Contrarreloj y en medio de las elecciones, la Justicia ecuatoriana debe renovarse en 2025

La primera designación que debe cumplirse, por orden cronológico, es la de los nuevos cinco vocales del Consejo de la Judicatura. La renovación debe darse el 29 de enero de 2025, ya que ese día se cumplen los seis años del período actual.

Según la Constitución, el CJ se conforma de cinco vocales, que son nominados por: la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la FGE y la Defensoría Pública. Cada entidad debe enviar una terna de candidatos y el CPCCS designar al mejor de cada una.

Las ternas fueron solicitadas el 16 de diciembre y debían llegar hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, luego de problemas internos para la aprobación de la terna, la CNJ solicitó más tiempo. El CPCCS no dio un nuevo plazo, sino que manifestó que será respetuoso de los mecanismos propios de cada entidad.

Andrés Fantoni, presidente del Consejo Participación Ciudadana, confirmo a PRIMICIAS que hasta las 13:00 del viernes 3 de enero de 2025, el organismo había recibido las ternas de la Defensoría Pública, de la Fiscalía y de la Asamblea Nacional. Todavía faltaban las de la Corte y de la Presidencia.

Por lo que todo apunta a que no se llegará al 29 de enero de 2025 para realizar el cambio. Esto, tomando en cuenta, que en el proceso de 2019 la designación, una vez recibidas las ternas, demoró 95 días. Mientras que en 2013 tardó 64 días.

Ante este escenario, lo más probable es que los actuales vocales de la Judicatura se prorroguen en funciones hasta que sus reemplazantes sean nombrados.

Luego vendrá la designación del nuevo Fiscal General del Estado. Diana Salazar, actual titular de ese puesto, deberá estar en funciones hasta el 8 de abril de 2025, cuando cumplirá con su período de seis años.

En este caso la designación se hace a través de un concurso de méritos y oposición con convocatoria abierta a abogados que cumplan varios requisitos que constan en un reglamento que ya fue aprobado por el CPCCS, el 30 de octubre de 2024.

Sin embargo, la convocatoria todavía no ha sido lanzada, ya que faltan algunos pasos previos como la conformación de la veeduría ciudadana y de la comisión técnica de selección.

Para la veeduría, 542 de 561 interesados fueron aceptados por el CPCCS para ser parte de ese proceso. La primera semana laborable de 2025 recibirán la inducción y empezarán la planificación de su trabajo. 

Luego de que esa instancia esté conformada, recién se empezará a buscar a los comisionados. Finalmente, la comisión será la encargada de lanzar la convocatoria y empezar el proceso de selección del nuevo Fiscal General.

A falta de 94 días y sin todavía lanzarse la convocatoria oficial del concurso, es prácticamente un hecho que el concurso no terminará a tiempo. En 2011, Galo Chiriboga fue nombrado en 177 días desde la convocatoria. En 2011, Carlos Baca Mancheno, en 98 días. Y en 2019, Salazar, en 125 días.

En este caso, al igual que en el de la Judicatura, una prórroga de Diana Salazar podría ser viable. Sin embargo, esto no es un hecho. Desde el 2 de diciembre de 2024 hasta el 2 de marzo de 2025, la fiscal Salazar goza de su período de maternidad, tras el nacimiento de su segunda hija.

Después de este tiempo, la funcionaria decidirá si se prorrogará en funciones o si deja el cargo el 8 de abril. En el segundo caso, Wilson Toainga asumiría como Fiscal General subrogante.

Además, las designaciones pendientes en la Función Judicial se completa con la Corte Nacional de Justicia, que no ha logrado conformarse al 100% desde 2019. La designación de jueces nacionales está a cargo del Consejo de la Judicatura.

En noviembre de 2024, el CJ anuló el concurso para elegir a 10 jueces y a 15 conjueces nacionales. Este fue el segundo intento fallido de completar la Corte, en menos de un año.

Tras esa decisión, el organismo judicial anunció que se tomará 90 días para armar el nuevo reglamento y lanzar un tercer concurso. Ese plazo concluirá en febrero de 2025. En teoría, para esa fecha ya habrá una nueva Judicatura.

Entonces, resta por ver si las nuevas autoridades continuarán con el proceso, con los avances reglamentarios que haga la Judicatura de Mario Godoy. O si, al igual que sus antecesores, anularán todo y empezarán de cero otra vez.