Desde prisión, el exministro José Serrano acusa a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos como estrategia para buscar su liberación
La justicia de Estados Unidos concedió a José Serrano la protección contra la posibilidad de tortura, pero el exministro sigue bajo custodia migratoria. Mientras su defensa impulsa un habeas corpus acusando a Ecuador y Estados Unidos de un complot, el gobierno estadounidense tiene hasta este miércoles 27 de mayo para justificar su encierro y hasta el 12 de junio para apelar la protección.

José Serrano
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El exministro del Interior, José Serrano, ha desplegado una ofensiva legal para abandonar el centro de detención migratoria de Krome en Miami. PRIMICIAS accedió a la petición enmendada de habeas corpus donde su abogado, Andrew Clopman, revela la estrategia procesal para frenar su encierro.
La defensa estructura su reclamo en tres ejes que acusan directamente una supuesta persecución política coordinada entre el gobierno de Daniel Noboa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A esto se suman denuncias de una presunta detención arbitraria y fallos en el debido proceso. Este recurso judicial es el último intento por conseguir la libertad de Serrano tras haber obtenido el bloqueo a su deportación.
El ángulo político y la Primera Enmienda
El núcleo del documento legal presentado por la defensa de José Serrano se fundamenta en una presunta violación a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, argumentando que su reclusión es una represalia gubernamental por ejercer su libertad de expresión política.
El abogado Andrew Clopman detalla en la demanda que el exministro mantiene una influencia significativa en redes sociales, destacando sus más de 700.000 seguidores en la plataforma X (antes Twitter), desde donde emite críticas abiertas hacia sus opositores políticos.
El recurso judicial acusa un supuesto pacto directo entre el gobierno de Daniel Noboa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
"Noboa había pedido a los funcionarios estadounidenses que arrestaran (a Serrano), pero hasta ese momento se habían negado".
Andrew Clopman, abogado de José Serrano en Estados Unidos
En la petición se expone que el arresto de Serrano en agosto de 2025 ocurrió días después de que Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, firmara un memorando de entendimiento en Ecuador, sugiriendo que el acuerdo encubría la intención de interceptar a los opositores de la administración actual.

Para reforzar su estrategia, Clopman adjuntó una carta en la que Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, habría afirmado que el asesinato de su esposo ha sido manipulado recurrentemente con propósitos políticos.
Serrano es parte de los procesos como presunto autor intelectual del crimen de Villavicencio. Si regresa a Ecuador, tendría que cumplir prisión preventiva.
Los otros argumentos
El segundo eje de la defensa de Serrano se enfoca en supuestas violaciones a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho constitucional al debido proceso.
Clopman argumenta ante la corte federal que el prolongado arresto de su cliente posee un carácter punitivo y carece de cualquier justificación procesal legítima. El reclamo se centra en que Serrano habría sido exigido a demostrar que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, cuando era el Estado el que debía demostrar lo contrario.
También el equipo legal de Serrano asevera que la Junta de Apelaciones de Inmigración y las agencias federales "actuaron de manera arbitraria y caprichosa" al fundamentarse en normativas mal interpretadas durante sus intentos por salir bajo fianza.
Por estas razones, Serrano solicita que se declare la nulidad de las actuaciones de las agencias migratorias y exige su inmediata puesta en libertad.

Hasta el 27 de mayo, las agencias gubernamentales estadounidenses deben presentar sus respuestas sobre estas peticiones y argumentos. Luego, la justicia resolverá.
El estatus actual
Esta nueva estrategia legal se articula en medio del estatus incierto del político ecuatoriano. Los antecedentes procesales indican que Serrano fue capturado inicialmente en su domicilio de Florida por agentes de control de aduanas tras sobrepasar el tiempo límite de su visa turística, a pesar de que su pedido oficial de asilo, registrado a finales del año 2021, seguía pendiente de respuesta.
El giro más notable de su historial se dio el 13 de mayo de 2026, cuando la jueza de inmigración Romy Lerner denegó su petición de asilo, pero admitió a su favor un amparo protector sustentado en la Convención contra la Tortura. Hasta el 12 de junio, el Gobierno de EE.UU. puede apelar ese fallo.
Este fallo judicial frena la orden de deportación hacia el Estado ecuatoriano por existir riesgos contra su vida e integridad.
La paradoja legal está en que, pese a tener su deportación bloqueada indefinidamente, la revisión pública de los registros oficiales revela que el exministro sigue detenido por las autoridades federales en las instalaciones de Krome.
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