Justicia aprueba beneficio "por seguridad" a cooperador eficaz de caso Goleada, que llevó a prisión a Aquiles Alvarez

Un beneficio judicial por "seguridad" pidió José Ricardo C. A., procesado en el caso Triple A y también cooperador eficaz del caso Goleada, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por delincuencia organizada ligada a lavado de activos y defraudación tributaria.

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Así lo reveló en su solicitud el cooperador eficaz, procesado con el que la Fiscalía completó los eslabones de la cadena de una estructura que ha definido como un “entramado empresarial meticulosamente aceitado”, que habría perjudicado al país con unos USD 100 millones.

En el escrito, José Ricardo C. A., un economista de 34 años, expuso su decisión de trasladar su residencia desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito, ante “la necesidad de garantizar su seguridad personal y la integridad física”, y señaló que ese cambio le impide cumplir con la orden judicial de presentación periódica ante la Fiscalía en Guayaquil.

El cooperador eficaz es uno de los 16 procesados en el caso Triple A, en el que se encuentra llamado a juicio Aquiles Alvarez. En una providencia del 12 de febrero de 2026, la justicia había dispuesto que las presentaciones sean cumplidas por José Ricardo C. A. en una oficina fiscal en Guayaquil. Como razones presentadas para solicitar su traslado a Quito mencionó las siguientes:

• La existencia de un contrato de arrendamiento que justifica su residencia en la ciudad de Quito. 
• La necesidad de garantizar la seguridad personal y la integridad física del defendido.
• La carga económica y operativa que implica realizar viajes constantes hacia la ciudad de Guayaquil únicamente para cumplir con el registro de firmas.

En las audiencias de juzgamiento del caso Triple A, que se han realizado los últimos fines de semana de marzo de 2026 y en las que el alcalde solicitó acudir presencialmente, el cooperador pidió al tribunal que se le otorgue el beneficio de presentarse ‘telemáticamente’.

“La presente solicitud se motiva en razones estrictas de seguridad personal, por cuanto han surgido hechos supervinientes que ponen en grave riesgo su vida; el desplazamiento hacia la sede judicial y la permanencia en las salas de audiencia, lugares de acceso público, representan un riesgo para su vida".

Verónica Culqui, abogada de José Ricardo C. A.

En su escrito, José Ricardo C. A. exhortó a los jueces a “dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los sujetos procesales” y al “uso de medios telemáticos que garanticen la inmediación, ya que permite al juzgador observar, escuchar y dar la palabra al procesado en tiempo real, sin exponerlo físicamente”.

“El procesado comparecerá desde una ubicación segura, así como su defensa técnica, garantizando el pleno ejercicio de su derecho a la defensa”, señaló la abogada del cooperador.

La respuesta de la Justicia

La solicitud fue aceptada por la Fiscalía y también por el tribunal de Garantías Penales Especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado el lunes 16 de marzo de 2026.

La aprobación del cambio de sede para el cumplimiento de la medida cautelar representaría para José Ricardo C. A. un segundo beneficio judicial obtenido luego de que el 26 de diciembre de 2025 se presentara ante la Fiscalía para ofrecerse como cooperador eficaz, lo que dio origen al caso Goleada, y entregara dispositivos con los registros de conversaciones de los procesados.

El primer beneficio -según expuso ante los jueces su exempleado y actual procesado en el caso Goleada, Gastón Aparicio L. C., quien denunció mediante escritos que al cooperador de la Fiscalía la justicia le habría concedido el levantamiento de la prohibición de salida del país, medida cautelar que pesaba en su contra.

“El señor José Ricardo C. A., a quien se le atribuye un rol directivo en el área financiera, no solo no registra impedimento migratorio alguno, pese a que le fueron impuestas las mismas medidas personales, sino que además no figura como procesado en la presente causa (Goleada), aun cuando ésta se origina a partir de dispositivos y la denuncia por él presentada”, dijo Gastón L.

El cooperador eficaz “no es sujeto procesal dentro de la presente causa (caso Goleada)”, certificó el juez Jairo García, quien tramita este caso, que se encuentra en etapa de instrucción fiscal y que también representó una orden de prisión para el alcalde de Guayaquil.

"Trato cruel e inhumano"

Mientras tanto, uno de los procesados por el caso Triple A pidió la intervención del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para “poner a su conocimiento las vulneraciones a los derechos constitucionales que se están dando en este caso”.

“Solicitamos de manera urgente el acompañamiento como veedores para la revisen las violaciones cometidas”, pidió la defensa de César Emilio B. I., procesado en el caso Triple A en un escrito dirigido a Billy Navarrete, representante del Comité.

No obstante, el juez ponente del caso Triple A, Jorge Sánchez, señaló en una providencia que “dicha entidad carece de facultades legales para actuar como veedora dentro de un proceso penal. No obstante, se deja a salvo su derecho de asistir a la audiencia en calidad de público”.

La defensa del procesado pidió que la CDH “revise el expediente judicial y analice las violaciones a los derechos humanos, en los que se destacan la imposibilidad de comunicación con César Emilio B. I., la violación a la confidencialidad cliente-abogado, el trato cruel e inhumano a un ciudadano con prisión preventiva en la cárcel del Encuentro en Santa Elena”.