¿Otra demostración de fuerza? El Gobierno pidió a la Corte Constitucional que desaloje su edificio, pero luego se retractó

La presión del Gobierno Nacional sobre la Corte Constitucional llegó a un ámbito inesperado: el inmobilario. Durante un día entero, los jueces constitucionales y su personal estuvieron en ascuas porque el Ministerio de Energía les pidió el edificio en que laboral, aunque luego la Cartera de Estado desistió.

El 19 de agosto, el Ministerio de Energía notificó la terminación de un Convenio de Cooperación Institucional mediante el cual la Corte Constitucional utiliza el edificio Tamagar, ubicado en las calles Tamayo y Lizardo García. 

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Nancy Uriarte, Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Energía, solicitó a los jueces desalojar en un mes el edificio mediante un oficio.

No obstante, el 20 de agosto, Nancy Uriarte envió otro oficio en que dejaba insubsistente dicho pedido de entrega del edificio.

Este episodio es uno más de la pugna del Gobierno de Daniel Noboa con la Corte Constitucional, por la suspensión temporal de artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo tras aceptar demandas de inconstitucionalidad.

Convenio vigente desde 2019

El convenio data del 26 de abril de 2019. El 12 de abril de 2022, ambas entidades suscribieron una adenda, estableciendo un plazo de cinco años, desde la suscripción del convenio, que podría ser revocado con 30 días de anticipación.

El 18 de septiembre de 2023, la Corte Constitucional inició el trámite de renovación del convenio, para lo cual el ahora Ministerio de Energía hizo una inspección y constató en febrero de 2024 que la entidad estaba al día en el pago de servicios básicos y mantenimiento de las instalaciones, excepto  en la pintura de la fachada.

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La Corte se comprometió a pintarlas y el 4 de marzo de 2024 el Ministerio autorizó la renovación del convenio por tres años más.

El nuevo convenio se firmó oficialmente el 19 de abril y la cláusula de terminación permite solamente que el acuerdo de uso del edificio Tamagar por parte de la Corte se termine por vencimiento de plazo, mutuo acuerdo, unilateral por incumplimiento de obligaciones o por causas de fuerza mayor o caso fortuito, según el Código Civil.