Guayas, una crisis de institucionalidad política sin precedentes en Ecuador
La situación de los municipios de Guayaquil y Durán, así como de la Prefectura de Guayas coincide en un momento de alta tensión política y jurídica, marcado por la ausencia de autoridades titulares, procesos de control en marcha y decisiones que mantienen en debate la estabilidad institucional en la provincia.
Guayas atraviesa por una crisis política sin precedentes, por la inestabilidad de sus instituciones.
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Redacción Primicias
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Guayas está en crisis: Una prefecta ausente, un alcalde de Guayaquil preso y el de Durán en la clandestinidad configuran un vacío institucional sin precedentes en la historia nacional en una provincia de casi cinco millones de habitantes y considerada como el motor económico de Ecuador.
Por un lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece en prisión preventiva desde el 10 de febrero de 2026, mientras su permanencia en el cargo es objeto de cuestionamientos legales y políticos.
Y por otro, la Prefectura del Guayas se encamina a una transición, tras la renuncia anunciada de la prefecta Marcela Aguiñaga y la salida inmediata del viceprefecto Carlos Serrano.
Mientras que el cantón Durán, asediado por el crimen organizado, no ha tenido un alcalde presente desde mayo 2023, cuando Luis Chonillo sufrió un atentado el mismo día de su posesión, lo que lo obligó, desde entonces, a despachar desde la clandestinidad. En 2025, Durán se convirtió en el segundo cantón más violento de Ecuador, después de Guayaquil, con 539 víctimas mortales.
Este escenario se desarrolla en medio del adelanto de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026, una decisión que ha sido cuestionada y que introduce nuevas presiones políticas en la toma de decisiones locales.
Al mismo tiempo, el contexto refleja la reconfiguración del poder en la provincia, tras el fin de más de tres décadas de hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC), que dominó las alcaldías de Guayaquil y Durán, así como la Prefectura de Guayas hasta 2023, que hoy atraviesa un proceso de reorganización política.
Este cruce de factores ha generado un escenario en el que la continuidad administrativa, la legalidad de las decisiones y la estabilidad del poder local están en debate.
Una subrogación en disputa en el Municipio de Guayaquil
La situación en el Municipio de Guayaquil se complejizó tras el vencimiento de la licencia del alcalde Aquiles Álvarez el 26 de marzo, sin que exista una nueva solicitud formal de extensión o vacaciones.
Pese a ello, el Concejo Cantonal resolvió ratificar a la vicealcaldesa Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante, una decisión que abrió un debate jurídico sobre la validez de la subrogación sin una ausencia formalmente justificada.
El caso ya se encuentra bajo análisis de la Contraloría General del Estado, que evalúa si la actuación del Concejo se ajusta a la normativa vigente o si se configura una irregularidad administrativa.
Mientras tanto, la administración municipal opera bajo una figura cuya legalidad aún está en revisión, lo que añade un elemento de incertidumbre en la toma de decisiones institucionales.
Pedidos de remoción y presión política
En paralelo, el escenario se tensiona con la acumulación de solicitudes de remoción del cargo contra Álvarez. Hasta el 10 de abril, el Municipio ha recibido al menos tres pedidos formales, que argumentan una presunta ausencia injustificada del alcalde tras el fin de su licencia.
La primera de estas denuncias ya es analizada por la comisión de mesa, que deberá determinar si cumple con los requisitos para activar el proceso de remoción previsto en el Cootad.
Este proceso podría derivar en una votación del Concejo Cantonal, en la que se definiría la continuidad o salida definitiva del alcalde.
Prefectura del Guayas: transición sin claridad
En la Prefectura del Guayas, la situación también apunta a una reconfiguración completa del poder. La prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejará el cargo el 14 de mayo por motivos personales y, además, descartó participar en la reelección prevista para noviembre de 2026.
A esto se suma la renuncia inmediata del viceprefecto Carlos Serrano, presentada el 10 de abril, en medio de su posible participación en las elecciones seccionales como candidato a la alcaldía de Samborondón por el correísmo.
Este doble movimiento obliga al Consejo Provincial a iniciar un proceso de designación de nuevas autoridades, en un contexto en el que aún no existe claridad sobre la conducción futura de la institución.
La transición incluye la elección de un nuevo viceprefecto y, cuando renuncie Marcela Aguiñaga, de una nueva viceprefecta, lo que añade complejidad a un escenario ya inestable por la capacidad de gestión que pueda tener en casi un año.
Fin de una hegemonía y reconfiguración del poder
La crisis institucional ocurre en medio de un cambio de ciclo político en Guayaquil y Guayas.
En 2023, el correísmo puso fin a más de 30 años de hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) en la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, un dominio que se mantuvo desde 1992 con León Febres-Cordero y que se consolidó posteriormente con Jaime Nebot, pero que recayó tras la cuestionada administración de Cynthia Viteri, que dio paso al correísmo.
La derrota no solo significó la pérdida de sus principales bastiones territoriales, sino que se sumó a una serie de reveses políticos recientes, como resultados adversos en elecciones anteriores y fracturas internas que debilitaron su estructura.
En octubre de 2025, el PSC reconoció públicamente esa crisis y anunció un proceso de renovación interna, que incluyó la redefinición de su ideario político, cambios en su estrategia comunicacional y hasta el rediseño de su identidad visual, bajo la consigna de “renovarse o morir”.
Este contexto de debilitamiento coincide con el ascenso del correísmo en el poder local, pero también con tensiones en su gestión institucional, lo que configura un escenario de disputa política en el que ninguna fuerza logra consolidar estabilidad.
Un poder local en zona de incertidumbre
La coincidencia de procesos judiciales, disputas legales, renuncias de autoridades y tensiones políticas ha colocado al poder local de Guayaquil y Guayas en un escenario de incertidumbre.
Las decisiones que se adopten en las próximas semanas —tanto en el Concejo Cantonal como en el Consejo Provincial— serán determinantes para definir la estabilidad institucional en la provincia.
Por ahora, el funcionamiento de ambas instituciones se sostiene en figuras transitorias, procesos en revisión y decisiones que aún no han sido resueltas de forma definitiva.
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