La Corte Constitucional debe cuatro sentencias sobre leyes y reformas impulsadas por el Gobierno

Las decisiones de la Corte Constitucional (CC) causaron un gran revuelo durante 2025 —especialmente después de que el presidente Daniel Noboa inició una campaña en su contra, acusándolos de mantener los problemas del país— por frenar propuestas inconstitucionales.

Sin embargo, después de las declaratorias de inconstitucionalidad de las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional, la inadmisión o no calificación de siete propuestas de modificaciones constitucionales y el cambio de tres jueces, las decisiones de la Corte Constitucional sobre las medidas oficialistas han mermado.

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Pero la fijación de Carondelet se mantiene. Pese a que el perfil de los jueces ha bajado, ese camino no los ha alejado del furor del Mandatario. Apenas empezado el año, el 10 de enero, Noboa fustigó contra la Corte por una sentencia del 11 de diciembre, en la que declaraban la inconstitucionalidad de una reforma de 2021, sobre las concesiones eléctricas.

Y, pese a que esto no impedía la delegación de los sectores estratégicos, como lo aclaró el Ministerio de Energía, el Mandatario ya descargó su indigación exponiendo otra vez los rostros de los nueve magistrados al escarnio público.

Cuatro leyes cuestionadas sin revisión

En manos de la Corte Constitucional reposan 29 demandas de inconstitucionalidad contra cuatro polémicas leyes del oficialismo: Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Crediticia.

Los cuestionamientos a la primera normativa llegaron en julio de 2025, después de su entrada en vigencia. Los demandantes acusan al Gobierno de promover la falta de transparencia en el manejo de la inteligencia estatal, incompatibilidad con las libertades civiles e incluso de chocar directamente con la Constitución. 

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Las cuatro demandas en ese caso fueron unificadas y llevan 205 días esperando un pronunciamiento de los magistrados. Esto resulta extraño, puesto que la sentencia contra la Ley de Integridad Pública, que sumó decenas de demandas, fue resuelta en 88 días.

Lo mismo sucede con las otras tres: Ley de Áreas Protegidas, 194 días; Ley de Transparencia Social, 141 días; y Ley de Sostenibilidad Crediticia, 111 días de espera.

Y a esto se puede sumar otro caso crítico, pero previo, las 13 demandas que se interpusieron a la Ley para el Conflicto Armado, de marzo de 2024, que incrementó el IVA al 15%, y llevan 675 días esperando una respuesta de los magistrados.

Los estados de excepción

Además de las leyes urgentes, otras herramienta usada por el presidente Noboa es el estado de excepción. El más reciente fue decretado el 31 de diciembre, sumando así 19 decretos y 745 días que los ecuatorianos han vivido bajo sus efectos.

Y, pese a eso, 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador. Esto ratifica que los criterios de la Corte Constitucional, reiterados en todas sus sentencias, de que el estado de excepción no solucionará el problema de la delincuencia organizada y mucho menos los problemas estructurales que la alimentan.

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Sin embargo, cuando los magistrados exigieron resultados al Ejecutivo y otras autoridades y pidieron planificación y soluciones ordinarias a largo plazo, el Mandatario cuestionó su decisión y acusó a la Corte de entrometerse en sus funciones. Desde entonces, ningún documento de seguimiento ha sido agregado al sistema después de la única reunión que mantuvieron las autoridades en julio de 2025.

Además, aunque la opinión pública ha señalado que los pronunciamientos de la Corte demoran cada vez más con los nuevos estados de excepción, no hay un patrón que demuestre un incremento en el tiempo de las decisiones.

Por ejemplo, sí sucedió así durante el paro nacional. El decreto 174 del 4 de octubre fue derogado por el mismo Jefe de Estado, el 26 de octubre, cuando se levantaron las movilizaciones. Pero el dictamen llegó casi un mes después, a finales de noviembre. 

Sin embargo, los estados de excepción previo (Decreto 134) y posterior (Decreto 175) recibieron respuesta en alrededor de dos semanas, una declaratoria de constitucionalidad parcial y otra total, respectivamente. Ahora resta ver cuándo llega la respuesta al último decreto, que lleva ya 25 días de vigencia sin un dictamen.