La justicia vivió un 2025 marcado por inestabilidad institucional y creciente injerencia política

El 2025 en la justicia ecuatoriana estuvo marcado por una profunda inestabilidad institucional y una cada vez más visible y creciente injerencia política en los organismos clave. Además de dudas de corrupción en la Judicatura.

La demora en la renovación de autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) crearon el escenario perfecto para prórrogas, subrogaciones y decisiones que han alimentado las versiones de una injerencia desde el Gobierno de Daniel Noboa.

En el inicio de 2025, el panorama judicial se anunciaba complejo. Faltaban menos de 30 días para que terminaran los períodos de las autoridades del Consejo de la Judicatura y 94 días para la renovación en la Fiscalía General del Estado. Ambos procesos de designación, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se encontraban apenas en fases iniciales. La previsión de una nueva crisis institucional por posibles prórrogas o subrogaciones se cumplió.

La eterna renovación de la Judicatura

El período del CJ, que debía terminar el 29 de enero de 2025, se prorrogó al no concretarse el nombramiento de sus reemplazos para el periodo 2025-2031, proceso iniciado por el CPCCS en diciembre de 2024. 

En marzo de 2025, la crisis en el CJ se agudizó. El organismo, que en seis años había afrontado ocho renuncias, dos destituciones y una censura, se quedó solo con tres miembros (representantes de la Corte Nacional, Presidencia de la República y la Fiscalía), el mínimo legal requerido por el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Además, en medio de la prórroga, el 23 de junio de 2025, la Judicatura se enfrentó a la amenaza de paralización porque la Asamblea Nacional, con legisladores oficialistas, aprobó el inicio de un juicio político contra Solanda Goyes, representante del Ejecutivo. De haberse consumado su destitución (que al final no ocurrió), el CJ se habría quedado con solo dos vocales.

La selección de las nuevas autoridades de la Judicatura demoró por varios factores. El CPCCS no estaba completo debido a la disputa por una vocalía entre David Rosero y Oscar Ayerve, que requería una definición de la Asamblea Nacional y que terminó favoreciendo a Rosero.

Además, la Comisión de Selección de la Judicatura tuvo que reconformarse tras la destitución de exvocales correístas del CPCCS por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en enero de 2025.

Sin embargo, el factor más notorio que detuvo el proceso fue la falta de ternas. Mientras la Corte, la Asamblea, la Fiscalía y la Defensoría Pública presentaron sus listas, el presidente Daniel Noboa no envió su terna de postulantes sin ofrecer ninguna explicación, a pesar de que su Ministro de Gobierno, José De la Gasca, prometió en abril de 2025 que lo haría "muy pronto".

Finalmente, desde marzo de 2025, el proceso de designación de la Judicatura se reactivó con movimientos que favorecieron al oficialismo. 

A la par se fueron dando otros movimientos. El 28 de marzo de 2025, el CPCCS contrató a Christian Eduardo Troya Macías como asesor de la consejera Johanna Verdezoto.  El 16 de abril de 2025, Troya fue nombrado representante de Verdezoto en la Comisión Técnica del CPCCS que valoraría a los candidatos a la Judicatura.

Como antecedente, Mario Godoy quien ya era el presidente de la Judicatura y buscaba ser ratificado, había intentado contratar a Christian Troya como Subdirector de Comunicación del CJ en julio de 2024, manejando incluso su agenda con medios.

Así las fichas empezaron a caer. El 8 de julio de 2025, la Asamblea Nacional, con mayoría de ADN, nombró una nueva terna. Y el 9 de julio de 2025, la CNJ incluyó a Mario Godoy en su terna para la presidencia del CJ, destrabando el concurso tras la inhabilitación de Edison Toro, el postulante anterior.

El movimiento en el Legislativo lo impulsó el asambleísta Henry Bósquez (electo por ADN en 2025), quien lideró la decisión de dejar sin efecto la terna anterior del Legislativo, que había sido de iniciativa correísta y socialcristiana. Bósquez es hermano de Javier Bósquez, fiscal y pareja sentimental de Verdezoto.

