¿Menos tiempo de campaña, menos candidatos y menos votantes? Qué pasa con el cambio de fecha de las elecciones seccionales en Ecuador

Desde el cambio de Constitución, y después del periodo inicial de transición, se han llevado a cabo tres elecciones presidenciales y tres seccionales en febrero, sin importar la intensidad de los inviernos y sin que los pronósticos climáticos interfirieran.

La alarma por el fenómeno de El Niño ya se instaló en Ecuador en 2023: se esperaba que llegue entre noviembre y diciembre y que se intensifique hasta marzo. Por lo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó extensas previsiones para asegurar la respuesta estatal ya que se esperaban USD 4.000 millones en pérdidas.

En ese entonces la probabilidad técnica de ocurrencia fue del 100%, ahora es del 62%. Sin embargo, al final, la intensidad fue moderada y, en realidad, hubo una sequía intensa que afectó a la generación eléctrica del país. En ese febrero de 2024, el registro de la Secretaría de Riesgos ascendía a 2.875 personas afectadas. La cifra es baja en comparación con las casi 20.000 registradas entre enero y febrero de este 2026.

Pero ese lejano pronóstico no fue suficiente para que las autoridades electorales pasen del tradicional plan de contingencia (para los recintos electorales que durante los últimos 12 años han tenido riesgos de afectación por las frecuentes lluvias de febrero) a una abrupta reducción del calendario electoral.

Por ejemplo, para la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral reubicó 24 recintos electorales, que estaban afectados por las lluvias o habían sido usados como albergues. Lo mismo que ha sucedido en cada votación.

La reducción de todos los plazos para las etapas del calendario electoral pone presión sobre todos los actores del sistema; incluso, sobre las mismas autoridades electorales.

El mismo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha visto en el problema de resolver todos los recursos que llegan a sus oficinas durante un periodo electoral ordinario, mucho más aún durante uno que ha sido modificado para ser más corto.

Los jueces del TCE han tenido desacuerdos en varias ocasiones con el CNE, puesto a que la carga procesal y los plazos fijos legales imponen ritmos imposibles para el Tribunal y su capacidad operativa.

Ya pasó en las seccionales de 2019, la demora en la resolución de los recursos electorales hizo que no se tenga autoridades definidas para el 14 de mayo, fecha de posesión de las dignidades locales. Los problemas se reportaron principalmente en Los Ríos. 

Ni siquiera en momentos como la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el TCE y el mismo CNE estuvieron de acuerdo con que se modifique el calendario electoral establecido para 2021, justamente por la afectación que implicaría para todos los eslabones del proceso.

No existe un artículo en la Constitución ni en el Código de la Democracia que faculte al CNE a adelantar la fecha de las votaciones, una vez establecida. Aunque los consejeros del organismo sostienen que mientras cumplan el plazo de convocar a elecciones, con al menos 120 días de anticipación, no hay problema. 

Aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, insiste en que el tablero electoral está marcado de igual manera para todas las organizaciones políticas, no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Tampoco todas están en la misma situación legal.

Por ejemplo, pese a que las autoridades electorales lo nieguen, su decisión de acortar el calendario pone en serios aprietos a partidos y movimientos nacionales, que enfrentan procesos electorales administrativos y contenciosos; al igual que a movimientos locales.

El impedimento de la participación del movimiento Revolución Ciudadana era una certeza no confirmada con el calendario original. Entonces, quedaba una remota posibilidad de sortear sus impedimentos legales, para ejecutar sus procesos de democracia interna hasta el 14 de agosto, incluyendo la participación del alcalde Aquiles Alvarez. Ahora les quedaría como única opción su inmediata desafiliación hasta el 19 de mayo, para poder así terciar por otras listas.

Algo similar ocurre con Unidad Popular y Construye, que están en proceso de eliminación por parte del CNE. Los dos tenían cuatro meses por delante para allanar su camino a las papeletas. Ahora tienen uno.

A esa lista se suman los movimientos nacionales y locales que buscan ser calificados por el Consejo para inscribirse y participar. Ahora tienen hasta el 3 de mayo, lo que no solo depende de que completen o subsanen los requisitos, sino de que el CNE tenga la capacidad operativa para procesar los registros.

Algo particularmente difícil en todas las elecciones seccionales es que la ciudadanía conozca a los candidatos a todas las dignidades que debe escoger. No sucede. La mayoría de votantes no reconocen los nombres en las papeletas, menos aún sus perfiles y propuestas de trabajo.

Esa es una realidad incluso cuando el CNE otorga largos periodos de campaña, permitidos por el Código de la Democracia, con un máximo de 45 días. Ahora, los candidatos pasaron de tener 30 días a apenas dos semanas para poder darse a conocer y convencer al electorado.

Esto solamente influirá en la cantidad de campaña anticipada (sancionada por la Ley) y el abuso de la pauta en redes, un agujero negro que el CNE no logra controlar.

Al mover el calendario electoral, también habrá un impacto directo en la población que podrá participar. Por ejemplo, ya no podrán votar aquellas personas que cumplan 16 años entre el 30 de noviembre y el 14 de febrero.

Tampoco podrán hacerlo aquellas que preveían concretar un cambio de domicilio electoral hasta mediados de mayo, porque esa posibilidad se reduce hasta mediados de abril.

La polémica decisión del CNE también genera un escenario de inseguridad jurídica, como lo han manifestado varias organizaciones políticas. Ya que la planificación de su participación en las elecciones seccionales se hizo con la meta de llegar a febrero de 2027.

Sin embargo, los consejeros aprobaron una reducción de 77 días que afecta todas las etapas del proceso. Esto pese a que, como lo establece la Constitución, la posesión de las autoridades tendrá que esperar de todas formas hasta el 14 de mayo de 2027.

Además, no hay certezas de cómo esto afectará el trámite de las apelaciones y medidas interpuestas ante el TCE. Sin contar que el Tribunal podría echar abajo la decisión del CNE o que la Corte Constitucional podría pronunciarse frente a una eventual demanda de inconstitucionalidad o pedido de medidas cautelares. Aunque la presidenta Atamaint advirtió que los magistrados no podrían interferir en sus decisiones.