Caso Fachada: Exjuez anticorrupción, detenido por asociación ilícita, alega que "no pretendía salir del país"
De abogado del ministerio de Transporte al selecto grupo de jueces anticorrupción, Christian Luvin Q. hoy busca su libertad y alega un mal catastrófico. Su patrimonio creció al dejar la Función Judicial.

Un agente de la Policía abre una caja fuerte durante los allanamientos del caso Fachada, en un inmueble de Quito, el 16 de enero de 2025.
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Fiscalía
Autor:
Redacción Primicias
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Una fianza de USD 40.000 debe pagar un exjuez anticorrupción detenido en la frontera con Colombia cuando intentaba salir de Ecuador pese a que tenía esa prohibición, dentro de una investigación en su contra por el delito de asociación ilícita.
La madrugada del domingo 12 de abril de 2026, Christian Luvin Q. C., guayaquileño de 37 años, fue detenido por el servicio de guardia de la Unidad de Control Migratorio-Rumichaca, ubicada en el Puente Internacional Rumichaca, a siete kilómetros de Tulcán, provincia de Carchi.
Los agentes de migración detectaron que este abogado tenía en su contra una medida cautelar dispuesta por una jueza que le prohibía expresamente salir del país y que regía desde el 8 de octubre de 2025, fecha en que la Fiscalía le formuló cargos por asociación ilícita, un delito por el que pasó de juzgador a juzgado y que se castiga con una pena de tres a cinco años de prisión.
Trayectoria judicial
- El abogado Christian Luvin inició su carrera en la función pública en 2014 en el departamento jurídico del Ministerio del Transporte. En 2016 pasó al área legal del desaparecido Servicio de Contratación de Obras (Secob) y en 2019 ingresó al Consejo de la Judicatura.
- En menos de tres años escaló rápidamente en la función judicial, llegando a representar, como vocero gremial, a la Asociación de Jueces del Ecuador. En 2022, tras ganar un concurso de méritos, se convirtió en uno de los elegidos para integrar el selecto grupo de 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
- Christian Luvin tenía trayectoria como juez penal en cantones manabitas como Sucre y Manta y tomó decisiones polémicas como el archivo del sonado caso León de Troya, ligado al narcotráfico y la mafia albanesa. Su actual vinculación en un delito como asociación ilícita, señala la Judicatura, le ha provocado a esta entidad un daño que afecta su “buen nombre”.
“Por encontrarse inmerso en el presente proceso penal un servidor de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, como afectada y como responsable del control, por los posibles daños que afectan la imagen, transparencia y buen nombre, ratifica su calidad de víctima”.
Consejo de la Judicatura
En un mueble de baño
Una denuncia anónima, el 14 de enero de 2025, puso en el radar de la Fiscalía a tres jueces de la unidad anticorrupción, justamente cuando la Fiscalía investigaba la red de lavado de activos del grupo terrorista Comandos de la Frontera y los contactos que sus cabecillas hacían para obtener su libertad mediante actos irregulares en la función judicial.

Los denunciados fueron tres jueces; Gabriela Cossette L. T., Jairo Alejandro G. M. y Christian Luvin Q. C., cuyas casas fueron allanadas por la Policía el 16 de enero de 2025, iniciándose así el llamado caso Fachada, una presunta red de jueces que habrían obtenido valores económicos a cambio de beneficios judiciales para la organización Comandos de la Frontera.
En el allanamiento al departamento del entonces juez Christian Luvin, en un edificio céntrico de Quito, la Policía encontró “un fajo de dinero cuyo valor ascendía a USD 10.000 oculto en un mueble de baño, y otros indicios como teléfonos celulares y computadoras”.
Los hechos que sucedieron a continuación del allanamiento se convirtieron en argumentos de contra el juez anticorrupción, según las versiones recogidas cronológicamente por la Fiscalía:
- 22 de enero de 2025: Christian Luvin afirmó que el dinero pertenecía a su pareja Kléber Bryan B. M. como anticipo de una consultoría de ingeniería.
- 23 de enero de 2025: Su pareja declaró que los fondos provenían de un contrato suscrito con José Ricardo S. B. el 30 de diciembre de 2024, relativo al diseño y construcción de una piscina en Manta, por USD 20.000; y que el 2 de enero de 2025, recibió USD 10.000 como anticipo sin emitir factura al tratarse de un pago previo.
- El 20 y 24 de enero de 2025: Su pareja solicitó la devolución del dinero, acompañando copias certificadas del contrato y del anticipo, documento con el cual quiso justificar su origen.
- El 4 de febrero de 2025: en un allanamiento al domicilio de José Ricardo, este manifestó que el contrato de consultoría había sido firmado a pedido de Fernanda G., cuyo contenido es falso, hecho que también fue admitido por Kléber Bryan en una versión posterior.
La Fiscalía concluyó que “se ha constituido una asociación ilícita compuesta por Christian Q., Kléber B., Fernanda G. y José S., con el fin de cometer varios delitos, entre ellos, falsificación y uso de documento falso privado, falso testimonio y fraude procesal”.
“Esta asociación estaría conformada para justificar el origen del dinero en efectivo encontrado en el inmueble donde residía el ciudadano Christian Q., y que el mismo presuntamente estaría involucrado en procesos investigativos penales relacionados a actos de corrupción”.
Fiscalía

