“Sorry la joda, pero es orden de A. A. y tengo al lado a R. Ch.” | Chats vincularían a Raúl Chávez con el caso Goleada, que investiga a Aquiles Alvarez

En chats periciados, testimonios e informes tributarios, la Fiscalía sustenta la vinculación del asambleísta del movimiento RETO, Raúl Chávez, en el caso Goleada, que investiga por delincuencia organizada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos; los tres detenidos.

• Las seis confesiones del cooperador eficaz en el caso Goleada, que llevaron a prisión al alcalde Aquiles Alvarez

Frente al juez Jairo García, el fiscal Dennis Villavicencio reveló que “existen chats en los que participó el procesado (Raúl Chávez) con otros integrantes de la organización delictiva”, los cuales confirmarían que “conocía la actividad de comercialización ilegal de combustibles”.

El asambleísta de RETO, a través de un video que no revela su ubicación pero que lo muestra abrigado en un paisaje montañoso, asegura que se trata de una persecución, que su vinculación con el caso Goleada se debe a una “razón absolutamente política” y que todos “saben lo que está pasando: lamentablemente hoy en el Ecuador hay una justicia absolutamente tomada”.

“No hay garantías de absolutamente nada, yo por supuesto que me voy a defender, lo he estado haciendo, sin show, sin nada, todo de manera técnica, de manera legal, pero tampoco le vamos a regalar la libertad a absolutamente nadie, no somos trofeos de ningún político”.

Raúl Chávez, asambleísta de RETO con orden de prisión

En calidad de 'comisionista'

El juez García ordenó la prisión preventiva de Raúl Chávez, quien -según la Fiscalía- integraba la organización “a través del entramado societario y con actuaciones planificadas para conseguir un beneficio material y económico”.

“En calidad de comisionista, el procesado se benefició mediante la emisión de facturas por servicios profesionales que nunca se prestaron. Así mismo, a través de la empresa CHN S.A. (de la cual es accionista mayoritario con el 99,5%), recibió dinero en sus cuentas bancarias sin que existiera una relación comercial real”.

Dennis Villavicencio, agente fiscal del caso Goleada

Villavicencio, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró que Chávez “fue beneficiario de un vehículo mediante una factura simulada, sin que exista rastro en la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) o el SRI (Servicio de Rentas Internas) de una transacción real”. Su participación, recalcó Fiscalía, “es en el grado de autor directo”.

“Estos indicios permiten inferir la presunta autoría del procesado en una estructura con jefatura criminal y capacidad de financiamiento”, resumió el Fiscal ante el juez García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Facturas para 'simular' pagos

El caso Goleada comenzó con múltiples allanamientos el 10 de febrero de 2026, que incluyeron las residencias de la familia del alcalde Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier, quienes -según Fiscalía- crearon una “red de empresas para vender diésel subsidiado a precio real, sin subsidio, generando un perjuicio de USD 100 millones al país”.

Desde el 11 de febrero, cinco de los once procesados en el caso Goleada fueron privados de libertad, medida que el pasado viernes 27 de marzo de 2026 también le fue dictada al asambleísta Raúl Chávez, por presunta delincuencia organizada, delito que contempla una pena de entre 22 y 26 años de cárcel y que, en este caso, estaría asociado a lavado de activos y a defraudación tributaria.

La teoría de la Fiscalía en el caso Goleada sostiene que empresas del Alcalde, como Ternape Petroleum S.A., compraban diésel subsidiado al Estado y lo vendían a precio de mercado, y, además, se comercializaba combustible a segmentos no autorizados. Por ejemplo, ha dicho el Fiscal, se vendía a navieras internacionales cuando el permiso correspondía a navieras nacionales o se vendía al sector industrial cuando se tenía permitido únicamente al sector automotriz.

“En palabras más sencillas: todos los ecuatorianos les vendimos diésel barato a las empresas de los señores Alvarez Henriques para que ellos se beneficiaran vendiéndolo al precio normal del mercado internacional”.

Dennis Villavicencio, agente fiscal del caso Goleada

Fiscalía imputa a Chávez

La participación del asambleísta Raúl Chávez, según la teoría de la Fiscalía, se fundamenta en los siguientes hechos:

• Raúl Chávez facturaba a Corpalubri S.A., empresa del grupo del Alcalde, por servicios profesionales, pero -según Fiscalía- los valores realmente correspondían a venta de combustible. El monto facturado llegaba a los USD 135.000.
• La empresa CHN S.A., de propiedad de Chávez, recibió, en marzo y octubre del 2023, dos vehículos que pertenecían a Ternape Petroleum S.A.: un Toyota Fortuner y un Ford F-150, ambos valorados en USD 40.000 cada uno. “Para simular el pago, Chávez emitió factura a Ternape, realizando un cruce contable ficticio”, señala Fiscalía.
• Transferencias de Corpalubri S.A. a la empresa de Chávez por más de USD 150.000. Para justificar esto, CHN S.A. facturó a Corpalubri USD 400.000, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, “bajo conceptos ficticios de planificación de gestión y estudios de variación de combustible”.

