Con la nueva reforma, apenas cuatro partidos políticos habrían sobrevivido a las últimas elecciones

Uno de los mayores problemas del sistema de partidos en Ecuador es la constante multiplicación de agrupaciones políticas de todos los niveles. Solo en las últimas elecciones generales hubo 78 organizaciones habilitadas para participar y en las seccionales de 2023 fueron 264.

El expresidente Guillermo Lasso intentó solucionarlo con su referendo, planteando una auditoria periódica a los adherentes de los cientos de movimientos políticos, pero fracasó. Ahora, Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) se unieron para subir los requisitos legales para que todas las agrupaciones políticas permanezcan con vida.

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Con 125 votos, esas bancadas en la Asamblea aprobaron el informe de segundo debate de reformas al Código de la Democracia. El documento ahora reposa en manos del presidente Daniel Noboa, que podrá vetarlo parcial o totalmente o enviarlo al Registro Oficial para que entre en vigencia.

El proyecto, entre otras cosas, lo que hace es modificar el artículo 327, que se refiere a la cancelación de las organizaciones políticas por siete causales. Pero se enfoca solo en los resultados electorales y ya no hace distinción entre las votaciones seccionales o generales.

El Código de la Democracia, como ha permanecido vigente desde abril de 2009, mantiene abierta una ventana de 'redención' para que los partidos o movimientos nacionales puedan recuperarse de un mal resultado en la siguiente elección. Eso es lo que la reforma pretende impedir.

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Por ejemplo, las últimas elecciones generales no presentaron la fragmentación usual, sino que los votantes dieron un respaldo contundente a dos fuerzas políticas, los mismos ADN y correísmo, que ahora se unieron para impulsar este cambio.

Ellos concentraron el 88% de los votos válidos. El único otro movimiento que consiguió superar el 5% mínimo que plantean las reformas es Pachakutik, con apenas el 5,25%. Mientras que una docena de binomios no alcanzaron ni el 1% de respaldos.

Esas mismas tres agrupaciones, más el Partido Social Cristiano (PSC), lograron superar el mínimo de legisladores. Es decir, de las 17 organizaciones nacionales que participaron en el último proceso, apenas cuatro lograrían sobrevivir directamente a las nuevas reglas, planteadas por la Asamblea. 

Por ejemplo, en el caso de las seccionales, si la reforma entra en vigencia, estas mismas organizaciones deberán obtener al menos 18 de las 221 alcaldías. Y esto solo lo ha conseguido recientemente, por sí solo, Pachakutik. 

La mayoría de las otras fuerzas políticas participan principalmente en alianzas, a veces de hasta seis, siete, ocho o incluso nueve listas, como pasó por ejemplo en Marcabelí, Baba y Vinces, en 2023.

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En esas mismas elecciones, la que seguía siendo la primera fuerza electoral del país, el correísmo, obtuvo apenas 17 alcaldías sólo y otras 33 en alianzas. El PSC apenas se quedó con cuatro, el PSP con tres, SUMA con cuatro, Creo con seis, la ID con cuatro y Centro Democrático con tres.

En total, en esa elección, 126 alcaldes fueron electos por alianzas. Es decir, el 57%. Y la división de ese capital político se mantiene igual en las reformas: "Para el cálculo de los porcentajes y dignidades alcanzadas por cada partido y movimiento que participaron en alianza se considerará lo establecido en el respectivo acuerdo".

Esta reforma llega en medio del desmoronamiento de los partidos y movimientos, sean tradicionales, nuevos o reencauchados. Las votaciones cada vez más paupérrimas dejan en evidencia que ni siquiera son capaces de conseguir un número de votos similar al de sus afiliados o simpatizantes inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Un sistema fallido y leyes laxas

Ecuador ha sido testigo de la decadencia del sistema partidista y, a la vez, de la reproducción excesiva y la fugacidad de nuevas agrupaciones, pero la clase política ahora se enfoca en los requisitos de votación y no en los de conformación de organizaciones políticas.

Los problemas son estructurales: los partidos personalistas; las candidaturas prestadas, sin militancia y que no responden a nadie; la ausencia de relevos, formación de nuevos cuadros y democracia interna; la multiplicación de agrupaciones; la regulación laxa o etérea sin aplicación.

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Por ejemplo, el CNE ocasionalmente ha intentado eliminar partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales que obtuvieron pésimos resultados. Pero el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha revertido varias de esas decisiones.

Además, en el caso de los partidos y movimientos nacionales sucede algo diferente, pues más allá de que se mantienen con vida a estructuras sin respaldo electoral, las agrupaciones que pierden vigencia vuelven a reinscribirse bajo diferentes colores y nombres. 

O en otros casos, por alguna coyuntura extraordinaria, recuperan su vida jurídica y tampoco dejan la arena electoral. Aquí se incluye a su vez el problema de las firmas falsas, que no ha podido ser erradicado desde la reinscripción de partidos después de la Constitución de 2008.

Sin embargo, la reforma planteada por Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana no topa ninguno de esos temas. Por lo que, aunque entraran en vigencia, en poco tiempo podrían volver a nacer decenas de otras organizaciones políticas, que tienen hasta alrededor de ocho meses antes de cada proceso electoral para inscribirse en el registro.