Christian Luvin fue acusado de asociación ilícita y una colega suya, la jueza penal Ximena Rodríguez, le dictó como medida cautelar que se presente periódicamente ante la Fiscalía, además de la prohibición de salida del país, una disposición que, en la misma audiencia de formulación de cargos, el acusado pidió que se reconsidere.
“En relación con la petición de prohibición de salida del país solicito no se considere en razón de un curso académico al que he sido invitado, o en su defecto se otorgue el permiso para asistir al curso en el mes de enero de 2026”.
Christian Luvin, exjuez
En el expediente por asociación ilícita consta que había cumplido con la resolución de la jueza, hasta las 03:00 del 12 de abril de 2026, cuando fue detenido en el Puente Internacional Rumichaca, iniciándose así un segundo proceso judicial en su contra, esta vez por incumplir decisiones de autoridad competente, que se castiga hasta con tres años de prisión.
“Ha sido inadmitido por las autoridades migratorias y puesto a órdenes de las autoridades en Ecuador, ha incumplido las medidas cautelares de presentaciones periódicas y evadió la disposición de prohibición de salida del país”, alegó la Fiscalía.
La Fiscalía pidió la orden de prisión para el exjuez mientras su abogado defensor rechazó la solicitud y explicó las razones de su defendido para viajar a Colombia.
“Mi defendido no pretendía salir del país, simplemente se acercó a Migración a efecto de obtener documentación solicitada para poder realizar sus estudios, poniéndose lamentablemente a órdenes de Migración”.
Defensor del exjuez Christian Luvin.
La Fiscalía -agregó el abogado del acusado- “asume que se evadió controles de migración en nuestro país, sin respaldar tal afirmación con la documentación pertinente”, por lo que rechazó el pedido de prisión preventiva”.

Prisión y patrimonio
Christian Luvin fue enviado a una cárcel de Tulcán, pese a que su defensor pidió a cambio el arresto domiciliario y reveló que padece de “una enfermedad catastrófica y progresiva de salud desde el año 2018 y que consume un medicamento para garantizar su derecho a la vida digna”, medicamento que -denunció- no le provee el Ministerio de Salud.
Tras un mes en prisión, un juzgado de Tulcán aprobó para el exjuez una fianza de USD 40.000 a cambio de su libertad, fianza cuya forma de pago se resolverá en una audiencia prevista para los próximos días.

Mientras tanto, tras su destitución, el exjuez presentó ante la Contraloría General del Estado su declaración juramentada de bienes, en la que registró un marcado incremento durante el lapso en que se desempeño en la función judicial.
En 2018, cuando ingresó como defensor público, Christian Luvin declaró un patrimonio de apenas USD 1.662 y que comprendía activos valorados en USD 23.882 (bienes muebles por USD 23.000 y en bancos USD 882) mientras que en pasivos o deudas registró USD 22.219.
Su patrimonio en 2026, al dejar el cargo de juez anticorrupción, ascendió a USD 41.249. Sus activos crecieron a USD 54.192, más de la mitad en bancos, y sus deudas se ubicaron en USD 12.943.
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