Mientras que la inclusión de Godoy en la terna de la Corte fue decisión de José Suing, quien preside como encargado la Corte Nacional de Justicia. Ese cargo estará seguro, mientras la Judicatura de Godoy no elija a los nuevos jueces nacionales.

A pesar de estas polémicas, el 19 de septiembre de 2025, nueve meses después de lo previsto, el CPCCS designó a los nuevos cinco integrantes principales del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031.

Entre los elegidos resaltaron el ratificado Mario Godoy, el juez Fabián Fabara y el exdirector del SRI de Noboa, Damián Larco. Sorpresivamente, la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien encabezaba la terna del Presidente, quedó fuera.

Las sospechas de corrupción

Tres meses después de la posesión de la Judicatura, con la ratificación de Mario Godoy en la presidencia del organismo, las sospechas de corrupción volvieron a rondar alrededor de esta gestión.

El 17 de diciembre de 2025, una columna publicada en PRIMICIAS puso en evidencia amenazas y presiones en contra de Carlos Serrano, juez de la Unidad Anticorrupción, en relación con el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Un audio grabado por Serrano y que se hizo público reveló que las presiones salieron de Henry Gaibor, quien era el director de la Judicatura en Pichincha y uno de los hombres de confianza de Godoy. Este escándalo provocó la renuncia de Gaibor.

Pero la polémica no terminó ahí. Srdan había sido defendido por Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y exsocio de Godoy en la firma Invictus. Además, los registros societarios de esa firma revelaron que de ahí también salieron José Carlos García, quien reemplazó a Godoy en Petroecuador; y Jorge Carillo, otro asesor cercano de Godoy en la Judicatura, que se mantiene en funciones.

Este episodio revivió lo que ocurrió en diciembre de 2024, en el primer período de Godoy en la Judicatura. En esa ocasión, la jueza Nubia Vera reveló que Gaibor, Carrillo y Godoy la presionaron para fallar a favor del Gobierno en un litigio laboral contra la exvicepresidenta Verónica Abad.

Además, se puso en evidencia que antes de aterrizar en la Judicatura, la firma Invictus -con Vintimilla, García y Carrillo a la cabeza- había defendido a narcos de alto nivel como 'Fito' y 'Rasquiña'. Y a funcionarios corruptos como María Sol Larrea y Ruth Barreno.

Estas revelaciones generaron movimientos en la Asamblea, que convocó a Godoy al Pleno para que dé explicaciones en los primeros días de enero de 2026. Incluso, desde las bancada correísta y de ADN ya se habla de un posible juicio político que podría terminar en la destitución de Mario Godoy.

La 'novela' interminable en la Fiscalía

A la par de la polémica designación en la Judicatura, la Fiscalía vivía su propia trama y también con la sombra del Gobierno detrás. El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar renunció a la FGE (cuyo período constitucional terminó en abril de 2025) y, un día después, fue nombrada embajadora de Ecuador en Argentina por el presidente Noboa. 

Este nombramiento se dio a pesar de que el beneplácito se había concedido en enero de 2024. Salazar trabajó más de un año sabiendo que formaría parte del Gobierno de Noboa.

Wilson Toainga asumió como fiscal general subrogante. Cuatro meses después, Toainga consultó a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre quién debía asumir la titularidad del Ministerio Público en caso de su ausencia temporal o definitiva.

El 2 de octubre de 2025, el Procurador General, Juan Carlos Larrea, resolvió que correspondía a la recién posesionada Judicatura nombrar al nuevo Fiscal Subrogante. Al día siguiente, 3 de octubre, el nuevo CJ de Mario Godoy y de mayoría oficialista designó por unanimidad a Carlos Leonardo Alarcón Argudo.

