Proceso de lavado de activos por el caso Odebrecht podría terminar en la destitución de un juez anticorrupción

Otro juez de la Unidad Anticorrupción está en problemas. La Corte de Pichincha determinó que Ángel Quito incurrió en error inexcusable en una causa por lavado de activos, derivada del caso Odebrecht. Su continuidad en el cargo, ahora, depende del Consejo de la Judicatura.

El caso se originó el 1 de abril de 2024. El juez Ángel Quito convocó a una audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Ricky Dávalos Oviedo, empresario ecuatoriano acusado de asociación ilícita en el caso Odebrecht, pero que no pudo ser juzgado porque su caso prescribió en 2023.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), reveló que, entre 2011 y 2017, Dávalos había recibido transferencias por USD 644.402. La principal ordenante de esos pagos era la Constructora Odebrecht 2, pese a que no tenían relaciones contractuales entre sí. 

Mientras que el principal cliente de Dávalos era China International Water Electric (CWE), empresa constructora de la Hidroeléctrica Toachi Pilatón. Pero, el empresario no había recibido pagos de esa compañía.

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La Fiscalía formuló cargos contra Dávalos por lavado de activos, el 30 de abril de 2024. Quito declaró el inicio de la instrucción fiscal y ordenó prisión preventiva en contra de esta persona. Y, dado que estuvo prófugo por el caso Odebrecht, solicitó su localización a la Interpol. Además, dispuso la incautación e inmovilización de varios bienes y cuentas bancarias.

Además de los bienes y cuentas de Dávalos, el Juez ordenó la incautación de varias cuentas y una oficina que estaban a nombre de Dlip Industrial, una empresa de la que Dávalos fue su presidente, y de Fernhead Holding INC, una compañía panameña de la que era accionista.

Como las empresas no fueron procesadas en el caso, sus abogados apelaron esas incautaciones. Y, el 15 de mayo de 2024, Quito levantó las medidas cautelares en contra de sus cuentas y un bien. Pero, el 27 de mayo, la Fiscalía vinculó a la causa a estas dos empresas y tres personas más. El Juez volvió a dictar la incautación.

La investigación de este caso ya se cerró y la audiencia de llamamiento a juicio debió realizarse el 7 de octubre de 2024. Sin embargo, no se dio porque el juez Quito presentó una excusa, explicando que había sido denunciado por los representantes de Dlip Industrial por un supuesto error inexcusable.

Esa excusa fue rechazada y, además, Dlip Industrial recusó al Magistrado. Esa recusación tampoco surtió efecto, por lo que Quito sigue a cargo del caso y podría convocar para cualquier fecha a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

El error inexcusable

Si bien Ángel Quito todavía es el juez del caso por lavado de activos, su continuidad —no solo en este proceso, sino en la Función Judicial— está en entredicho

Dlip Industrial denunció al juez Quito por error inexcusable. Según Viviana Guerra, representante de esa compañía, en el caso por lavado de activos solo se procesó a Dávalos, pero las empresas Dlip Industrial y Overseas Trading habían sido citadas como sospechosas. 

Sin embargo, el juez Quito habría declarado la audiencia de formulación de cargos como reservada y no permitió que los abogados de las compañías participen de la misma porque en su contra no se iban a formular cargos.

Pero, en su resolución, además de dictar orden de prisión en contra de Dávalos, Quito solicitó la incautación de varios bienes y cuentas. Entre estos estaban dos cuentas bancarias y un bien inmueble a nombre de Dlip Industrial, pese a que Dávalos ya no era representante, ni trabajador ni accionista.

En su defensa, Quito explicó que esas medidas cautelares se dictaron por pedido de la Fiscalía, el 30 de abril de 2024. Y que, 15 días después —por pedido de la empresa—, fueron revocadas. Pero, posteriormente, el Ministerio Público vinculó a Dlip Industrial a este caso y las medidas se volvieron a dictar, nuevamente, por pedido de la parte acusadora.

Ante este escenario, un Tribunal de la Corte de Pichincha —conformado por Inés Romero, Juana Pacheco y Marco Navarrete— acogió la solicitud de Dlip Industrial y declaró el error inexcusable del juez Ángel Quito.

Luego de esta decisión, Quito no recibe ninguna sanción automáticamente, sino que el Consejo de la Judicatura deberá abrir un proceso disciplinario en su contra. Este proceso podría derivar, primero, en su suspensión y, finalmente, en su destitución.

Sin embargo, Pablo Encalada, abogado penalista, explica que la declaratoria de error inexcusable por parte del Tribunal no significa que inevitablemente Quito será sancionado, ya que ante la Judicatura puede defenderse y evitar su destitución.

Pero, mientras este proceso se concreta, el 22 de enero de 2025, Viviana Guerra, representante de Dlip Industrial, presentó un escrito pidiéndole que se excuse de seguir en la causa original por lavado de activos.

Ricky Dávalos y el caso Odebrecht

El nombre de Ricky Dávalos sonó en Ecuador durante el desarrollo de la trama del caso Odebrecht, en la que fue sentenciado a seis años de cárcel el exvicepresidente Jorge Glas. Dávalos fue uno de los llamados a juicio, pero nunca se presentó. Y, en 2023, finalmente esa causa prescribió.

Durante ese caso, en el que la Fiscalía ecuatoriana demostró que la constructora brasileña Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios ecuatorianos a través de empresas de fachada, apareció el nombre de Fernhead Holdings Inc., empresa panameña que fue creada por Dávalos.

José Conceiçao Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, confesó que había pagado sobornos para asegurarse la adjudicación del contrato por la Hidroeléctrica Manduriacu. Aseguró que Ricky Dávalos le pidió dinero a nombre de Eduardo Barrero, exgerente de Celec. 

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Por esta razón, Odebrecht habría hecho 13 transferencias por más de USD 4 millones a Fernhead Holdings a través de otras empresas que la constructora brasileña usaba para pagar coimas en toda la región.

En el tiempo en el que Dávalos habría recibido esos pagos de Odebrecht, él tenía una relación laboral con China International Water Electric (CWE), que estaba a cargo de la obra de la Hidroeléctrica Toachi Pilatón. Dávalos habría sido el asesor financiero de la compañía asiática.

Años después, en 2020, diario El Universo reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos había identificado transferencias bancarias realizadas por CWE a Fernhead Holdings Inc., en Panamá. En su delación, Conceiçao Santos también reveló que esa empresa china también había pagado sobornos en Ecuador.