La pugna legal con los hermanos Isaías lleva más de dos años estancada en la Corte Constitucional

Mientras los hermanos Isaías, exdueños del Filanbanco, han estado poco a poco recuperando sus bienes y empresas, la Corte Constitucional ha permanecido en silencio. Esa institución tiene en sus manos una acción extraordinaria de protección planteada por la Procuraduría y otras instituciones públicas que lleva más de dos años en trámite, sin un pronunciamiento.

La devolución de los bienes incautados por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) a los Isaías en 2008 logró, de alguna manera, revertirse 14 años después. En 2022, una acción de protección aceptada por el juez Jhonny Lituma dispuso "la restitución a las víctimas, por parte del Estado, de todos los bienes, derechos, acciones y activos en general que fueron objeto del proceso de incautación ejecutado por el Estado".

La sentencia fue ratificada por una sala de la Corte Provincial del Guayas, integrada por los jueces Adolfo Gaibor, Carlos González y Fabiola Gallardo (voto salvado). Y con esto, quedó en firme la restitución, el 12 de septiembre de 2022. 

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La decisión causó revuelo entre las instituciones públicas. La Procuraduría presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, el 4 de octubre. El Banco Central y seis instituciones públicas más se sumaron, con sus respectivos pedidos. 

La Procuraduría pidió que, por ser un tema de mucha relevancia para el Estado Ecuatoriano, se trate de forma prioritaria dentro de esa institución, es decir que no siga el trámite cronológico normal. Este pedido fue aprobado por el Pleno de la Corte, el 26 de abril de 2023.

Pero más de dos años después de iniciado el proceso, la Corte no se ha pronunciado al respecto. La acción fue admitida a trámite en enero de 2023, y una hubo una audiencia el 23 de mayo de ese mismo año. Pero el caso, que recayó en el despecho de la jueza Karla Andrade, no tiene aún no proyecto de sentencia.

Y no es posible tampoco saber cómo ha avanzado la causa en 2024. Los últimos dos autos de la jueza Andrade (de abril y mayo de este año) fueron declarados como "documento confidencial", de acuerdo con el portal de Corte Constitucional.

PRIMICIAS envió una consulta a la institución sobre la demora del proceso y los documentos confidenciales, pero hasta el cierre de esta nota, el 18 de octubre de 2024, no ha habido una respuesta.

Procuraduría: la sentencia viola derechos

La acción de protección que terminó restituyendo los bienes a los hermanos Isaías Dassum tuvo un trámite que no es común. Justamente por esa razón, la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que la revierta, porque considera que esta atenta contra los derechos a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su garantía de la debida motivación.

La Procuraduría cuestiona al juez Jhonny Lituma y las acciones que tomó. Para ello, narra que el tema nació de una petición de medidas cautelares presentada en 2018 por Jorge Zavala Egas en representación de los Isaías. Lituma aceptó dicha solicitud, y puso una medida cautelar que prohibía enajenar (vender) los bienes que fueron incautados.

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Lituma reformó dichas medidas cautelares en dos ocasiones, según recoge la demanda de la Procuraduría. Y el 3 de mayo de 2022, resolvió transformar las medidas cautelares en una acción de protección. 10 días después, el 13 de mayo, el magistrado dictó la sentencia que ordena la restitución de lo incautado a los Isaías.

Dicha sentencia tiene como base el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU (de 2016) que determinó que Ecuador violó los derechos de los exdueños del Filanbanco "a (tener) un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil". 

Específicamente, el Comité cuestionó el Mandato 13, aprobado por la Asamblea Constituyente un día después de la incautación a los Isaías, y blindó a las resoluciones de la AGD de cualquier medida legal.

Las presiones a la Corte

A la audiencia de la acción extraordinaria de protección, el 23 mayo de 2023, el juez Lituma no asistió. Todas las otras partes estuvieron presentes, y presentaron sus argumentos ante la jueza Karla Andrade.

Desde entonces, el caso no ha tenido mayor movimiento. El expediente de la causa recoge decenas de pedidos a la magistrada para que emita su sentencia. El último fue ingresado el 23 de septiembre por los abogados del Grupo Azucarero EQ2, que reclaman que el juez Lituma restituyó también a los Isaías una cuenta contable del ingenio La Troncal.

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En el expediente también constan una decena de amicus curiae. Entre ellos, hay al menos cinco presentados por agrupaciones campesinas que fueron adjudicadas por el Ministerio de Agricultura con terrenos en Durán y Yaguachi. Estos terrenos pertenecían a las empresas incautadas Lamiper y Mariva, y suman entre los dos casi 1.500 hectáreas.

Estos inmuebles corresponden a lo que era la hacienda Las Mercedes, que aparece también en el caso Purga. De hecho, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes tiene tres lotes que pertenecían a los Isaías.