunión también extraordinaria y, entre la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10, nombraron a Larco como presidente temporal del CJ.

La Presidencia de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. Así se establece en el artículo 179 de la Constitución de Ecuador.

Y en un inciso de ese artículo se precisa que el representante de la Corte Nacional de Justicia "presidirá" la Judicatura. Las ternas llegan al CPCCS, donde se elige a los vocales.

Desde que Mario Godoy llegó al Consejo de la Judicatura para reemplazar a Wilman Terán, en julio de 2024, ha sido cuestionado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo. Antes de presidir el organismo judicial, Godoy fue el procurador jurídico de Daniel Noboa en Petroecuador.

De hecho, Godoy tiene cercanía con Fausto Jarrín, quien es el exabogado del expresidente Rafael Correa y actualmente es un asesor externo del presidente Daniel Noboa. Jarrín es amigo personal de Godoy y su esposa Dolores Vintimilla, quien fue abogada del narco Srdan.

Pero esto se intensificó en 2025, cuando el CPCCS eligió a la Judicatura definitiva para el período hasta 2031. Godoy volvió a ser designado, luego de que su nombre fuera incluido en la terna enviada por el entonces presidente de la Corte, José Suing. Christian Troya, quien fue asesor de Jarrín y colaboró con Godoy, fue parte de la comisión técnica a cargo del proceso.

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En ese contexto fue seleccionada como vocal de la Judicatura Magaly Ruiz, mocionada por la Fiscalía, durante la administración de Diana Salazar. Esa terna fue presentada el 30 de noviembre de 2024, once meses después de que la nominación de Salazar como embajadora de Noboa en Argentina fuera aceptada por ese país.

Como representante de la Asamblea —tras una jugada de ADN— fue designado Fabián Fabara, exjuez de la Corte de Pichincha, que ganó notoriedad por su participación en el caso contra la jueza Nubia Vera, quien se enfrentó al Régimen por la causa de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Finalmente, el vocal que representa a la Función Ejecutiva es Damián Larco, quien fue director del SRI durante el Gobierno de Noboa. Administró la entidad tributaria durante el período en el que se redujo casi en su totalidad la deuda de las empresas de la familia Noboa con el Estado.

Damián Larco fue parte de actividades partidistas de ADN. Incluso 13 días antes de su designación en la Judicatura, asistió a la convención partidista. Y varias fuentes señalaron una cercanía con José Julio Neira, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Noboa, quien acumula más de 10 cargos simultáneos en el Ejecutivo.

La última Judicatura con presidente temporal terminó en destitución del CPCCS

El nombramiento de Larco como presidente temporal de la Judicatura ha generado varios cuestionamientos. Primero, porque el exdirector del SRI es economista y apenas está cursando la carrera de abogado.

Sin embargo, eso no es ilegal. Incluso hay un antecedente. El primer presidente de la Judicatura, tras su creación en 2011, fue Paul Rodríguez, quien era ingeniero electrónico de profesión.

Pero el principal cuestionamiento es la legalidad de su designación, ya que Larco no proviene de la Corte Nacional, por lo que legalmente no debería presidir la Judicatura.

Algo similar, pero con otros aditamentos, pasó en el período anterior. En febrero de 2022, tras un encontrón con la Corte Constitucional (CC), María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura.

En papeles, su suplente, que era Álvaro Román, debía asumir el puesto. Sin embargo, en ese concurso hubo insuficiencia de postulantes por la CNJ, por lo que Román fue nombrado suplente, pese a que provenía de la terna de la Fiscalía.

Internamente, la Judicatura interpretó que Román no podía asumir la Presidencia, ya que no fue propuesto por la Corte Nacional. Y nombró a Fausto Murillo, quien era representante de la Asamblea, como presidente temporal del CJ.

Entonces, empezó una batalla legal con acciones de protección y el envío de varias ternas de la Corte de por medio, que hizo que Murillo estuviese un año en ese cargo. Al final, la CC emitió una sentencia en la que ordenó que Román asumiera de manera temporal la Presidencia y destituyó a los vocales del CPCCS por haber nombrado rápidamente al nuevo titular.

Ahora, habrá que ver si la CC, a través de alguna acción presentada por Villacís, también actúa. Y si el nombramiento del nuevo suplente prospera. La noche del 10 de febrero, Marco Rodríguez, presidente de la Corte, ya fue notificado con la solicitud de la nueva terna, pero todavía no está claro si la enviará.