Qué implicaría que los proyectos mineros ya no requieran de una licencia ambiental sino solo de una autorización

El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó ante la Asamblea Nacional el 28 de enero un proyecto de reforma a la Ley de Minería que, entre otros cambios, plantea sustituir la "licencia ambiental" por una "autorización ambiental" para la ejecución de actividades mineras, conforme al régimen y fase del proyecto. 

Pero, ¿cuál es la finalidad de este cambio? 

El mismo proyecto de ley justifica la reforma al artículo 26 de la Ley de Minería en la "necesidad urgente de agilizar los procedimientos administrativos previos a la ejecución de actividades mineras". 

"La exigencia de instrumentos ambientales de alta complejidad para la etapa de exploración constituye un obstáculo desproporcionado, que genera demoras injustificadas, duplicidad de trámites y altos costos regulatorios", añade la propuesta. 

Además, señala que esos "cuellos de botella regulatorios" retrasan la inversión y postergan la generación de ingresos fiscales, en un contexto de "restricción presupuestaria y brecha fiscal del Estado". 

El exviceministro de minería, Henry Troya, considera que la reforma es "apropiada", si el objetivo es la simplificación de trámites en materia ambiental. "Una de las mayores criticas de la política minera es su carga tramitología. La licencia ambiental debería salir en un lapso de cuatro a seis meses, pero demora de uno a cuatro años", explica. 

• En medio de los récords de precios del oro y el cobre, Gobierno hace cambios clave para la minería en Ecuador

Control "poco o nulo" 

Troya añade que el modelo de gestión actual hace mucho énfasis en la revisión de documentos y estudios ambientales que deben presentar las empresas para obtener la licencia ambiental, pero una vez que la obtienen, el control posterior "es poco o nulo". 

"Sustituir la licencia y cambiar este dogma es plausible", asegura Troya. No obstante aclara que el cambio en la ley sería solo una parte del cambio, tomando en cuenta que actualmente tampoco se cumplen los tiempos que establece la ley para otorgar las licencias ambientales. 

¿Un cambio de forma o de fondo?

Sobre la diferencia entre "licencia ambiental" y "autorización ambiental", el exviceministro dice que esto no queda claro en el proyecto y deberá explicarse en una legislación secundaria, de aprobarse la reforma legal. "A simple vista parece un cambio de nombre, pero al parecer se busca simplificar el proceso de licenciamiento para que el funcionario público tenga que hacer menos trabajo". 

Actualmente, cuando las actividades de exploración son muy poco invasivas, por ejemplo, recorridos de campo con tomas de muestras superficiales, no se requiere de una licencia ambiental, solo se necesita de un 'registro ambiental'. Tampoco se exige para sondeos o perforaciones de prueba.  

Pero, para una exploración avanzada, de mayor alteración al medio ambiente, el titular sí debe obtener una licencia ambiental, de acuerdo con el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. De igual manera, para la fase de explotación. 

Troya considera que, según el cambio propuesto, toda lo referente a licencia ambiental pasaría a ser un permiso o autorización. 

Sin embargo, Andrés Ycaza, vicepresidente del Directorio de la Cámara de Minería y abogado minero, es partidario de que la reforma propuesta solo es un cambio de términos, que abarcaría en un solo nombre a los registros ambientales, que se exige para la exploración inicial, y a las licencias ambientales. 

Y considera que la licencia ambiental seguirá exigiéndose para las siguientes fases, como hasta ahora. "La licencia ambiental es un tipo de permiso ambiental, el problema es que el artículo 26 solo hacía referencia a la licencia", señala. 

Primeros cuestionamientos 

Líderes ambientalistas, como el excandidato presidencial Yaku Pérez, ya se han pronunciado sobre la propuesta legal que busca sustituir la licencia ambiental por una autorización, al catalogarla como un  privilegio para las empresas mineras. 

"Más canonjías para la transnacionales, no es suficiente el subsidio a la electricidad, exoneración de algunos impuestos a favor de las mineras. Ahora autorizaciones express. Se avecina conflictividad social", escribió Pérez en un mensaje publicado en la red social X. 

Unificación de la etapa explorativa 

El proyecto de ley también plantea simplificar la etapa de exploración, para la que se otorgaría un plazo total de 15 años, con lo que se aumentarían tres años a esta etapa. 

Aunque se mantendrían las subfases de exploración inicial, avanzada y evaluación económica, el titular minero ya no requeriría de una autorización previa para cambiar de una a otra.  

"La transición entre subfases se producirá por el transcurso del tiempo y el cumplimiento del plazo establecido para cada una, sin necesidad de autorización previa, debiendo cumplirse, durante esta fase de exploración, los parámetros técnicos y ambientales aplicables, conforme a la normativa vigente", explica el proyecto.

Para la exploración inicial se concedería una duración de hasta cuatro años. Mientras tanto, la exploración avanzada y evaluación económica tendrían una duración conjunta de hasta once años. 

• Cangrejos, el proyecto minero de oro más grande en Ecuador, ya pasó de manos canadienses a chinas

El exviceministro de Minas, Henry Troya, y el representante de la Cámara de Minería, Andrés Ycaza, coinciden en que este cambio es favorable para el desarrollo del sector. 

"Actualmente, más allá de ser un parámetro técnico es un parámetro temporal, pero es engorroso pasar de una fase a otra", dice Troya. 

Ycaza añade que con esto se busca dar fluidez a la exploración, aunque insiste en que la reforma propuesta no elimina la exigencia de la licencia ambiental para cada fase.