Destituyen a seis jueces de El Oro que liberaron a Daniel Salcedo en un caso de lavado de activos

Continúan las sanciones a jueces de Ecuador. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió 24 de junio de 2025 la destitución de seis jueces de la provincia de El Oro que absolvieron a Daniel Salcedo, su hermano Noé Salcedo y otros procesados en un caso de lavado de activos.

Este proceso finalmente terminó con una sentencia condenatoria en la Corte Nacional de Justicia contra Salcedo y su hermano.

La sanción disciplinaria alcanza a los abogados Manuel Zhapán, Wilson Landívar y Rafael Arce, quienes actuaron como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en Machala. 

También fueron separados Jorge Salinas, Oswaldo Piedra y Manuel Mejía, magistrados de la Sala Penal de la Corte Provincial de El Oro.

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¿En qué fallaron los jueces? 

Según la Judicatura, los seis jueces destituidos incurrieron en error inexcusable al emitir resoluciones que declaraban el estado de inocencia a favor de los procesados.

De acuerdo con el informe técnico, los jueces realizaron una “interpretación inaceptable” del delito de lavado de activos y sus diversas modalidades, lo que representó un riesgo para la seguridad jurídica y para la sociedad.

El informe disciplinario, emitido originalmente el 12 de noviembre de 2024 por la Dirección Provincial del CJ en El Oro, identificó una equivocada valoración de los elementos constitutivos del delito. Esa actuación se consideró una extralimitación de funciones y un uso ilegítimo del poder judicial.

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El caso de Daniel Salcedo se remonta a una investigación por movimientos inusuales de dinero entre 2013 y 2019 que involucraban a empresas de papel, transferencias sin justificación económica, y vínculos con proveedores de hospitales del sistema público.

Tras las absoluciones emitidas en El Oro, la Fiscalía presentó un recurso de casación y, el 5 de enero de 2024, la Corte Nacional de Justicia declaró culpables a Daniel y Noé Salcedo, y a otros procesados. Se les impuso una pena de 13 años de prisión por lavado de activos.

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Esta resolución de destitución marca un nuevo capítulo vinculado a ofrecimiento de sanción para los jueces que dicten sentencias presuntamente a favor de casos que rodean el crimen organizado.