“Nos obligaría a subir el pasaje del Metro”: Pabel Muñoz habla del impacto en Quito del proyecto de ley sobre gasto local

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre el proyecto de ley económico urgente que plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen un mayor porcentaje de los recursos transferidos por el Gobierno central a inversión pública. 

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Se trata del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD.

La iniciativa se encuentra en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) la admitiera a trámite.

A través de un mensaje publicado en la red social X, este 11 de febrero de 2026, Muñoz afirmó que el proyecto “golpea directamente a Quito”.

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La propuesta establece que, si los GAD no cumplen con un mínimo del 70% de ejecución en inversión, sus asignaciones podrían reducirse a los mínimos previstos en la Constitución.

“Si se aprueba, servicios como Quito Wawas, atención en salud mental, centros de salud con medicinas gratuitas, Casas Somos, programas para adultos mayores, refuerzos de bomberos en época de incendios y muchos más se volverían insostenibles”.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito

Además, aseguró que la normativa “pondría en riesgo el transporte público y obligaría a subir el pasaje del Metro”. 

Según explicó, bajo los lineamientos planteados por el Ejecutivo, el Municipio no podría mantener el subsidio al Metro de Quito, al que actualmente se destinan alrededor de USD 60 millones anuales del presupuesto municipal.

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En la actualidad, la tarifa que paga cada usuario es de USD 0,45. Sin el subsidio municipal, indicó Muñoz, el valor real del pasaje estaría entre USD 1 y USD 2.

El Gobierno, por su parte, busca delimitar qué tipos de gasto pueden contabilizarse como inversión para cumplir con el 70% requerido. Sin embargo, el alcalde considera que existe “un errado criterio de inversión” que podría afectar programas sociales municipales, generar despidos y tener impacto en la ciudadanía.