Luego de 12 años de la eliminación del MPD, el caso Unidad Popular vuelve a golpear a la izquierda de Ecuador

Uno de los pocos movimientos políticos de izquierda que todavía persiste en Ecuador, Unidad Popular, fue eliminado del registro de organizaciones políticas el 26 de abril de 2026. Esta decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) recuerda a lo ocurrido con el extinto Movimiento Popular Democrático (MDP), en 2014.

Las raíces de esta organización política se remontan a 1978. Ese año fue fundado el MPD durante su primera asamblea, en el Sindicato Único de Choferes de Pichincha. Sus consignas fundacionales eran la defensa de los derechos de trabajadores, maestros y estudiantes.

Su líder histórico es Jaime Hurtado, quien al año siguiente de la fundación del partido fue electo como el primer diputado afrodescendiente de la historia nacional. Hurtado fue asesinado en 1999 a pocos metros del Congreso, por un equipo de sicarios. El crimen se atribuyó a la paramilicia colombiana.

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) reportó que desde 1979 hasta 2005, el MPD contó con 29 diputados, un prefecto provincial, 33 consejeros provinciales, 21 alcaldes y presidentes de Concejo, 285 concejales y 313 miembros de juntas parroquiales.

En 2006, el MPD apoyó la primera candidatura presidencial de Rafael Correa. Sin embargo, tres años después, rompió totalmente relaciones y se convirtió en oposición de ese Régimen, que estuvo en el poder durante 10 años. 

Así, en 2012, el Partido conformó junto a Pachakutik lo que se conoció como la Alianza de Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Alberto Acosta, también excorreísta, fue elegido como candidato presidencial, y Marcia Caicedo como su binomio. En las elecciones generales de 2013, el MPD alcanzó apenas el 2,44% de los votos y en las elecciones seccionales de 2014, el 3,03%.

Con base en esos resultados, el CNE de la época -señalado por su cercanía con el gobierno de Correa- le quitó su personería jurídica. 

Tuvieron que pasar cuatro años para que su dirigencia se volviera a organizar y refundara el Partido. En 2015, volvió a la palestra política bajo el nombre de Unidad Popular (UP).

Ahora, 11 años después, la historia se repite, aunque en un momento de la historia distinto. Un nuevo CNE, esta vez criticado por los propios dirigentes de UP por una supuesta cercanía con la administración del presidente Daniel Noboa, ha vuelto a eliminar a la organización del registro nacional.

Esta vez el instrumento vuelve a ser el Código de la Democracia, pero no por malos resultados electorales. Sino por una falta de adherentes o partidarios.

• CNE defiende la legalidad de la eliminación a Unidad Popular y Construye

La polémica decisión en contra de UP

La mañana del domingo 26 de abril de 2026, el pleno del Consejo Nacional Electoral oficializó la resolución con la que dio de baja a los movimientos Unidad Popular y Construye, argumentando informes técnicos que recomendaban su eliminación por falta del mínimo de militantes registrados.

Un argumento parecido al que utilizó el CNE cuando en agosto del 2014 emitió una resolución para extinguir la vida jurídica del MPD, junto a otros partidos como el PRE, Prian y Ruptura (ahora Construye), alegando que no habían obtenido el 4% de los votos válidos en las elecciones de 2013 y 2014.

En 2014, al igual que hoy, afirma Karla Arellano, directora de UP Guayas, “el movimiento ha enfrentado a los gobiernos de turno que han estado contra la democracia; existen similitudes dictatoriales, podríamos decir, pero por más que quieran eliminarnos, no podrán, porque nos organizamos”.

“Yo era afiliada en 2014 (gobierno de Rafael Correa) cuando eliminaron al MPD, luego nos dieron la razón y nos devolvieron la legalidad, pero ya teníamos constituido Unidad Popular, y se resolvió una fusión de los movimientos con 206 mil afiliados, así nace”.

Karla Arellano, directora provincial de Unidad Popular en Guayas.

“Generalmente quienes están en el poder, y no representan a los trabajadores, saben que tienen en nosotros una organización política dispuesta a pelear por los intereses sociales. Interpusimos demandas contra la ley que pretendía despedir a miles de servidores públicos, demanda contra el decreto 059, hemos tenido victorias importantes”, menciona Arellano.

A lo largo de su historia, este movimiento de izquierda ha llevado a las calles sus protestas con banderas de su color característico, el rojo, y se han opuesto al trabajo por horas o a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, llamando al voto no en consultas como la convocada en este gobierno.

'Violando procedimientos'

La reciente decisión del CNE, de eliminar Unidad Popular, se produce en medio de críticas de ilegalidad. El presidente de este movimiento, Geovanni Atarihuana, calificó de ‘fraude’ y ‘vergüenza nacional’ la resolución del organismo electoral.

“Sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la Constitución, con solo dos votos”, dijo Atarihuana al anuncia demandas nacionales e internacionales para restituir la legalidad jurídica a su movimiento.

Los principales alegatos que presentará Unidad Popular en sus acciones legales contra la resolución del CNE se resumen en los siguientes:

• La eliminación no se ajusta a lo determinado por el Código de la Democracia, que señala que una organización política puede ser eliminada hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones, tiempo que terminó el 3 de abril.
• El 13 de abril del 2026, Unidad Popular asegura haber recibido un informe de la secretaría del CNE en el que señala que se han presentado 1.483 desafiliaciones de su movimiento, de las 206.000 registradas en este organismo.

"El informe técnico del CNE señala que teníamos 206.000 afiliados en el momento de la constitución y que ahora tenemos 31.000, pero nunca presentaron la cantidad de desafiliaciones que establece el Código de la Democracia".

Karla Arellano, directora provincial de Unidad Popular en Guayas.

La decisión del CNE se produjo con el voto dirimente de su presidenta Diana Atamaint pese a que antes de la sesión el movimiento Unidad Popular presentó recusaciones contra Atamaint y de José Merino, por lo que considera que no debieron participar en la sesión, y la recusación debió ser resuelta por un organismo superior.

“Se atreven a cancelar con dos votos, cuando habían dos abstenciones y no procedía el voto dirimente de la señora Atamaint, porque el voto dirimente es cuando existen dos votos a favor y dos en contra, es un atropello a la democracia”, protestó la dirigente.