"En sobre cerrado", así llegó el caso Goleada, que llevó a prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez

“De manera reservada y en sobre cerrado” llegó la denuncia con la que arrancó el caso Goleada, que el pasado 10 de febrero provocó el allanamiento y la detención de 11 personas, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

• ¿Quién sería el ‘cooperador eficaz’ de la Fiscalía en el caso ‘Goleada’ que llevó a prisión a Aquiles Alvarez?

Seis de los detenidos recibieron medidas cautelares, como la presentación periódica ante la Fiscalía, mientras que a los cinco restantes, entre ellos al alcalde y sus hermanos Xavier y Antonio, se les dictó prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía les formuló cargos y les investiga por operar un entramado societario que habría funcionado desde 2021 con el fin de lavado de activos y defraudación tributaria mediante la comercialización ilegal de combustible, delito que llevó a juicio al alcalde en el caso Triple A.

El caso Goleada, según detallan informes de la Fiscalía a los que accedió PRIMICIAS, comenzó con una denuncia que ingresó a su Dirección de Transparencia en la Gestión, un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2025, y que señalaba lo siguiente:

• “Señores Fiscalía General del Estado: Se tiene conocimiento que existiría un grupo de personas quienes estarían conformando y formando una estructura que vendrían operando aproximadamente desde el año 2021, y cometiendo varios tipos de delitos entre ellos delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo, entre otros, ocasionando un perjuicio grande e importante al estado ecuatoriano”. 
• “Prueba de aquello se podrá encontrar en la información almacenada en los dispositivos que detallo a continuación y que se procede a poner en su conocimiento de manera reservada y en sobre cerrado”.

Esta denuncia, según se conoció días después, la había entregado José Ricardo C. A., un economista de 34 años, que se habría presentado a la Fiscalía como ‘cooperador eficaz’ dentro del caso Goleada, aunque la justicia también lo vincula al caso Triple A.

José Ricardo C. figura como socio actual y también como fundador de la empresa Fuelcorp, creada en marzo de 2022 para la comercialización de combustible. Ambos, empresa y fundador, están procesados en el caso Triple A, pero no en el caso Goleada, en el que sí consta como procesado otro socio de Fuelcorp, César Emilio B. I., a quien se le dictó prisión preventiva.

Gastón Aparicio L. C., empleado del cooperador eficaz, también fue detenido y luego liberado con la condición de presentarse periódicamente ante la Fiscalía. En un escrito, dentro del expediente del caso Goleada, el empleado señaló que obedecía órdenes y cuestionó que su jefe no haya sido vinculado a la nueva investigación por delincuencia organizada.

“La base expuesta por la Fiscalía en la audiencia tiene como antecedente el formulario atribuido a mi exjefe, el señor José Ricardo C. A., quien entregó dispositivos electrónicos que sirvieron de sustento para la elaboración del parte informativo de la ULCO (Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado)”.

Gastón Aparicio L. C., exempleado del cooperador eficaz

Este empleado aseguró que “nunca se esclareció la calidad procesal de José Ricardo C. (cooperador eficaz), situación que reviste especial gravedad, por cuanto él fue mi jefe y era quien dirigía las actividades financieras de la organización empresarial que ahora pretende distorsionar como delictiva”.

Con la denuncia presentada por el cooperador y los dispositivos electrónicos que contenían chats de conversaciones del denunciante sometidos a peritajes, el fiscal Dennis Villavicencio pidió a un juez que ordene el allanamiento y la detención de los sospechosos, además de la incautación de “todas las evidencias físicas, documentales, teléfonos, tablets, flash memories”.

Un cheque por USD 50.000

Así, la madrugada del 10 de febrero de 2026 se ejecutaron los allanamientos:

• En la residencia del alcalde, los agentes policiales decomisaron tres teléfonos celulares, una Tablet plateada Apple, dos inhibidores de señal con su respectiva fuente de poder, un sobre manila con documentos titulados “Aquiles Alvarez, presidente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil”. También 408 billetes de USD 20 (USD 8.160) y 98 billetes de USD 10 (USD 980).
• En la casa del presidente de Barcelona, Antonio Alvarez, se halló una Tablet Appel, un Play Station 5, documentos entre los que consta un pagaré por USD 50.000, dos pasaportes de la Comunidad Andina y de la Unión Europea España, un cheque por USD 50.000 a nombre de una compañía, papeles relacionados con el equipo de fútbol. También 100 billetes de USD 20 (USD 2.000) y 6 billetes de USD 10.
• En la vivienda de David Alvarez Kronfle, en Samborondón, se decomisó un teléfono IPhone activo.
• En una casa en el Barrio Cuba se halló en un área destinada a dormitorio la cantidad de 132 billetes de USD 20.
• En otra residencia se halló 4.333 billetes de USD 20, 710 billetes de USD 100 y ottos 650 billetes de USD 50, que sumaron USD 126.260, además de teléfonos celulares.  

Alcalde y sus hermanos temen amenazas

El alcalde de Guayaquil y sus hermanos temen que se produzcan “amenazas o eventuales atentados” en la cárcel de Cotopaxi y en el centro de privación de libertad de Azuay, donde se encuentra recluidos por disposición judicial en el caso Goleada.

En un escrito al juez, los procesados Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez Henriques se quejaron contra el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), pues señalan que esta entidad no acogió la recomendación del juez al sugerir que el alcalde y sus hermanos cumplan la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito.

“Su recomendación no ha sido tomada en cuenta por el SNAI. La exposición mediática del caso Goleada, el impacto político que ha generado y la condición institucional de los procesados constituyen factores que aumentan la probabilidad de amenazas, presiones o eventuales atentados contra la integridad física y psicológica”.

Escrito de Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez Henriques

En su escrito, firmado por el abogado Ramiro García, pidieron que el juez disponga el traslado de los Álvarez Henriques, así como de Fernando Patricio P. V. y César Emilio B. I., otros dos procesados, a la cárcel 4.