Movimiento Revolución Ciudadana es suspendido nueve meses por juez del TCE
"La intención es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales", reacciona el movimiento Revolución Ciudadana ante decisión del juez del TCE, Joaquín Viteri.

Luisa González (centro), expresidenta de la Revolución Ciudadana, junto a legisladores del movimiento en una rueda de prensa en Quito el 30 de septiembre de 2025.
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El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía y este 6 de marzo de 2026 dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana (Lista 5) en el registro de organizaciones políticas.
Según el auto emitido por Viteri, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá hacer efectiva la suspensión en un plazo de tres días tras ser notificado. La medida es temporal y podrá ser revisada o levantada si la Fiscalía retira el pedido, si la investigación concluye o si el caso es archivado, precisa.
El proceso se origina a partir de un pedido del fiscal General del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, quien informó sobre una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en la que se presume una vinculación directa de la organización política y sus directivos. El caso se denomina "Caja Chica".
Primeras reacciones
En un comunicado, el movimiento Revolución Ciudadana sostuvo que "Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su democracia", a menos de un año de las elecciones seccionales para alcaldes, prefectos y otras dignidades.
"La intención es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas", sostuvo.
La organización política anunció que interpondrá "todas las acciones legales y democráticas necesarias" para defender sus derechos.
La dirigencia de la RC analiza apelar esta resolución, mientras el expresidente Rafael Correa, líder de la organización política, arremetió en contra del juez Viteri y del fiscal Alarcón. "No nos han notificado, no hemos tenido derecho a la defensa, NADA (...). Enfrentamos una verdadera dictadura", escribió Correa en su cuenta de X (antes Twitter).

La acción se da cinco semanas después de que la Fiscalía y Policía allanaran la casa de Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, en el caso denominado ‘Caja Chica’.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha y otra de las figuras de la RC, sostuvo que la decisión del TCE "sienta un precedente nefasto para el país" y apuntó que "las instituciones deben garantizar derechos, no convertirse en herramientas para manipular la participación política y el debate democrático".

En este sentido también se pronunció Pabel Muñoz (RC), alcalde de Quito, y anotó: "Saben que jugando limpio no nos ganan y por eso buscan sacarnos de la cancha antes de que empiece el partido.
Gabriela Rivadeneira, nueva presidenta de la RC, en una entrevista con PRIMICIAS, el 23 de febrero, consideró que estas acciones pretenden quitarlos del casillero electoral. El 28 de febrero la sede del movimiento en Quito fue allanada en busca de documentos.
El expresidente Rafael Correa, los excandidatos Andrés Arauz y Luisa González, el exasambleísta Patricio Chávez y la abogada Bibian Hernández figuran entre los ocho investigados por la Fiscalía en el caso Caja Chica. Supuestamente lavaron dinero ilegal proveniente de Venezuela durante la campaña de 2023.
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