Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe de la ley urgente de minería para primer debate

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó la noche del 12 de febrero el informe para primer debate de la ley económica urgente sobre minería y energía, conocido como Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. 

La votación se cerró con seis respaldos a favor y tres votos en contra. Con esta resolución, el documento pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis general.  

La ministra de Ambiente, Inés Manzano, y otros delegados del Gobierno habían expuesto ante la Comisión los ejes centrales de la reforma, los cuales se enfocan en los siguientes beneficios:  

1. Regalías para los GAD:

   • Por primera vez, el Estado viabiliza la entrega directa de regalías mineras a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El texto establece que estos recursos son exclusivos para inversión y prohíbe su uso en gasto corriente.  

2. Seguridad energética:

   • La normativa plantea la creación de distritos autónomos eléctricos. El objetivo es que los grandes clústeres productivos y mineros cuenten con su propia generación de energía y no dependan de la red pública nacional.  

3. Lucha contra la minería ilegal:

   •  El proyecto refuerza la creación de zonas de seguridad con sustento técnico para proteger los recursos naturales del Estado frente a actividades ilícitas.  

4. Simplificación administrativa:

   • La propuesta unifica criterios legales para reducir trámites en las fases de exploración. Además, armoniza las autorizaciones administrativas con el Código Orgánico del Ambiente para brindar mayor certeza jurídica a los inversores.  

 La reforma también busca corregir vacíos legales en materia de electricidad. La normativa amplía las causales para que el Estado delegue proyectos al sector privado en situaciones de emergencia, retrasos críticos o cuando exista una mayor conveniencia económica para el país. 

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Asimismo, habilita esquemas de autogeneración con cualquier tipo de tecnología bajo la supervisión del ente regulador.  

El Proyecto tiene la oposición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, que considera que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.