Las denuncias e investigaciones ocupan a potenciales candidatos para las elecciones seccionales en Ecuador
Ecuador es un país donde la corrupción atraviesa todos los espacios de la vida pública. Esta vez, los casos golpean a figuras políticas que aspiraban a participar en las elecciones de noviembre de 2026.
Imagen referencial de la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales.
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PRIMICIAS
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Los grupos de poder en Ecuador nunca pierden de vista los periodos electorales, por lo que los cálculos y la búsqueda de partidos y candidatos empiezan con anticipación. Sin embargo, esta vez, la multiplicación de denuncias, investigaciones y procesos contenciosos ocupan el primer plano en el tablero electoral.
En ese escenario juegan un papel protagonista las autoridades de control: la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Las denuncias y allanamientos contra autoridades locales forman parte de la actual escena política en Ecuador y hacen que, aunque haya responsabilidad de los actores involucrados, la opinión pública se polarice aún más, entre quienes reclaman el debido proceso y aquellos que exigen castigos antes de que los casos lleguen a los tribunales de justicia.
Sin contar que otros utilizan sus tarimas políticas para desviar la atención de sus posibles responsabilidades en los casos y abogan por la siempre disponible teoría de la persecución política. Y, pese a que en cada ciclo las autoridades nieguen su existencia, las actuaciones o silencios de las autoridades de control terminan reflejando sus inclinaciones del momento.
A continuación, PRIMICIAS recoge una lista de ocho casos en los que potenciales candidatos, que aparecían en primeros lugares en las encuestas, ahora enfrentan denuncias que podrían determinar su futuro político:
Aquiles Alvarez
El todavía alcalde de Guayaquil es una de las figuras más fuertes de la oposición, que podía repetir su periodo en el Puerto Principal e incluso se perfilaba para una futura carrera presidencial.
Sin embargo, desde julio de 2024 es investigado. El primero en señalarlo fue el Gobierno, por supuesta comercialización ilegal de combustibles. Así, en marzo de 2026 arrancó el juicio por el denominado caso Triple A. Por otro lado, el 10 de febrero Alvarez fue detenido por un nuevo caso, llamado Goleada, por presunto lavado de activos.
La prisión preventiva que cumple el Alcalde desde entonces le impedirá inscribirse como candidato en las elecciones seccionales y una sentencia por corrupción lo dejaría fuera de cualquier contienda futura.
Marcela Aguiñaga
La todavía Prefecta de Guayas construyó una larga trayectoria política en el correísmo y se perfilaba también como candidata a la reelección, sin descartar una posterior candidatura presidencial. Pero fue alejada de la Revolución Ciudadana y, casi inmediatamente, el Gobierno también la hizo a un lado, aunque previamente había sido presentada como una aliada en la mayor provincia del país.
El 6 de abril de 2026 Aguiñaga hizo un anuncio inesperado: No terciará para la reelección y renunciará a su cargo el 14 de mayo próximo.
Ese mismo día, horas después, se conoció que la Prefecta fue convocada para rendir una versión libre y voluntaria dentro del caso Caja Chica, que involucra a sus anteriores compañeros del correísmo en un presunta delincuencia organizada.
Pabel Muñoz
Después de varios roces con su líder, el Alcalde de Quito fue anunciado por la Revolución Ciudadana como su candidato a la reelección. Pero Muñoz, al igual que varios de sus coidearios, enfrenta una investigación en la Fiscalía por un presunto peculado en la compra de 60 trolebuses, conseguidos con financiamiento y acompañamiento de agencias de la ONU.
Esa compra fue denunciada por la Contraloría y por el bloque de ADN (oficialismo) en la Asamblea Nacional.
Además, Muñoz ha tenido que enfrentar la tormenta desatada por la decisión del Gobierno de que la tasa de recolección de basura se deje de cobrar en la planilla de luz eléctrica. El Alcalde aseguró que eso los "metió en un problemón" y ha generado crisis en los municipios.
Cristian Zamora
El Alcalde de Cuenca anunció en noviembre su intención de participar nuevamente en las elecciones para el mismo cargo. Cuatro meses después, la Fiscalía y la Policía allanaron su despacho y su vivienda, el 17 de marzo, por una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito.
El proceso contra el Alcalde nació de un informe de la Contraloría y el mismo Zamora contó que se trata de una revisión de rubros de su empresa privada de alimentos, que supuestamente no tendrían justificación.
Richard Calderón
El Prefecto de Imbabura es uno de los correístas investigados por la Fiscalía en su provincia, por un supuesto enriquecimiento privado no justificado, que provocó el bloqueo de sus cuentas bancarias a finales de 2025.
Sin embargo, esta acción del Ministerio Público coincidió con el paro de 2025 contra el Gobierno Nacional, que bloqueó la provincia por más de un mes y fue escenario de una violenta arremetida de las fuerzas públicas contra los manifestantes.
La viceprefecta, Paolina Vercoutère, también es investigada. Sus cuentas fueron bloqueadas durante el paro indígena.
Anabel Hermosa
La Alcaldesa de Otavalo es otra de las personas investigadas por la Fiscalía en Imbabura por un supuesto enriquecimiento privado no justificado, que resultó también en el bloqueo de sus cuentas bancarias a finales de 2025. Ocurrió, asimismo, en el contexto del paro contra el Gobierno.
Hermosa fue previamente concejal de Quito por la Revolución Ciudadana.
Raúl Chávez
El asambleísta y también presidente del movimiento RETO, aliado del correísmo y plataforma de Aquiles Alvarez, fue vinculado al caso Goleada como supuesto autor directo del delito de delincuencia organizada.
Además, tiene otro frente abierto en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que le podría quitar la titularidad de la agrupación.
Luisa González
La dos veces candidata presidencial y expresidenta de Revolución Ciudadana tiene abierta una investigación por presunta delincuencia organizada, con el caso Caja Chica. Y, aunque González terminó su periodo de manera cuestionada, podía ser una carta de la lista cinco en su provincia, Manabí.
Pero también es investigada en el TCE por un supuesto mal manejo de cuentas de la organización política.
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