Fiscalía notificó a dos jueces de la Corte Constitucional sobre investigación tras informe de Contraloría
El Contralor General del Estado confirmó que seis jueces de la Corte Constitucional son examinados por el organismo de control. Dos de ellos fueron notificados por la Fiscalía General del Estado.
Fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito.
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La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
Terán fue notificado en su despacho pasado el mediodía del 1 de abril de 2026, después de que se filtrara el informe del organismo de control; mientras, Lozada ya había sido notificado hace una semana, según recogió la cadena Ecuavisa. Ellos deberán designar a un abogado que los represente.
Según el contralor Mauricio Torres, ambos no pudieron justificar estos montos: USD 25.000 en el caso de Lozada y USD 70.000 en el de Terán.
Torres indicó a radio Centro que actualmente son examinados seis jueces de la Corte Constitucional: tres ya completaron su revisión, tres están en proceso y tres más comenzarán en los próximos días.
El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito.
Continúan las reacciones
La Corte Constitucional emitió un comunicado el 1 de abril, en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial.
El Foro por la Democracia, que agrupa a unos 30 juristas, señaló que el contexto de constantes cuestionamientos a la Corte podría reflejar un patrón destinado a afectar la institución.
"“Lo que estamos viendo no son hechos aislados sino una estrategia sistemática para debilitar la democracia y concentrar el poder. El país presencia un nuevo ataque contra la Corte Constitucional, una de las pocas instituciones que ha actuado con independencia".
Comunicado del Foro por la Democracia
El contralor Torres, por su parte, aseguró que se han realizado más de 500 exámenes especiales a jueces, fiscales, asambleístas y otros funcionarios, de los cuales el 60 % derivó en informes de responsabilidad penal, sin que existan denuncias de persecución.
El juez Terán tiene actualmente en sus manos una de las acciones presentadas contra el nombramiento del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura del destituido Mario Godoy. Alarcón, a su vez, es el fiscal que dirige la investigación y podría solicitar su procesamiento y medidas cautelares como la prisión preventiva.
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