Chats vinculan a asambleísta de RETO

La Fiscalía ha asegurado que explotó las comunicaciones de un chat grupal llamado ‘Corpalubri Pascuales’, que estaba integrado por los hermanos Aquiles y Antonio Alvarez; Raúl Chávez, y otras seis personas, entre ellas el cooperador eficaz del caso Goleada, José C.

El 22 de noviembre de 2022 se registró una interacción constante -expuso la Fiscalía-, donde se reportan imágenes de hojas con la leyenda de Corpalubri, correspondientes a guías de remisión a varias empresas, lo cual vincularía a los participantes con comercialización de combustible.

El 20 de marzo del 2023, en el chat grupal consta una conversación entre el cooperador eficaz José y Fernando P., “amigo personal de ‘El Jefe’, quien se encarga de la parte legal del entramado societario, y elabora los contratos y escrituras de promesas de compraventa y gestiona en notarías los registros de los bienes de ‘El Jefe’”, dice la Fiscalía

En este chat, Fernando P. le comunica a José C. supuestas instrucciones directas de Aquiles Alvarez: “Te comento que los jóvenes F.C. y R.C. (Raúl Chávez) van a quedarse con el Jeep y el Fortuner. Cada uno nos va a realizar una factura y nosotros vamos a hacerle la carta de venta. Contablemente tienes que hacer un match de que se entienda pagado ese valor. Quieren saber qué deben poner en la factura... Sorry la joda, pero es orden de A. A. y lo tengo al lado a R. Ch.”.

Las verificaciones realizadas por la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, presentadas en un informe del 26 de marzo de 2026, confirmaron lo señalado en el chat:

• Los vehículos Toyota Fortuner constan a nombre de Raúl Chávez y el carro Ford-150 a nombre de su empresa CHN S.A. En el historial de dominio remitido por la Agencia Nacional de Tránsito figura como propietario inmediato anterior la empresa Ternape Petroleum S.A. 
• Un informe de la UAFE señala que “no se evidencia que Ternape haya sido beneficiaria de transferencias o cheques, es decir no existe una transacción económica de pago que sustente dicha transferencia de dominio”. En los estados financieros de CHN S.A. no está registrada contablemente la compra del vehículo.
• Un reporte tributario del SRI señala que Chávez figura como principal proveedor de Ternape, por USD 53.571; mientras que la empresa CHN S.A. tiene como principal cliente a Corpalubri S.A. (de propiedad de los hermanos Alvarez), con un monto de USD 54.536 en el año 2023 y con USD 300.069 en el 2024, totalizando USD 354.606.
• A la Fiscalía le “llama la atención que en el año 2023 sus ingresos declarados fueron exactamente USD 54.536, siendo su único cliente Corpalubri S.A. En ese mismo periodo, su mayor proveedor fue Ternape S.A. por USD 35.714, lo cual evidencia una simulación de servicios”.
• Un informe de la UAFE señala que la empresa CHN S.A. no registra pagos de Ternape en 2023. “Por el contrario, Raúl Chávez aparece como beneficiario de transferencias y pagos de chequees por USD 450.000, sin que conste en dicho año como proveedor de servicios o bienes ni relación de dependencia”.

Esta “simulación y facturación inorgánica”, argumenta la Fiscalía, constituye “un mecanismo de lavado de activos que busca justificar relaciones comerciales o servicios inexistentes mediante facturas falsas. Es decir, se utilizó a CHN S.A. para trasladar recursos de la estructura delincuencial a favor del señor Chávez”.

Los fundamentos de la teoría fiscal hicieron que el juez Jairo García dispusiera en la audiencia de vinculación la prisión preventiva para Chávez, quien el lunes 30 de marzo presentó un escrito interponiendo un recurso de apelación a la privación de la libertad.

“Dentro de la audiencia se inobservó el debido proceso y tutela judicial efectiva, ya que el vinculado goza de fuero de Corte Nacional de Justicia”, insistió Chávez, pese a que el Juez concluyó que no existe tal fuero, y por lo tanto no puede excusarse de procesarlo.

“Los hechos investigados no guardan relación con dicho cargo ni con sus funciones, por lo que no existiría fuero funcional al tratarse de presuntos actos cometidos de forma particular previos a su condición actual. El fuero comprende únicamente actos realizados en el desempeño de sus funciones”.

Jairo García, juez caso Goleada