Aunque impidió el cobro millonario de glosas, el incendio de la Contraloría no tendrá responsables

La Contraloría General del Estado (CGE) dejó de cobrar USD 4.000 millones en glosas, ya que estas acciones de control caducaron. Los funcionarios responsables se escudan detrás del incendio de la sede matriz de la entidad, ocurrido en octubre de 2019.

Durante el paro nacional de octubre de 2019, gran parte de las instalaciones de la CGE fueron vandalizadas por manifestantes. 

Según Mauricio Torres, actual Contralor General, la pérdida masiva de documentos durante el flagelo es, ahora, la excusa de los funcionarios que permitieron que cientos glosas hayan caducado, causando un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.

Esta denuncia pública de Torres ha revivido el episodio del incendio de la Contraloría, por el cual, la justicia nunca sentenciará a los responsables.

El incendio y el paro

En octubre de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno firmó el Decreto 883, con el que pretendió eliminar los subsidios a los combustibles. Esta medida, que luego fue revocada, provocó una de las revueltas sociales más violentas de la historia reciente en Ecuador.

Trabajadores, estudiantes, transportistas e indígenas se concentraron en Quito para protestar. El 12 de octubre de 2019, la medida se radicalizó y alcanzó los puntos más álgidos.

Es así que a cerca de las 11:00 de ese día, unas 50 personas ingresaron al edificio de la Contraloría General del Estado, ubicado frente al Palacio Legislativo.

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Según los datos recogidos en el parte policial, los manifestantes ingresaron por el subsuelo 1 y se dirigieron hacia la terraza. Pero, antes pasaron por el cuarto y quinto piso, dónde se provocó un incendio de documentos y computadoras. En esos pisos funcionaban las áreas de revisión de informes y predeterminaciones de glosas.

Los efectivos policiales que acudieron al sitio detuvieron a 34 personas, entre ellos seis menores de edad. Tenían en su poder bombas molotov, gasolina, piedras, un hacha, guantes, cascos y hasta un "proyectil de largo alcance".

Un ataque sin responsables

Tras la detención de 34 personas, empezó la investigación. En algunos celulares decomisados a los sospechosos se encontró rastros de un chat grupal de WhatsApp, que fue identificado como Grupo Libertador. Esa conversación fue eliminada horas después del incendio.

En los mensajes, los involucrados hablaban de ir a la "casa blanca", que los uniformados relacionan con la Contraloría, ya que en el chat se hablaba de ir al quinto piso, destruir los teléfonos y taparse los rostros.

Tras las primeras indagaciones, y con este y otros indicios, el 18 de octubre de 2019, la Fiscalía formuló cargos por terrorismo contra 27 personas. A todos, la jueza Ana Cristina Guerrón les dictó orden de prisión preventiva.

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La investigación fue complicada. La recopilación de indicios cambió la teoría de la Fiscalía y reformuló cargos a sabotaje, y toma de instituciones públicas, en un concurso ideal de infracciones. 

Antes del llamado a juicio, la defensa de 14 procesados -identificados como indígenas- pidieron la nulidad de la investigación, ya que no se había hecho una pericia antropológica. Un análisis de la cosmovisión indígena para el cometimiento de este tipo de actos.

Este intento tuvo resultado, y la Fiscalía tuvo 10 días para realizar esa pericia. Finalmente, el 29 de marzo de 201, se llamó a juicio a 27 procesados.

El juicio debió empezar el 6 de septiembre de 2021. Pero los procesados indígenas pidieron un traductor. Se dio paso a este pedido, pero nunca se llegó a concretar la audiencia de juzgamiento.

Las amnistías en bloque

Mientras se esperaba fecha para que se inicie el juzgamiento de los presuntos responsables del incendio a la Contraloría, entró a escena la Asamblea Nacional y anuló todo lo actuado por la Fiscalía y la justicia.

Tras un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, el Pleno de la Asamblea concedió amnistías a 268 personas. Es decir, se dejaron sin efecto los casos penales iniciados contra los beneficiados.

En la lista resaltaron 15 causas por la llamada judicialización por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social. En total hubo 71 amnistiados por procesos relacionados con el paro de octubre de 2019. Entre estos, los 27 imputados por el incendio de la Contraloría.

La Comisión de Garantías Constitucionales, en el análisis para conceder esas 27 amnistías, se explicó que si bien los manifestantes ingresaron a la Contraloría de manera irregular, "no queda claro si su intención fu dolosa". Es decir, no se podía determinar si querían causar daño.

Sin embargo, en este análisis no se valoró las sospechas de que estas personas fueron enviadas con el objetivo de destruir documentos de procesos de la Contraloría General del Estado.