Ley de Solidaridad: Los demandantes acusan al Gobierno de no justificar el conflicto armado interno

Este lunes 25 de agosto arrancó la audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional en la Corte Constitucional (CC), La cita se lleva de manera telemática, pero los jueces constitucionales sí están reunidos en la sede del organismo.

En esta audiencia se tratarán las cinco demandas ciudadanas que se agruparon en una sola causa contra la polémica ley aprobada por el oficialismo, en el Ejecutivo y Legislativo, para regular el conflicto armado interno.

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Antes de instalar la audiencia, el juez Alí Lozada explicó cómo funcionará el proceso y que la Corte está dando trámite a las demandas ciudadanas de inconstitucionalidad y no se trata de un procedimiento de oficio.

Al tratarse de varias demandas, el magistrado explicó que la audiencia se dividirá en tres momentos, para que los demandantes y las autoridades públicas puedan exponer sus argumentos en el siguiente orden:

• Los argumentos por inconstitucionalidad de forma de la Ley.
• Los argumentos que sustentan posibles infracciones constitucionales de fondo y la caracterización del conflicto armado interno.
• Y, finalmente, los otros aspectos considerados inconstitucionales.

Alrededor de las 10:45 los demandantes empezaron a presentar sus argumentos contra la Ley de Solidaridad.

Las críticas por la 'forma' de la Ley

En la primera parte de la audiencia, los accionantes, se enfocaron en señalar los problemas en el trámite de la Ley de Solidaridad, enviada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.

Los abogados hicieron énfasis en dos argumentos principales: la ley trata sobre seguridad nacional, no sobre temas económicos, por lo que no sería de urgencia económica; y que no tendría unidad de materia, puesto que en las disposiciones reformatorias se topan temas que no tienen relación con el proyecto.

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La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica, defendió el tratamiento que dio la entidad a la Ley de Solidaridad Nacional. Dijo que el objeto de la ley era enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y que ese sí era un tema de urgencia.

Además, afirmó que la Comisión de Desarrollo Económico recibió comparecencias de las autoridades del área de seguridad y de finanzas, abogados tributarios y penalistas, asambleístas, uniformados, empresarios y a "la sociedad civil".

Mediavilla también afirmó que la urgencia ha sido definida por la misma Corte bajo tres requisitos: circunstancias apremiantes, conexidad plausible y efectos económicos inmediatos correlativos. 

Y sobre la unidad de materia, la abogada de la Asamblea recordó otra sentencia de la Corte, que determinó que ese principio resultaría vulnerado solamente si el precepto es "objetiva y razonablemente ajeno al contenido temático de la ley".

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Según Mediavilla, la Ley de Solidaridad sí cumple con los requisitos constitucionales y con el objetivo de debilitar las estructuras que sostienen y financia el conflicto armado, con medidas penales, financieras, institucionales y sociales.

Por la Presidencia, participó el secretario Jurídico, Stalin Andino, dijo que la Ley tiene un objeto claro y económico, con una serie de medidas económicas enfocadas en golpear la economía criminal, fortalecer las fuerzas públicas y en la ciudadanía y la recuperación del tejido social.

Andino sostuvo que las medidas económicas están supeditadas al conflicto armado interno. Sin embargo, su intervención fue corta, ya que se quejó de la división de la audiencia en bloques, con poco tiempo de antelación. Dijo que enviaría todos sus argumentos por escrito y cedió la palabra a Felipe Pérez, director de Representación Jurídica.

El otro abogado de Carondelet negó que los demandantes hayan probado sus acusaciones y los acusó de no tomar en cuenta el contenido integral de la ley y el contexto en el que fue aprobada. 

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Douglas Álvarez, delegado del Ministerio del Interior, habló de la crisis de inseguridad que vive el país y los derechos ciudadanos que afecta la violencia criminal. Sostuvo que la Ley "no busca restringir derechos, sino protegerlos de manera efectiva" y que se trata de una normativa necesaria para frenar la economía criminal, bajo parámetros claros y legítimos.

Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos presentados por la Asamblea, la Presidencia y el Ministerio del Interior. Y defendió el envío y trámite del proyecto, por la premura que implica la crisis de inseguridad nacional y sus efectos.

Sobre el conflicto armado interno

A las 12:30 empezó el segundo bloque de la audiencia, para que los demandantes expongan sus argumentos sobre el contenido de la Ley de Solidaridad, específicamente sobre lo relativo al conflicto armado interno.

Los demandantes hicieron alusión a las normas internacionales sobre los conflictos armados no internacionales y como el derecho humanitario establece que para ello los grupos criminales deben tener capacidad de mantener operaciones militares sostenidas y coordinadas. Lo cual afirman, no sucede en Ecuador.

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Incluso acusaron al Gobierno de no haber podido justificar que las bandas delincuenciales alcancen el estatus de un grupo armado, conforme el derecho internacional, y los actos de violencia aislada y esporádica no alcanzan la intensidad ni la organización necesaria para ser un conflicto interno.

También criticaron la creación del delito de pertenecer de manera "circunstancial, directa o indirectamente" a un grupo de crimen organizado, porque no se detalla cuál es el acto específico que está prohibido por la ley. Y esto atentaría contra la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.

Y reprocharon el carácter permanente de la militarización que permite la Ley de Solidaridad; la falta de temporalidad en los decretos de conflicto armado, que también esquivan el control constitucional; el indulto previo; la reducción del debido proceso; y la posibilidad de que estas medidas den paso a un régimen autoritario y de represión.

La Asamblea respondió que, según el derecho internacional, basta con que las hostilidades sean prolongadas y la organización de los grupos armados, más una combinación de la intensidad de los enfrentamientos con el Estado.

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Según Mediavilla, la Ley de Solidaridad brinda al Estado nuevas herramientas jurídicas que se adaptan al contexto ecuatoriano. Pero agregó que el Mandatario deberá demostrar con cada decreto de conflicto interno que los grupos armados cumplen con los requisitos de mando responsable, capacidad de planificar y ejecutar operaciones y capacidad de imponer disciplina a sus miembros.

El secretario Jurídico de la Presidencia argumentó que se necesitaban medidas contundentes, a partir de la toma de TC Televisión, en enero de 2024, y que eso dio nacimiento a la búsqueda de un nuevo marco jurídico contra el crimen organizado.

Andino también apeló al miedo de la ciudadanía frente a la crisis de violencia y pidió a los jueces que salgan de sus escritorios para que las personas les expliquen lo que sienten en el territorio. Y agregó que el armamento con el que cuentan ahora los grupos delincuenciales obliga a cambiar el marco jurídico, para evitar que sobrepasen las capacidades de las fuerzas públicas.

Además, el Secretario Jurídico también acusó a los magistrados de emitir dictámenes contradictorios. Dijo que al inicio la declaratoria del conflicto armado fue aplaudida y aceptada, pero que después dos estados de excepción fueron negados bajo la misma causal. Y advirtió que no se trata de una restricción de derechos, sino de brindar claridad jurídica para los enfrentamientos.

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La Procuraduría defendió la iniciativa presidencia y los cambios generados por la Asamblea Nacional, ya que responden a una obligación de ambas entidades y que se "erige como una solución normativa integral, dentro del régimen ordinario, para enfrentar el conflicto armado interno".

El abogado Mendoza insistió en que la Ley de Solidaridad no contraviene ninguna norma constitucional ni del derecho internacional.