Estos han sido los reclamos que se han mantenido en la agenda de los indígenas desde 2019, en Ecuador

Como es tradición en Ecuador, los subsidios a los combustibles han sido la principal línea roja para los gobiernos. Y, cuando la han cruzado, la reacción social en las calles ha sido enérgica. En 2019 y 2022 eso obligó a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a echar la medida para atrás. Pero ahora, Daniel Noboa afirma que no retrocederá, mientras las manifestaciones llevan un mes, especialmente en Imbabura.

Y, como es usual, las movilizaciones de las organizaciones sociales, lideradas por el movimiento indígena, utilizan estos momentos de manifestación para sacar a flote sus demandas históricas, así como para poner en escena los problemas del país.

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En los dos paros anteriores, la única salida que encontraron los mandatarios ante la resistencia social en las calles fueron las "mesas de diálogo". Se ofrecieron acuerdos y se firmaron prometedores documentos. Pero, al final, el movimiento indígena denunció incumplimientos.

Es por eso que, en esta ocasión, la intención de los dirigentes de Imbabura de iniciar una vez más 'mesas técnicas' con el gobierno de Noboa no fue bien recibida entre las bases. El recuerdo de sentirse engañados todavía perdura en las comunidades.

¿Cuáles son las demandas actuales?

El 18 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió convocar a un paro nacional indefinido, evocando el recuerdo de las intensas paralizaciones de 2019 y 2022. Sin embargo, el llamado no tuvo la misma respuesta.

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El Gobierno se adelantó y llegó con los beneficios temporales prometidos a cambio del subsidio, más las presiones estatales y la arrastrada división dirigencial dentro del movimiento indígena terminaron por mermar la convocatoria de paro indígena en la Sierra Centro

Sin embargo, la Conaie anunció que las movilizaciones se debían al rechazo tres temas:

• El Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel.
• El "paquetazo neoliberal", la crisis en salud y educación y el abandono estatal.
• El modelo extractivista.

Dos días después, el 20 de septiembre, se sumaron otras exigencias: respeto a la consulta previa; seguridad ciudadana real; revocatoria de licencias mineras en Quimsacocha, Las Naves, Palo Quemado "y más"; cumplimiento de las sentencias sobre el Yasuní ITT y los pueblos Tagaeri-Taromenane, alto a la represión y persecución. 

El movimiento indígena también agregó la aspiración de que el Mandatario reduzca el IVA nuevamente del 15% al 12%, que subió con el argumento de enfrentar la crisis de violencia. Al igual que las críticas a las intenciones de Carondelet de esquivar a la Corte Constitucional (CC) para llamar a una Asamblea Constituyente y su campaña en contra de los magistrados.

El paro es una respuesta colectiva al autoritarismo, los abusos del poder, la crisis económica y el atropello a la dignidad del pueblo ecuatoriano.

Comunicado de la Conaie

Para el 26 de septiembre, la Conaie resumía sus demandas en: el decreto 126; la libertad para los manifestantes detenidos; fin de la represión y criminalización; salud, educación y trabajo digno; territorios libres de extractivismo y "NO a la consulta" impulsada por el presidente Noboa.

Sin embargo, el paro no llega a ser nacional y se ha concentrado en Imbabura, con focos esporádicos en el norte de Pichincha y Quito. Las manifestaciones en otras provincias son ocasionales y puntuales.

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Es por eso que el Ejecutivo intentó, pese a su negativa a negociar, llegar a un acuerdo con las comunidades de Imbabura. Y, después de una reunión el 15 de octubre, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno iba a "trabajar inmediatamente en abastecer la provincia" y que desde el 20 de octubre iban a llevarse a cabo unas mesas técnicas territoriales.

Esto no sucedió. Ambos bandos se acusan de no haber cumplido su parte, las vías de la provincia permanecen bloqueadas y el despliegue de las fuerzas del orden incrementa por miles, a la espera de una decisión de Carondelet. 

Además, en la última asamblea de la filial amazónica (Confeniae), la agrupación anunció cinco puntos para continuar con las manifestaciones y Marlon Vargas, presidente de la Conaie, agregó que el salario básico debería subir a USD 650.

Las demandas previas

En 2022, varias organizaciones sociales que plegaron al paro del movimiento indígena, liderado por la Conaie, exigían una decena de demandas puntuales:

• Reducción del precio de los combustibles y fijación de nuevas tarifas: el galón de Diésel a USD 1,50 y el galón de Extra y Ecopaís a USD 2,10. Además, entrar a un proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio.
• Moratoria y renegociación de deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero.
• Fijación de precios justos para los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abono, papas, choclo, tomate y más.
• Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar la economía popular. Además de pagar la deuda al IESS.
• Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, y una auditoría para la reparación integral por impactos socioambientales.
• Respeto a los 21 derechos colectivos.
• Alto a la privatización de los sectores estratégicos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, CNT, IESS, carreteras, etc.
• Políticas de control de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
• Asignación de un presupuesto urgente para frenar el desabastecimiento de los hospitales. Garantizar la mejora de la infraestructura educativa.
• Seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia y delincuencia.

Sin embargo, después de que arrancaron las mesas de diálogo con el Ejecutivo, las partes llegaron a 218 acuerdos y 79 divergencias en las 10 mesas de trabajo. En ese esfuerzo hubo incluso demandas polémicas y otras inusuales.

Y, al final, una vez que se cerró el proceso, empezaron nuevamente los roces y el seguimiento para que el Gobierno de Lasso ejecute con los acuerdos, se fue diluyendo con el tiempo, las quejas y el incumplimiento. Además, para inicios de 2023 empezó la crisis política que derivó en la muerte cruzada, las elecciones anticipadas y la salida del entonces Mandatario.

Muchas de esas demandas ya habían estado en las negociaciones de 2019 con el gobierno previo, de Moreno. Sin embargo, en ese entonces, aunque el Ejecutivo afirmaba haber establecido 72 mesas de diálogo, no hubo avances significativos, más allá de la derogatoria del decreto sobre los combustibles que activó las movilizaciones. Y menos de cinco meses después del paro inició el confinamiento por la llegada de la pandemia de Covid-19, que desvió la atención ciudadana y gubernamental a otros problemas.