Universidad Amawtay Wasi: Estos son estos argumentos para la intervención del CES
La comisión de investigación que recomendó al pleno del Consejo de Educación Superior intervenir en la Universidad Amawtay Wasi aseguró en un informe técnico que existiría un entorno de "creciente conflictividad" en la institución educativa.
Fachada del edificio administrativo de la Universidad Amawtay Wasi, en la avenida Cristobal Colón, en Quito, en julio de 2026.
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Robel Revelo / Primicias
Autor:
Robel Revelo Bastidas
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La intervención de la Universidad Amawtay Wasi, que se concretó el 15 de julio de 2026 tras una decisión del Consejo de Educación Superior (CES), tiene como base un informe que apunta a la supuesta existencia de "violencia institucional" y una "grave conmoción social" que ocurriría en un ambiente de "creciente conflictividad" al interior de la institución.
La decisión del CES de concretar esta intervención coincide con una grave crisis presupuestaria, que obligó a la universidad a desvincular a gran parte de su planta docente, derivada de un recorte del 69% de su presupuesto para 2026, por parte del Gobierno.
La intervención del CES a la Universidad Amawtay Wasi surgió luego de la revisión de un informe técnico emitido el 10 de julio por la comisión de investigación del caso. Dicho informe fue elaborado después de que el organismo de control recibió una denuncia el 1 de julio, en la que un estudiante afirmaba que al interior de la institución educativa existían "condiciones de grave conmoción social".
La intervención durará 90 días. Durante este tiempo, el CES nombró como presidenta de la comisión interventora a María Auxiliadora Vargas Valdiviezo, que hasta ahora venía ejerciendo como vicerrectora académica de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales desde abril de 2025.
Una "creciente conflictividad"
El informe de la comisión de investigación, que a su vez recoge las conclusiones de otros documentos elaborados por otras coordinaciones y comisiones del CES, asegura que dentro de la Universidad Amawtay Wasi existirían "irregularidades académicas, administrativas y económico-financieras".
Además, la comisión dijo que ha encontrado situaciones de violencia institucional "caracterizadas por conductas discriminatorias, mecanismos de presión, hostigamiento, intimidación y represalias". Afirman que estas no han podido ser resueltas con los mecanismos internos y que han generado una "creciente conflictividad".
Esta "violencia" institucional", argumentan, ha producido una "conmoción social que puede seguir escalando" y que atentaría con el normal funcionamiento de la universidad.
Por esta razón, la comisión recomendó al Pleno la intervención de la Universidad Amawtay Wasi sin un informe previo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), por considerar que es un caso excepcional de "grave conmoción social".
Según el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades, en estos casos excepcionales las intervenciones tienen una vigencia máxima de 90 días plazo, con posibilidad a prorrogarse.
Cumplimiento de causales de intervención
Para que una universidad sea intervenida por el CES, deben cumplirse tres causales según el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
De acuerdo con un informe técnico elaborado por la Coordinación de Monitoreo del CES citado por la comisión, la primera causal (violación de disposiciones constitucionales, legales o normativas), se habría cumplido con una inhabilitación inicial de Armando Muyolema para participar en el proceso electoral que lo llevó al rectorado, pues no tenía cédula de ciudadanía.
A esto se suma una supuesta irregularidad en la conformación del Órgano Colegiado Superior de la universidad y una "inestabilidad en la planificación curricular evidenciada en tres modificaciones sucesivas de la malla de estudios" de una carrera.
Respecto a la segunda causal (irregularidades académicas, administrativas o económicas), la Coordinación de Monitoreo del CES hace referencia a un informe de la Comisión de Posgrados que, dicen, "evidencia" la presencia de profesores con títulos de ingeniería para impartir las cátedras de Derecho. Sin embargo, este último informe también indica que era necesario verificar la existencia de incumplimientos normativos concretos.
Respecto a la última causal (violencia institucional), la Coordinación de Monitoreo dice que el informe de la Comisión de Posgrados "describe conductas discriminatorias" por parte de docentes hacia alumnos. Sin embargo, en el mismo documento indicaban que era necesario realizar más indagaciones para determinar si los relatos incluidos en la denuncia "pueden o no ser resueltos adecuadamente" con los mecanismos internos de la universidad.
Limitaciones , dependencia de otras universidades y restricciones presupuestarias
Los documentos presentados ante el Pleno del CES también hacen referencia a una visita de oficio a la universidad que el CES realizó el 23 de junio, antes de la recepción de las denuncias, en la que la Coordinación de Monitoreo habría identificado "limitaciones en la capacidad instalada para el desarrollo de la oferta académica", una "marcada dependencia" de infraestructuras de otras instituciones y "una planta académica integrada mayoritariamente por docentes ocasionales", entre otros aspectos.
Además la Coordinación evidenció "una baja ejecución de recursos destinados al fortalecimiento institucional”.
El CES también dice que halló “elementos relacionados con la existencia de conflictos institucionales persistentes, mecanismos de presión, hostigamiento y estigmatización” e hizo observaciones sobre al procesamiento interno de denuncias.
Respecto al manejo de las denuncias, el CES señaló que dentro de la institución “se evidencian actuaciones administrativas que habrían impedido el tratamiento efectivo” de estas alertas. Por esto, el CES argumentó que no existen mecanismos eficaces dentro de la institución para restablecer condiciones adecuadas de gobernanza y convivencia universitaria.
En el informe técnico laborado por la Coordinación de Monitoreo, el ente afirma que también constató "dinámicas de presión e intimidación ejecutadas por grupos internos alineados con el rector", que supuestamente obligaban a asistir a marchas y asambleas.
PRIMICIAS solicitó una entrevista con el CES para abordar los argumentos dados para la intervención de la Universidad Amawtay Wasi. Desde el CES indicaron solicitarían información al área técnica para ser remitida. Hasta el cierre de esta nota no hay respuesta.
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