La elección de 10 nuevos jueces de la Corte Nacional, en manos de un nuevo y polémico Consejo de la Judicatura
El nuevo Consejo de la Judicatura cumplió 12 días en funciones. Los vocales han tomado cuatro resoluciones y todas por unanimidad. La primera polémica fue la designación de Carlos Alarcón como fiscal General subrogante.

Mario Godoy (centro) preside la reunión del pleno del Consejo de la Judicatura. Quito, 7 de octubre de 2025
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Consejo de la Judicatura
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Wilson Toainga asumió la Fiscalía General del Estado (FGE) el 20 de mayo de 2025, tras la renuncia de Diana Salazar, quien fue nombrada por el presidente Daniel Noboa como embajadora en Argentina. Toainga debe estar en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre al nuevo titular.
Cuatro meses y nueve días después de asumir el cargo, Toainga consultó a la Procuraduría General del Estado (PGE) quién debía asumir la titularidad del Ministerio Público, en caso de que él se ausente temporal o definitivamente.
Cinco días antes de que Toainga hiciera esa consulta, la Asamblea Nacional había posesionado a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. A la cabeza del organismo repitió Mario Godoy, quien fue postulado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ha sido señalado por una supuesta cercanía con el Gobierno de Daniel Noboa, para el que trabajó al inicio del período como procurador de Petroecuador.
La Judicatura se completa con Damián Larco, representante del Ejecutivo y postulado por el propio Noboa; Fabián Fabara, nominado por la Asamblea de mayoría oficialista; Magaly Ruíz, quien fue postulada por el fiscal Toainga. Y Alfredo Cuadros, representante de la Defensoría Pública.
Nueva 'aplanadora' en la Judicatura
Tras la consulta de Toainga y esa posesión, el 2 de octubre de 2025, Juan Carlos Larrea, procurador General, resolvió que le corresponde a la nueva Judicatura nombrar al nuevo Fiscal Subrogante, que eventualmente reemplazaría a Toainga.
Al día siguiente, la recién estrenada Judicatura se reunió y nombró a Carlos Alarcón como nuevo fiscal Subrogante. Los cinco vocales votaron a favor de esa designación que, nuevamente, genera dudas por una posible cercanía con el presidente.
Alarcón ganó notoriedad en el último año por tres casos en los que dirigió la acusación fiscal y en los que, sin ser parte procesal, el presidente Noboa tiene alguna relación:
- Caso Nene: La Fiscalía acusó a Sebastián Barreiro, hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, de tráfico de influencias. En su primer período, Noboa libró una guerra política con Abad, negándose incluso a encargarle el poder para hacer campaña para su reelección.
- Caso Seguros-Petroecuador: En este caso, Alarcón persigue un presunto delito de tráfico de influencias en la licitación de un seguro para Petroecuador. Uno de los involucrados es Federico Goldbaum, excuñado de Noboa. El Mandatario ha tenido disputas legales con su exesposa.
- Caso Triple A: Finalmente, Alarcón también está a cargo del caso por supuesta comercialización ilegal de combustibles en el que uno de los procesados es Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y con quien Noboa y varios de sus ministros han tenido públicas disputas políticas.
Desde julio de 2024, cuando se posesionó por primera vez en la Judicatura, PRIMICIAS ha solicitado una entrevista con Mario Godoy, pero no ha accedido. En un diálogo con Radio Armónica, el funcionario dijo que la elección de Alarcón responde a que era "el mejor perfil" de la lista de elegibles entregada por la Fiscalía.
La designación de Alarcón es una de las cuatro resoluciones que la nueva Judicatura ha tomado en sus primeros 12 días de gestión. Además, los vocales aceptaron la renuncia de Fabián Fabara como juez de la Corte de Pichincha para viabilizar su posesión en el mismo organismo
También resolvieron una prórroga de los nombramientos de jueces de Portoviejo y aprobaron la Proforma Presupuestaria 2026 del Consejo de la Judicatura. Todas esas decisiones se aprobaron por unanimidad.
Las prioridades del nuevo Consejo de la Judicatura
Aunque está en la presidencia del Consejo de la Judicatura desde julio de 2024, Mario Godoy no ha logrado concretar algunos pendientes que el organismo acumula desde hace varios años.
Esto, en parte, porque en su primera administración el organismo terminó operando solo con tres vocales y Godoy no consiguió apuntalar una mayoría, ya que Solanda Goyes se opuso en varias de sus iniciativas.
Ahora, con una mayoría que se perfila como fuerte, Godoy tendrá que trabajar en varios temas clave para la Función Judicial, pero que una posible influencia política amenaza aún más a una ya debilitada justicia.

1. Jueces nacionales
El primer gran pendiente para el CJ es el nombramiento de 10 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, lo que incluso ha imposibilitado elegir al nuevo titular de ese organismo. El último intento de concurso fue declarado nulo el 21 de noviembre de 2024 con votos de Godoy, Goyes y el exvocal Merck Benavides.
En la resolución de la nulidad, el Pleno del CJ dio un plazo de 90 días para aprobar el nuevo reglamento para este concurso. Ese plazo se cerró en febrero de 2025 y no hay concurso.
2. Jueces especializados en derechos constitucional
Además, el 21 de abril de 2024, en consulta popular, los ecuatorianos decidieron la creación de nuevas unidades judiciales especializadas en derecho constitucional. La Judicatura tenía un plazo de un año para implementarlas, incluyendo la selección de los nuevos magistrados.
El 30 de abril de 2025, y luego de cuatro intentos fallidos que son el origen para el juicio de Goyes, la Judicatura aprobó por unanimidad el reglamento para ese concurso, aunque ya el plazo se ha sobrepasado más de cinco meses y los nuevos jueces no han sido nombrados.
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