La designación de Alarcón generó dudas sobre una posible cercanía con el presidente Noboa, dado que el nuevo Fiscal Subrogante estaba a cargo de acusaciones fiscales en tres casos sensibles que tocan, directa o indirectamente, al presidente:

• Caso Nene: Acusación contra el hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, con quien Noboa mantuvo una abierta guerra política.
• Caso Seguros-Petroecuador: Presunto tráfico de influencias que involucra a Federico Goldbaum, excuñado de Noboa.
•  Caso Triple A: Acusación de supuesta comercialización ilegal de combustibles, que involucra a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y con quien el Ejecutivo ha tenido disputas políticas.  

Esta cadena de subrogaciones continuó. El 21 de noviembre de 2025, Wilson Toainga renunció, lo que significó que Carlos Alarcón, nombrado por el nuevo Consejo de la Judicatura, asumió como Fiscal General encargado. 

Mientras tanto, al cierre del año, el CPCCS continuaba en fases preliminares del concurso para el nuevo Fiscal, proyectando su designación, en el mejor de los casos, para finales de mayo de 2026. Es decir, Alarcón seguirá encargado por varios meses más.

La sombra de Fausto Jarrín

En este escenario de inestabilidad y demoras en el Consejo de la Judicatura, 2025 significó el crecimiento de las dudas y cuestionamientos alrededor de la figura de Fausto Jarrín, exabogado penalista de Rafael Correa y exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC).

Desde mayo de 2025, su presencia en la posesión de Daniel Noboa y las versiones de figuras como Andrés Arauz, secretario Ejecutivo de la RC, lo señalaron como un asesor político y operador del Gobierno de Noboa en la justicia.

El alejamiento de Jarrín de la RC se hizo progresivo, aunque su presencia en la escena gobiernista se hizo más fuerte a partir de su supuesta cercanía con Michele Sensi-Contugi, quien reemplazó a Mónica Palencia en el Ministerio de Gobierno, coincidiendo con la ruptura definitiva entre la RC y el Ejecutivo en 2024. 

Finalmente, su rol como figura gubernamental se confirmó el 5 de noviembre de 2025, cuando apareció como parte de la delegación oficial del Gobierno en mesas de diálogo con el movimiento indígena. Zaida Rovira, ex ministra de Gobierno, confirmó que es asesor del Ejecutivo, aunque oficialmente no tiene cargo.

Esta confirmación de su rol llegó mientras se rastreaban sus conexiones con movimientos clave dentro de la Función Judicial, incluyendo su vínculo con Mario Godoy y Christian Troya, quien pasó de asesor de Jarrín a participar en el proceso que ratificó a Godoy en la Judicatura  

• Fausto Jarrín, abogado excorreísta, ahora es lobista privado y asesor del gobierno de Daniel Noboa

La supuesta influencia de Jarrín no se limitaría al ámbito político. Se le mencionó como presunto operador a favor del Gobierno en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En la Judicatura, en cambio, su nombre ha estado ligado a Mario Godoy.

Cuando Godoy fue elegido para su primer período en el CJ, en 2024, la terna inicial presentada por la Corte Nacional de Justicia para la presidencia incluyó a Hugo Landívar, directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), la organización política de Noboa. 

Tras el escándalo por el incumplimiento de requisitos de Landívar, fue reemplazado por Mario Godoy, quien finalmente fue designado y preside el CJ hasta la actualidad.

La cercanía de Godoy al Gobierno de Noboa se evidenció en su trayectoria: hasta el día de su inclusión en la terna, fue procurador Judicial de Petroecuador, entidad donde Sensi-Contugi era el delegado de Noboa. 

Además, fuentes consultadas por PRIMICIAS señalaron a Jarrín como amigo personal de Godoy y de su esposa, incluso asistiendo a su boda. Los lazos se hicieron más evidentes con el ingreso de Sandino Jarrín, hermano de Fausto, a la Judicatura de Godoy en noviembre de 2024, siendo ascendido en febrero de 2025.

La última pista fue Christian Troya, el comunicador que Godoy intentó contratar y terminó en la Comisión que lo ratificó en su puesto. Antes de esas experiencias, Troya fue asesor de Fausto Jarrín en la Asamblea.