Paro en Ecuador | Las organizaciones de los pueblos indígenas de Quito se suman al paro y anuncian una marcha

La Coordinadora de Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Quito (COIQ) anunció que entra a las jornadas del Paro Nacional 2025. Según su presidente, Marcelo Atupaña, se prevé una movilización que partirá desde La Villaflora, en el sur de Quito, y avanzará hasta el parque El Arbolito el 12 de octubre. Atupaña aseguró que la marcha será pacífica, pero que forma parte de las acciones de la Conaie en su llamado paro nacional.

El pronunciamiento se realizó en la casa barrial de Solanda, donde se reunieron dirigentes y representantes de colectivos, comerciantes, trabajadores y organizaciones sociales de la capital. 

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) denunció que grupos de indígenas intentaron ingresar a las fincas de flores de Cotacachi a la fuerza. El gremio aseguró que no se trató de supuestos infiltrados, sino de indígenas articulados con la Conaie.

"Este paro no es una lucha social, como intentan hacerlo creer", expresó la entidad en un comunicado. "Al igual que en 2019 y 2022, es un acto de violencia que busca intimidar y extorsionar, promovido directamente por comuneros e impulsado por la dirigencia de la Conaie".

El 26 de septiembre, Expoflores denunció que trabajadores de las fincas de Imbabura furon agredidos y obligados por los manifestantes a abandonar sus labores para unirse al paro. Además, robaron los teléfonos celulares del personal para no dejar evidencia.

En Chunchi, provincia de Chimborazo, se realizó una movilización que acompañó al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien junto a dirigentes nacionales y provinciales se reunió con las bases movilizadas del sector.

Vargas anunció que la Conaie insiste en que sus demandas sean atendidas para levantar la movilización: Derogatoria del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, reducción del IVA al 12 % y más inversión pública en salud y educación.

Maria-Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, informó que por fin los camiones "secuestrados" desde el 29 de septiembre en el contexto del paro indígena en Cañar pudieron circular. "Más de 200 personas pudieron regresar a casa tras una semana de incertidumbre y miedo. ¡Inaudito que los trabajadores honestos sufran una experiencia así en su propio país!", expresó la dirigente gremial.

Por su lado, las Fuerzas Armadas informaron que se ejecutaron operaciones militares en las provincias de Cañar y Azuay, con el objetivo de garantizar la libre movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas de la población civil.

"Gracias al diálogo sostenido entre el personal militar, los párrocos de la zona y los comuneros, se logró abrir las vías que permanecían obstaculizadas, restableciendo el tránsito vehicular en beneficio de toda la ciudadanía", expresó la entidad en sus redes sociales.

Lilian Gualavisí, vicepresidenta de la Ecuarunari, organización que forma parte de la Conaie, expresó que las comunidades "autoconvocadas" se mantienen en resistencia. La dirigente rechazó al Gobierno Nacional, al que calificó de “neoliberal y de derecha”, y reiteró que la legitimidad de la movilización indígena.

En un discurso en la comunidad de Nizag, perteneciente al cantón Alausí, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, expresó: "Si hay que ir a radicalizar, ¡vamos a radicalizar el paro nacional! Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, ¡vamos a tomarnos!, y vamos a decir Quito, Luz de América".

Los pueblos Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte, agremiados en la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI), anunciaron que se mantienen en paro y resistencia. “No habrá diálogo sin justicia, no habrá paz sin respeto a nuestros derechos”, escribieron en un comunicado.

Los cuatro pueblos emitieron su comunicado la mañana de este 4 de octubre de 2025, cuando se cumplen 13 días del paro nacional convocado por la Conaie, tras la promulgación del Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel. Según ellos, la eliminación de este subsidio atenta contra sus derechos colectivos, economía y “la vida digna” de sus familias.

Adelantaron que sus territorios permanecerán movilizados y que no habrá diálogo hasta que encuentren justicia.