Tasa minera, despidos, fusión de ministerios: Medidas del Ejecutivo acumulan 26 demandas de inconstitucionalidad
Las demandas ciudadanas no cuestionan solo las últimas leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, sino también decretos y resoluciones ministeriales previas. El número de demandas en la Corte Constitucional sigue subiendo.
El presidente Daniel Noboa da un breve discurso a puertas de la Corte Constitucional, en Quito el 12 de agosto de 2025.
- Foto
EFE/ José Jácome
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La Corte Constitucional (CC), desde el inicio de 2025, ha recibido 111 demandas ciudadanas de inconstitucionalidad. El 58% apunta a medidas del gobierno del presidente Daniel Noboa: leyes, resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales y reglamentos.
La más cuestionada es la polémica Ley de Integridad Pública, con 29 acciones públicas de inconstitucionalidad en su contra. Y 25 de ellas fueron ya unificadas en un solo proceso. Sin embargo, esto es lo que menos ocupa al Ejecutivo.
La campaña liderada por el Primer Mandatario contra los nueve jueces constitucionales, que incluyó una marcha, se enfoca en la suspensión temporal de una docena de artículos de la Ley de Inteligencia y otros cuatro de la Ley de Solidaridad Nacional. El discurso oficialista está concentrado en culparlos por la incesante y creciente crisis de inseguridad.
Mientras que el Ejecutivo guarda silencio sobre las otras decenas de cuestionamientos que también están en trámite, impulsados por ciudadanos y agrupaciones que las consideran inconstitucionales y que atentan contra sus derechos.
Las demandas 'desconocidas'
Una de las medidas más criticadas que ha tomado el Ejecutivo es la resolución 003/25, de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que creó la nueva tasa de fiscalización minera, para recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones al año.
Según la Arcom, esta tasa, vigente desde el 20 de junio, deberá ser pagada por todos los titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, ya sea que estén en etapa de exploración o explotación. Esta decisión ha recibido seis demandas de inconstitucionalidad, incluso más de las que pesan sobre la Ley de Inteligencia.
Mientras que la entidad que suma más decisiones cuestionadas es Carondelet. El presidente Noboa enfrentó las demandas más polémicas por sus cuestionados decretos para encargar sus funciones a Cynthia Gellibert para hacer campaña, a la par que no se acogió a una licencia sin sueldo. Y ahora la fusión de ministerios también empieza a sumar demandas de inconstitucionalidad.
En segundo lugar está el Ministerio de Trabajo, liderado por Ivonne Núñez. Las demandas recaen en los acuerdos y resoluciones sobre los sindicatos, remuneraciones y el visto bueno, así como la operatividad de la misma Ley de Integridad Pública.
Pero, aunque el oficialismo intente mantener la atención de la opinión pública enfocada en las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional, otras tres de sus iniciativas legales también han sido cuestionadas ante la Corte: la de Eficiencia Económica, la de Conflicto Armado y de Áreas Protegidas, la última aprobada.
A continuación puede revisar la lista completa de acciones de inconstitucionalidad que están en trámite en la Corte Constitucional:
Compartir:
