El Gobierno y el movimiento indígena conformarán una comisión para redactar un nuevo decreto ejecutivo, con mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ese documento contendrá “los mecanismos para focalizar los recursos en quiénes más lo necesitan”.
La mesa de diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno de Lenín Moreno, finalmente, se instaló el 13 de octubre de 2019, a 11 días del inicio de las protestas de grupos indígenas y sociales que rechazaban la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel.
El acuerdo al que llegaron ambas partes después de cinco horas de diálogo implica que el Ejecutivo emitirá un nuevo decreto que dejará sin efecto al Decreto Ejecutivo No. 883, que eliminó el subsidio.
Una comisión integrada por el Ejecutivo, representantes del movimiento indígena, con la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, y con la veeduría de las otras funciones del Estado, se instalará para elaborar un nuevo documento.
El acuerdo al que llegaron las partes también incluye el fin de las movilizaciones y medidas de hecho en todo el país por parte del movimiento indígena y el reestablecimiento de la paz.
Una vez realizado el anuncio, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, insistió en otros pedidos: la renuncia de los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín; el cambio en la política extractivista; la liberación de los detenidos durante las protestas.
Y planteó, además, que las reformas económicas que faltan, como las enmiendas en materia laboral, pasen por el filtro de la Corte Constitucional.
A esto, Moreno respondió: “con atención a los pedidos extras, siempre hay que considerarlos pero recuerden que es decisión del Presidente”.
Parte de la negociación se transmitió en cadena nacional. El presidente Lenín Moreno se sentó en el centro de la mesa, con los representantes de la ONU y la Iglesia.
A la derecha de Moreno se ubicaron los líderes indígenas, mientras que la izquierda estaban los representantes de las funciones del Estado, junto a los ministros Richard Martínez; Paúl Granda, el presidente del directorio del IESS; los secretarios de la Presidencia Juan Sebastián Roldán y José Agusto.
Escuche el acuerdo a partir del minuto 24:59.
Primeras horas: reafirmar posiciones
La primera parte del diálogo tomó hora y media, tiempo en el que hubo cinco intervenciones de cada lado.
El primero en tomar la palabra fue Moreno. Su planteamiento: sacar un nuevo decreto sobre la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel. Para esto, propuso la creación de comisiones que puedan trabajar en acuerdos.
El Mandatario, sin embargo, nunca planteó rever su decisión de eliminar los subsidios. Dijo que la idea es que este nuevo decreto permita “canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan”.
Moreno justificó el retiro del subsidio, por el beneficio que genera a contrabandistas y narcotraficantes. Este argumento fue respaldado por Rafael Pardo, exministro de Defensa de Colombia.
La propuesta del Gobierno fue esa. De su lado de la mesa, nadie más hizo propuestas concretas. El presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz; el contralor Pablo Celi, y el ministro Martínez también hablaron. Los dos primeros ratificaron el llamado al diálogo, y Martínez insistió en la necesidad de eliminar el subsidio.
Del lado del movimiento indígena, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, habló primero. Recordó el estado de convulsión nacional que existe y ratificó el pedido de derogatoria del decreto 883. Además pidió que el Ejecutivo remita a la Corte Constitucional (CC) las reformas legales anunciadas, para que realice el control de constitucionalidad antes de enviarlas a la Asamblea.
Vargas advirtió que está en manos del Moreno recuperar la paz en el país. Y dijo que en su condición de “legítimo interlocutor, no vamos a negociar nuestros caídos”. Señaló que si no se encuentra una solución duradera, el movimiento indígena seguirá “firme y unido” con el compromiso inclaudicable de defender al pueblo, con todos los sacrificios posibles.
Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi; Eustaquio Toala, presidente de la Feine; Aberlardo Granda, presidente de la Fenocin, y Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku, también intervinieron.
Todos insistieron en la necesidad de la derogatoria del decreto 883, y rechazaron la idea de la comisión planteada por Moreno, pues implicaba dilatar más el paro, que llevaba ya 11 días, dijeron.
Los indígenas piden que el gobierno se haga responsable por los muertos y heridos durante las protestas, y la liberación de los detenidos que forman parte del movimiento.
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