Navidad en el juzgado: Todo lo que se debe saber antes del juicio de Aquiles Alvarez por el caso Triple A

El proceso inició el 12 de julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC). La entidad detectó diferencias sustanciales entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y lo facturado por diversas estaciones de servicio, sugiriendo un desvío sistemático de derivados subsidiados.

A raíz de esto, la Fiscalía ejecutó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, incluyendo la clausura de una gasolinera de la cadena Copedesa. La investigación se centró en el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, un delito que golpea directamente las arcas del Estado.

La Fiscalía denominó la trama como Triple A, aparentemente en referencia a los nombres relacionados con los miembros de la familia Alvarez, quienes fueron vinculados, junto a sus colaboradores y empresas, por su rol en las operaciones dedicadas al mercado de combustibles.

Aquiles Alvarez, quien fue presidente y gerente de varias de estas firmas antes de asumir la Alcaldía, sostiene que el caso es una herramienta política para afectar su gestión. No obstante, la Fiscalía mantiene a las empresas del grupo, como Copedesa y Alva3, dentro del esquema de investigación.

Según los informes periciales incorporados al expediente, el daño económico para el país es millonario. La Fiscalía estima inicialmente un perjuicio de USD 61,5 millones, correspondiente a más de 22,7 millones de galones de combustible supuestamente desviados; sin embargo, pericias financieras recientes elevan la cifra de afectación hasta los USD 94 millones.

El esquema habría permitido que combustible diésel, que gozaba de subsidio estatal para el sector automotriz, termine en los segmentos industrial y naviero. En estos sectores, el producto se vende a precio de mercado, lo que habría generado un diferencial de ganancia ilícito de más de un dólar por galón.

Uno de los hallazgos más llamativos de la Fiscalía es el caso de la Estación de Servicio Zambrano, en Zamora Chinchipe. Según la acusación, Copedesa le vendió más de siete millones de galones entre 2023 y 2024, un promedio mensual de 371.000 galones, a pesar de que sus instalaciones solo pueden almacenar 10.200 galones.

Este desfase físico es una de las pruebas principales de la ARCH para sostener que el combustible nunca llegó a los tanques de esa estación. El fiscal Carlos Alarcón, que inició la investigación y ahora es fiscal General, dice que estos volúmenes fueron desviados directamente a actividades de minería ilegal en la frontera sur.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó anomalías en los pagos de las transacciones. Por ejemplo, en el caso de la estación Espíndola en El Oro, se registra una negociación de diésel premium por USD 1,2 millones con Copedesa, pero no existen registros bancarios que respalden el pago de dicho monto.

Este patrón de "ventas fantasma" se repite con otras estaciones en zonas fronterizas creadas a partir de 2023. La Fiscalía argumenta que las facturas se emitían para justificar el despacho de Petroecuador, pero el producto final terminaba en manos de consumidores no autorizados o fuera del catastro legal.

Fuelcorp S.A., una de las empresas procesadas creada en 2022, es un ejemplo del inusual auge financiero bajo investigación. En su primer año reportó ingresos por USD 799.699, pero para 2023 sus ventas saltaron a más de USD 9,4 millones, un crecimiento que la Fiscalía vincula a la facturación de galones adicionales no autorizados.

Los propietarios de esta firma incluyen a exfuncionarios municipales, como José Franco Magallanes (exgerente de la ATM). La relación entre los administradores de Fuelcorp y el movimiento político del alcalde Alvarez (RETO) ha sido uno de los puntos más polémicos de la instrucción fiscal.

A pesar de que Aquiles Alvarez es alcalde y goza de fuero de Corte Provincial, su juicio se desarrollará en la Unidad Judicial Anticorrupción de primer nivel. Esto se debe a que los delitos investigados no tienen relación con el ejercicio de sus funciones en la Alcaldía de Guayaquil.

La ley establece que el fuero solo aplica cuando el acto punible ocurre en el desempeño del cargo. En este caso, la Fiscalía investiga su rol como gerente y accionista de empresas privadas (Copedesa, Corpalubri y Ternape) en fechas previas y paralelas a su administración municipal.

En un giro político del caso, cinco de los procesados originales fueron desvinculados temporalmente de la formulación de cargos debido a que se inscribieron como candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones de 2025. Entre ellos figuran José Franco Magallanes y Juan Daniel González.

Al gozar de inmunidad electoral, la Fiscalía no pudo procesarlos simultáneamente con el resto del grupo. No obstante, el Ministerio Público ha dejado claro que las investigaciones contra ellos podrían reactivarse.

Como medida cautelar, el juez del caso ordenó la retención de fondos de los 16 procesados por un monto de hasta 12 salarios básicos (USD 5.640). En el caso del alcalde Alvarez, una entidad bancaria le congeló USD 5.640, mientras que otros procesados presentaron saldos de apenas USD 0 o valores mínimos de USD 20.

Además del dinero, la Agencia Nacional de Tránsito acató la prohibición de enajenar vehículos de los involucrados. Estas medidas buscan asegurar una posible reparación integral al Estado en caso de que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria al finalizar el juicio.